La falta de relevo generacional, la elevada presión fiscal, el alza de los precios, la escasez de empleados cualificados en diferentes sectores y los costes laborales de contratación son algunos de los factores que están tras un repunte en la cantidad de cierres permanentes que sufren los bajos comerciales en Galicia. Un fenómeno que impacta con más fuerza en el caso de autónomos y microempresas y ha hecho aumentar el recuento de ceses de actividad en toda la Comunidad de 6.475 a 7.045 en doce meses. Así lo explica la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), a través de un comunicado en el que plantea un balance del panorama del mercado de propiedades entre el último mes de 2022 y el de 2023. En conversación con este medio, el presidente de la plataforma, Benito Iglesias, explica que el efecto más preocupante es el que se da en concellos pequeños y medianos. «Empezamos a llevar la cuenta [de los cierres de bajos comerciales] en la época de la pandemia. Entonces, ya veíamos que muchos locales con menos de cinco, siete años no aguantaban. Ahora, hay comercios que llevan abiertos veinticinco o treinta años y también están cerrando», explica. Las causas son variadas. Como se adelantaba, una primera razón surge cuando el abandono de un negocio familiar peligra porque su propietario se jubila y no hay nadie a quien entregar —o que esté dispuesto a asumir— las riendas. Eso, añade, sumado a otras como la aparición de grandes superficies de tiendas, que ponen en riesgo la viabilidad del comercio tradicional, más orientado hacia lo específico; y, en muchos casos, la tendencia actual a realizar cada vez más compras por internet, ante su incapacidad para dar el salto a lo tecnológico. En esa línea, Fegein considera «significativo» el hecho de que las calles más céntricas de las ciudades gallegas están «prácticamente tomadas por las grandes marcas y franquicias», para perjuicio del comercio local «de toda la vida», que «queda desplazado a las calles semicéntricas o periferia»; y esto, añaden, se debe a que los precios de arrendamiento de locales en los núcleos neurálgicos de las urbes son «inasumibles» para el pequeño comercio. De esta forma, la federación cifra los locales comerciales vacíos en Galicia en un total de 7.045 a cierre de 2023, que son 570 más que un año antes y representan un aumento del 8,8%; subida, afirma Fegein, «superior a los peores años de la crisis»; la subida, además, se ha dado en las cuatro provincias y las siete ciudades gallegas. En el primer caso, el reparto de bajos comerciales vacíos lo encabeza, en números, Orense, con 2.400 —100 más que un año antes—; seguida por La Coruña, con 2.250 —150 más que el anterior diciembre—; Pontevedra, con 1.925 —225 más—; y Lugo, con 470 —95 más—. Siguiendo el mismo orden, en cuanto a las urbes, el dato de Orense es de 1.525 —125 más que en 2022—; el de Vigo; de 1.170 —70 más—; seguidas por La Coruña, con 925 —105 más—; Santiago, con 400 —10 más—; Pontevedra, con 275 —35 más—; Ferrol, con 270 —10 más—; y Lugo, con 250 —25 más—. En la última década, añaden desde Fegein, la cantidad de locales en alquiler ha aumentado en un 35%. A renglón seguido, la plataforma informa de que los precios de arrendamiento «se estabilizan o disminuyen levemente en todas las áreas y ciudades» y se refiere a Vigo y La Coruña como las dos en las que por ahora «menos desciende el de alquiler». Noticias Relacionadas estandar No Repunta la okupación en Galicia: más de 1.500 viviendas afectadas Patricia Abet estandar No La construcción de nuevos edificios se ralentiza y aumentan las restauraciones Pablo Baamonde Reconversión en viviendas Ante este escenario, Fegein apoya «el cambio en la normativa de habitabilidad de Galicia» que se propone «facilitar y permitir, en determinados supuestos, que bajos comerciales abandonados o sin actividad en entornos urbanos puedan renunciar a su uso original para reconvertirse en viviendas», y asegura que «va a contribuir a paliar el grave problema de la falta de oferta de viviendas en alquiler». Además, considera que deben ser los concellos los encargados de «regular la transformación» de los locales a viviendas según la nueva norma. «Ahí es precisamente donde la normativa en vigor no está teniendo el efecto esperado», dice, porque está «sometida a plazos de concesión de licencias urbanísticas» con tiempos de espera que «superan los 12 meses», algo «totalmente inasumible e injustificable» a ojos de la federación. Por último, censura que haya «administraciones locales que obvian el cambio de normativa», lo que se convierte en un «obstáculo» para su «buen fin».
