El proyecto de ley expediente N.°24.127, presentado por la fracción del Frente Amplio (FA), propone prohibir el uso del plaguicida Fipronil en suelo costarricense, así como declarar la apicultura de interés público.
El Fripronil es considerado altamente tóxico para aves, peces e invertebrados acuáticos, y muy altamente tóxico para abejas y algas, por lo cual su uso está vetado en Europa y restringido en Estados Unidos y China.
La iniciativa del FA pretende crear un marco de protección que “evite la extinción de las abejas”, según detalló el comunicado de la fracción.
Esta propuesta se da luego de que, en 2021, la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura denunciara la muerte de 18 millones de abejas, las cuales cumplen una papel fundamental en la polinización para el sector agrícola.
“Las abejas cumplen una labor fundamental, son las responsables del 85% de la polinización en todo el mundo, pero la industrialización e intensificación de la labor agrícola las está llevando a la desaparición y eso debemos evitarlo”, declaró el diputado Ariel Robles.
El primer artículo del proyecto propone la prohibición total del registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, venta y uso del Fipronil.
La iniciativa también ordena que se provea una “protección especial a las especies endémicas de abejas y promover proyectos de investigación científica, para el sostenimiento ecológico del ecosistema y la biodiversidad”.
Además, establece las obligaciones del Estado para promover la protección y deja abierta la posibilidad de prohibir otras sustancias químicas si la evidencia científica certifica que daña a las abejas.
En noviembre del 2021, la Sala Constitucional ordenó a los ministerios de Salud, Agricultura (MAG) y Ambiente (Minae), junto al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) realizar un estudio conjunto sobre el impacto del Fipronil en las abejas.
La resolución se dio en respuesta a un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes, ante reiteradas quejas de los apicultores sobre el efecto negativo del agroquímico sobre las colmenas.
El 18 de marzo de 2022 esas cinco instituciones recomendaron al Gobierno prohibir el uso agrícola del plaguicida Fipronil por el “riesgo inaceptable” que implica para las abejas.
En noviembre del 2022, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto con la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, firmaron un decreto ejecutivo que prohibía el uso profesional o industrial del insecticida, pero no el uso agrícola.
En declaraciones brindadas a La Nación en esa ocasión, el vocero de la fundación ambientalista BlueGreen Always, Tomás Matarrita, criticó que el Gobierno publicara el decreto para eliminar el uso profesional, pero omitiera el uso agrícola, pese a que este último es el que genera más problemas para las fauna y los ecosistemas.
“El uso agrícola es el mayoritario, el que mueve más dinero y donde está el mayor daño. En vez de usar Fipronil, pueden usar otros productos que no afectan el medio ambiente; de hecho, el Fipronil está prohibido en más de 30 países a nivel mundial, incluyendo la Unión Europea”, explicó Matarrita.
A esto se suma que, en mayo del 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió el decreto ejecutivo mediante una medida cautelar provisionalísima, por solicitud de la empresa Eco Company S. A.
