Jamás se me ocurriría decir –Dios me libre– que Manuel García-Castellón es un juez prevaricador. Lo que sí me llama poderosamente la atención es la extraordinaria coincidencia entre algunas de las decisiones que toma y el momento político en que esas decisiones son tomadas.
En noviembre de 2023, mientras el PSOE negociaba con Junts la investidura de Pedro Sánchez, el juez de la Audiencia Nacional sorprendió con un auto en el que solicitaba a distintos organismos del Estado información para determinar si la muerte de un turista francés en el aeropuerto barcelonés de El Prat el 14 de octubre de 2019, durante unos disturbios del movimiento independentista Tsunami Democràtic, podía ser constitutivo de terrorismo. Cuatro años después (¡cuatro!) de aquel suceso, García-Castellón ofreció a la familia del fallecido personarse en el caso. Poco importaba que la jueza que investigó en primer lugar el fallecimiento archivara el caso al determinar que se había tratado de una muerte natural por infarto sin relación con las protestas independentistas.
Ahora que elDiario.es y La Vanguardia están destapando una siniestra trama de espionaje y fabricación de dosieres en el Gobierno de Rajoy contra los independentistas catalanes y otros adversarios políticos, y que avanza el trámite parlamentario de la ley de amnistía, el titular del juzgado de instrucción número 6 dicta – coincidencialmente, por supuesto– un nuevo auto en el que aprecia indicios de delito de terrorismo en la convocatoria por Tsunami Democràtic de una manifestación no comunicada durante la jornada de reflexión de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, a la que asistieron una 7.000 personas.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, manifestó que el juez García-Castellón tiene “querencia” a actuar “en momentos sensibles”, y enseguida saltó el PP a denunciar a Ribera por “acusar de prevaricación” al juez dando pábulo a quienes sostienen que en España existe el “lawfare”, como se llama a la utilización del poder judicial para las batallas políticas. En realidad, por mucho empeño que ponga el PP para salvar la honra del juez amigo, la ministra solo ha dicho lo que dijo.
García-Castellón ocupó durante 17 años un cargo de lujo por designación de los Gobiernos de Aznar y de Rajoy. De 2000 a 2012 fue juez de enlace en Francia, sin apenas saber francés, y los siguientes cinco años desempeñó la misma misión en Italia, sin saber italiano. Poco antes de regresar a España para retomar su puesto en la Audiencia Nacional, se produjo una reveladora conversación telefónica, posteriormente filtrada a los medios, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, cercado judicialmente por corrupción en el caso Lezo, decía al exministro Eduardo Zaplana: “Tenemos a un juez que está provisional, tú lo asciendes, yo le digo a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me acompañaré con el titular”. El juez provisional al que aludía es Eloy Velasco, que instruía el caso Lezo. Poco después, García Castellón abandonó la dolce vita en Roma y retomó la peor remunerada titularidad del Juzgado número 6 de la Audiencia.
Desde entonces, tal como señala la vicepresidenta Ribera, el magistrado ha logrado especial notoriedad informativa en algunos momentos políticos sensibles. Tras su regreso de Italia, por ejemplo, reabrió una causa ya sobreseída contra Podemos por supuesta financiación ilegal –la que tenía como testigo al exmilitar venezolano ‘Pollo’ Carvajal–, dentro de una macrocausa que tuvo varios años atrapado en un laberinto judicial al partido morado. Castellón archivó la causa ante la manifiesta falsedad de un informe elaborado contra Podemos por la llamada ‘policía patriótica’ dirigida por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el Gobierno de Rajoy. Sin embargo, el mismo juez reabrió las diligencias en octubre de 2021, cuando Podemos formaba parte del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. En 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia aceptó un recurso de la Fiscalía que pidió cerrar la investigación por considerarla “prospectiva”, es decir, que carecía de bases sólidas y se fiaba a lo que las propias indagaciones pudieran ir aportando sobre la marcha a la construcción de la causa.
Decía el factotum de la derecha española, José María Aznar, a propósito de la ley de amnistía: “El que pueda hacer, que haga”. No sé qué efectos prácticos ha tenido la orden. Lo que sí sé es que, coincidencialmente, se están produciendo movimientos en muchos sectores que no parecen soportar que las riendas del Estado las lleve un Gobierno progresista. No hay que ser ducho en derecho penal para intuir que una manifestación no comunicada no es un acto terrorista. Y resultaría risible, si no fuera lamentable, intentar ver un delito de terrorismo en el infarto de un ciudadano. Afortunadamente para la justicia española, estos casos no han llegado a Europa, pues el ridículo sería antológico.
Ayer mismo, García-Castellón imputó al que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, por una presunta maniobra de extorsión al abogado de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con el fin de que no aparecieran publicadas informaciones sobre la Caja B del partido. Una Kitchen paralela dentro de una causa mucho más amplia de corrupción en la que el magistrado parece no haber encontrado motivos para imputar a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, pese a las abundantes indicios que existen en su contra.
Algún malpensado podría pensar que con el auto de imputación de Martínez el juez busca transmitir en este momento una imagen de imparcialidad, al tratarse de un caso que afecta al PP, de modo que su nueva ofensiva judicial contra los independentistas no sea vista con suspicacia como una operación para contrarrestar la investigación periodística sobre la red de espionaje urdida bajo el mandato de Rajoy o para arruinar la tramitación de la ley de amnistía. Pero nadie con un mínimo de seriedad está pensando en ello. Aquí solo hay coincidencias. Nada más que coincidencias.
