Catalunya garantizará el acceso a una vivienda temporal a las personas trans que hayan sido expulsadas por su identidad de género o que puedan sufrir violencia en caso de quedarse en su casa. Esta es una de las medidas más destacadas de la ley trans que el Departament de Igualdad y Feminismos de la Generalitat está ultimando.
Bajo el nombre oficial de 'Ley integral del reconocimiento al derecho a la identidad y la expresión de género', este texto pretende “blindar los derechos” de este colectivo en un “contexto de creciente contrareacción a los derechos de las personas LGTBI+”. Así se establece en el anteproyecto de la ley, en el que Catalunya está trabajando desde finales de 2019, y que este viernes entró en fase de consulta pública.
El texto, que cuenta con 55 artículos, pretende complementar la ley trans española, incidiendo en aquellos aspectos en los que las comunidades autónomas tienen competencias, como la educación, la salud, el ámbito laboral, el deportivo o el de vivienda. Es precisamente este último en el que diversos colectivos trans encuentran uno de los avances más significativos, que es el de garantizar el acceso a una vivienda a aquellas personas que no tengan alternativa habitacional.
“Las personas trans somos un colectivo sujeto a mucha violencia y que se nos asegure que eso no nos privará de tener un techo es un gran paso adelante”, asegura Àlex Bixquert, miembro de la plataforma Trans*forma la Salut. Tanto este como otros colectivos trans ven en el anteproyecto de ley una buena noticia. “Teníamos dudas de por qué debía existir una ley trans catalana. Si era para ponerse una medalla no hacía falta. Necesitábamos que ampliara derechos y cumple este propósito”, añade Bixquert.
Desde el Departament aseguran que, a pesar de que exista una ley estatal, desde Catalunya se puede incidir en muchos ámbitos. Apuntan a que la convivencia entre ambos textos puede ser “muy grande y muy buena”. Así, mientras la norma estatal da respuesta al cambio de sexo y nombre registral, que son competencia del Gobierno, la ley catalana actuará “en todos los ámbitos en los que la española no entra o lo hace de manera muy genérica”.
Además, la ley permitirá iniciativas que la Generalitat ya estaba llevando a cabo a través de protocolos o normativas. Este anteproyecto, pues, elevaría a rango de ley políticas que Catalunya hace años que desarrolla, como el modelo catalán de atención a la salud trans o la decisión de otorgar la Renta Garantizada de Ciudadanía a personas trans víctimas de violencia por su identidad de género a partir de los 18 años, a pesar de que es una prestación que la ciudadanía en general sólo puede solicitar a partir de los 23.
Igualtat apunta a que las políticas en pro de los derechos trans llevadas a cabo hasta ahora han sido posibles gracias a interpretaciones generosas de la ley catalana contra la homofobia, aprobada en 2014. “No había ninguna necesidad de hacer una ley, pero es una gran noticia que así sea, porque estos derechos conseguidos se blindan en caso de que cambie el ejecutivo de turno”, opina Bixquet.
Otro de los puntos destacados del anteproyecto de ley es que se exigirá la implementación de una tercera casilla para la identificación de género en formularios, tanto públicos como de la empresa privada, para asegurar la inclusión de las personas no binarias e intersexuales. Con medidas como esta, Catalunya se convertiría en la primera comunidad autónoma en reconocer la identidad de las personas no binarias y se podría subsanar una de las carencias que los colectivos LGTBI más destacaron cuando la ley trans estatal entró en vigor.
El reconocimiento de otras identidades de género es un hito que los movimientos sociales tenían pendiente y llevan batallando desde hace años. La inclusión de esta tercera casilla “era una cuestión básica sin la cual la ley no habría valido la pena”, asume Bixquert. Ahora bien, los colectivos trans advierten que a pesar de eso, la “segregación de espacios” sigue haciendo mucha mella entre las personas no binarias. Por eso también ven con muy buenos ojos las medidas establecidas en el campo del ocio y el deporte.
Por ejemplo, la ley asegura que se “garantizará que las personas trans o intersexuales participan [en las actividades deportivas] en las mismas condiciones según la identidad de género manifestada”. Esto viene a decir que, siempre que la Generalitat tenga las competencias necesarias, se permitirá a cualquier persona trans participar de un equipo o deporte en la categoría –femenina o masculina– que desee.
Asimismo, establece que en todas las instalaciones deportivas de Catalunya se garantizará el acceso a lavabos y vestuarios del género sentido a todas las personas trans. “Este es un paso muy valiente, porque estamos hablando de un tema que genera muchas reticencias”, dice Bixquert.
Otro de los puntos más destacados de la ley está en el ámbito de la salud. Por ejemplo, se fija el principio de la despatologización de las personas trans, de tal manera que “ningún derecho esté condicionado a la presentación de informes médicos o psicológicos que demuestren la disconformidad con el género que se muestra en el registro”.
Que este punto entre en la ley ha sido muy celebrado dentro del colectivo trans, ya que, aunque ya estaba recogido en el protocolo catalán de atención a la salud trans, aprobado en 2017, según denuncian diversos colectivos, se “incumple sistemáticamente”. Hoy, incumplir lo establecido en los protocolos no tenía apenas consecuencias, cosa que también cambiará con la aprobación de la ley, que cuenta con un régimen sancionador que contempla multas de entre 300 y 500.000 euros.
A pesar de que, en general, los colectivos trans ven con buenos ojos la ley, también hay algunos puntos que creen que fallan. Por ejemplo, aunque celebran que se garantice la vivienda de emergencia, aseguran que la ley se queda corta. El texto regula el derecho a la no discriminación en el mercado de compra y alquiler, pero se trata de algo que ya recogía la ley contra la homofobia de 2014. “Debería haber medidas concretas de acceso, como reconocer el hecho de ser trans como un factor de vulnerabilidad que permitiera acceder a vivienda protegida”, apuntan desde Trans*formant la Salut.
Igualmente, también afean al Departament que, a cambio de que cualquiera “sea tratado con el nombre y la identidad deseada”, las administraciones públicas deban contar con un “histórico” de los cambios registrales y preferencias de la persona. “Esto atenta contra el derecho constitucional a la intimidad y debemos poder permanecer, salir o volver a entrar en el armario sin que quede registro”, apunta Bixquert, quien explica que contar con el histórico no va a mejorar el trato recibido.
Estas cuestiones y otras tantas que preocupan o no acaban de gustar al colectivo trans pueden ser todavía cambiadas durante el proceso de consulta pública en el que está actualmente el anteproyecto de ley. Hasta el 9 de febrero, cualquier ciudadano puede hacer alegaciones al texto a través del correo avantprojectelleitrans.igualtat@gencat.cat y con el formulario de petición genérica.
Una vez recogidas y aplicadas las alegaciones que se consideren oportunas, el texto pasará a aprobación del Govern para que después se lleve al Parlament para su debate y aprobación definitiva. Este proceso puede tardar varios meses y, teniendo en cuenta que la legislatura terminará en 2025, nada garantiza que la ley pueda llegar a entrar en vigor antes de la celebración de elecciones. Pero, de ser así, Catalunya se convertiría en la octava comunidad autónoma en contar con su propia ley trans después de Andalucía, Aragón, Canarias, Comunitat Valenciana, La Rioja, Madrid y el País Vasco.
