La evaluación independiente de la ley de medidas de lucha contra el fraude aprobada por el Gobierno en 2021, exigida por la Comisión Europea en el marco de los compromisos adquiridos por España para recibir los fondos europeos del programa Next Generation, denuncia un puñado de lagunas de seguridad jurídica en la norma y valora como desproporcionada la limitación a 1.000 euros del uso de dinero en efectivo en las transacciones comerciales. El coto al uso del metálico en las compras o pagos de servicios profesionales fue una de las medidas más emblemáticas y controvertidas del proyecto del Gobierno, que decidió rebajar de 2.500 a 1.000 euros el límite máximo admitido por ley en este tipo de operaciones y de...
Ver Más
