Contralora exige respeto a Chaves y señala que sus insinuaciones sientan un mal precedente para el país. Lo recibirá en su despacho, pero grabará y difundirá la reunión.
La contralora general de la República, Marta Acosta, rechazó las “múltiples insinuaciones negativas y constantes señalamientos irrespetuosos” que ha recibido de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y de funcionarios de su equipo.
En respuesta a una solicitud del mandatario para sostener una reunión, Acosta le aclaró primero que todos esos cuestionamientos no son de recibo y que, por el contrario, los rechaza “de forma contundente”.
La jerarca de la Contraloría General de la República (CGR) aseguró que los cuestionamientos e insinuaciones son una falta de respeto a la institucionalidad pública y a la función constitucional de la CGR, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública.
Acosta declaró que la actitud del mandatario es un mal precedente para la sana relación entre los sujetos de fiscalización y el órgano fiscalizador.
“La diferencia de criterio técnico es por supuesto válida y necesaria; así ha sido a lo largo de la vida institucional de esta Contraloría con diferentes administraciones, no así el comportamiento ofensivo hacia nuestra labor. Comprenderá, entonces, la importancia de manifestar que esta reunión, como requisito, deberá ser en el marco de exigido respeto”, apuntó la jerarca.
En cuanto a la reunión que Chaves solicitó, Marta Acosta le marcó la cancha al mandatario, exigiendo que aclare sobre cuáles proyectos quiere conversar. También, le pidió al presidente indicar cuáles funcionarios lo acompañarán para asegurar el equipo técnico correspondiente de parte del órgano contralor.
Adicionalmente, le enfatizó al presidente Chaves que no se puede, bajo ningún motivo, abordar temas relacionados con investigaciones en curso en la Contraloría, o asuntos cuyas decisiones sean responsabilidad exclusiva de la Administración.
En cuanto a la cita, Acosta le indicó al mandatario que lo recibirá el jueves 25 de enero, a las 3:30 p. m., en el piso 13 de la Contraloría General de la República, y puntualizó que, por tratarse de una sesión eminentemente técnica, ella requiere contar con el apoyo de todos los funcionarios y recursos que estime pertinentes para atender el encuentro.
La Contralora agregó que, “por transparencia y resguardo de la verdad, se grabaría el audio de la reunión completa” y se pondrá a disposición del público en la página web de la Contraloría.
“Esto se fundamenta en el antecedente que tuvimos en torno a la sesión realizada en Casa Presidencial sobre Ciudad de Gobierno, en marzo del 2023, de donde derivaron afirmaciones absolutamente falsas que fueron atribuidas a mi persona”, agregó la jerarca.
El pasado miércoles, trascendió que el gobierno estaba preparando una ofensiva contra la CGR, de acuerdo con una solicitud enviada a los ministros y presidentes ejecutivos por el director de despacho de Chaves, Gabriel Aguilar.
En la nota enviada por Aguilar, la Presidencia pidió a los jerarcas llenar una tabla con la lista de proyectos que supuestamente ha obstaculizado la Contraloría.
Gobierno prepara ofensiva contra Contraloría
Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves se quejó, en conferencia de prensa, de la rigurosidad de la CGR en su labor de fiscalización de los recursos públicos. Dijo que le llama la atención que ahora la Contraloría hace más auditorías y estas son más estrictas.
Chaves se queja de rigurosidad de Contraloría
El mandatario expresó molestia luego de que la Contraloría frenó el proyecto Ciudad Gobierno y la compra de escáneres a Radiográfica Costarricense (Racsa) por las ilegalidades en los procedimientos emprendidos por el gobierno.
En el caso de Racsa, por ejemplo, el Ejecutivo pretendía que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le adjudicara un millonario contrato a Radiográfica sin necesidad de concurso público, apelando a la figura de contratación entre entes públicos por excepción.
No obstante, la Contraloría advirtió de que, para ese mecanismo, se requiere que la entidad proveedora sea especialista en la materia y, en este caso, Racsa no fabrica escáneres.
Lo que había hecho la empresa estatal era asociarse con un consorcio privado a través de un proceso confidencial. Chaves alega que la CGR hace interpretaciones de la ley.
