Oficialismo pide a jefes de fracción aprobar una dispensa de trámites para que, cuando pase el plazo para consultas, el proyecto se acelere en el plenario.
El préstamo de $700 millones firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para atender infraestructura en riesgo, deberá ir a consultas obligatorias con instituciones, luego de su dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Así lo indicaron el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, durante la reunión semanal de los jefes de las fracciones políticas.
El expediente recibió la aprobación unánime de los miembros de Hacendarios, pero recibió modificaciones que requieren, según el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, ir obligatoriamente a consulta de las entidades que se afectan por el empréstito.
Tal como lo había explicado el departamento técnico en mayo del año pasado, las consultas preceptivas del expediente 23.635 son al Banco Central de Costa Rica (BCCR) y las instituciones autónomas que actuarían como organismos ejecutores y coejecutores, entre ellas el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
También, se debe consultar a instituciones autónomas prestadoras de servicio público para lo atinente a relocalización de servicios, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Finalmente, se debe pedir criterio a las municipalidades del país.
El plazo para recibir criterio por esas consultas obligatorias es de ocho días. Mientras que tramitan esas consultas, la diputada Pilar Cisneros quiere avanzar en una moción para dispensar el expediente legislativo de sus trámites.
Para ello, pidió apoyo de los demás jefes de las fracciones legislativas, para tener los votos necesarios y que así pueda avanzar lo más pronto posible, una vez pase el plazo de las consultas.
Cisneros dijo, durante la reunión de las jefaturas parlamentarias, que es necesario empezar las obras que se financiarían con ese crédito antes de que termine la estación seca, es decir, antes de mayo.
Entre las obras de infraestructura en riesgo que el Gobierno pretende financiar con ese crédito, están puentes, carreteras y escuelas.
Para que se tuviera el apoyo unánime de los seis partidos políticos, el gobierno debió incorporar una adenda del crédito que ajustara a la baja las tasas de interés que cobrará el BCIE. Además, los legisladores introdujeron nuevas medidas de control aprobadas el 15 de diciembre, para limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el uso de los recursos y en la definición de los proyectos que pueden financiarse con esos recursos.
El préstamo cuenta con una tasa de interés ponderada estimada en un 7,65%. Originalmente, la tasa era del 8,87%, pero se redujo por presión de los diputados de la Comisión de Hacendarios, quienes cuestionaron el elevado monto que el país tendría que desembolsar en intereses en el primer escenario.
Ante la inconformidad de la oposición, el BCIE aceptó que $42,8 millones del monto total se financien con una tasa de interés fija de un 1,5% a 20 años.
Asimismo, el KfW Banco de Desarrollo de Alemania cofinanciaría $66,7 millones, lo que generará una reducción del 0,75% de la tasa de interés sobre el margen aplicable.
El resto de los recursos, $590 millones, tendrían una tasa de interés del 8,64%.
El plan del Poder Ejecutivo incluye 502 proyectos de reconstrucción. Del total de las obras, 299 están bajo la categoría de riesgo inminente y 203 corresponden a decretos de emergencia.
