El PP ha presentado un paquete de enmiendas a su propia Proposición de Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Balears con las que pretende limitar la duración de las principales investigaciones abiertas por la Oficina Anticorrupción de las islas. Entre tales causas figura la relativa a la presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, exconcejal en el municipio mallorquín de Campos y actual director general de Emergencias e Interior del Govern de Marga Prohens (PP).
De entre las 38 enmiendas presentadas por los populares y consultadas por el Diario.es, una de ellas propone declarar la caducidad de las investigaciones que lleven más de seis meses abiertas -o un máximo de nueve meses en aquellas actuaciones que ya hubieran sido prorrogadas-, de modo que éstas quedarían indefectiblemente archivadas. Este sería el caso, tal como publica Diario de Mallorca, de la causa impulsada por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por parte de las autoridades de Campos, entre quienes se encontraría Sureda, al no actuar en diversos locales que funcionan sin licencia en el polígono industrial de esta localidad así como por otorgar licencias ilegales en zonas donde no está permitido el desarrollo de actividad alguna.
Fuentes del PP aseguran a este medio que lo establecido por la enmienda en cuestión será aplicable a todos los expedientes que se hallen en esos plazos y "no a uno en concreto", y que el objetivo de esta medida pasa por "evitar la indefensión que provoca que un expediente permanezca abierto de forma indefinida". Asimismo, señalan que, de ser el caso, las causas que acaben archivadas por caducidad serán redirigidas al organismo competente para que continúe las investigaciones. "Todo seguirá su curso", inciden.
La nueva normativa -cuyo título también quieren modificar los conservadores por el de Ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los cargos públicos de las Illes Balears- contempla la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016 durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol. La supresión de este ente público ha sido uno de los grandes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los conservadores pudieran gobernar las Islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.
El pasado mes de noviembre, el Parlament balear aprobó, con los votos de ambos socios, la Proposición de Ley que elimina el organismo en tres meses. Sin embargo, el PP presentó este lunes una enmienda con la que propone ampliar a seis meses el plazo para suprimirla. Ahora, la problemática radica en el mantenimiento de la Oficina hasta el cese definitivo de sus actividades, dado que los Presupuestos autonómicos para 2024, aprobados en diciembre, únicamente contemplan 50.000 euros mensuales para los gastos de personal de este organismo.
La iniciativa prevé que, tras la clausura de este organismo, se ponga en marcha un Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos, que será el nuevo encargado de custodiar las declaraciones de bienes de aquéllos. El nuevo órgano, sin embargo, contempla que las declaraciones de bienes tengan “carácter reservado”, lo que implica que esta información dejará de ser pública y que se depositará en el nuevo Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears, dependiente del Parlament.
En una de las enmiendas presentadas, el PP propone modificar el artículo que establece que el personal del Registro no podrá divulgar la documentación ni los datos ni ponerlos en conocimiento de otras personas o instituciones, para añadir que tampoco podrán difundir esta información "la Mesa, ni cualquiera que hubiere tenido acceso al Registro".
Asimismo, piden que se añada a la normativa que los expedientes referidos en la disposición transitoria primera la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears mantendrá la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante, de la persona o entidad investigada y de la persona o personas entrevistadas en los expedientes, al objeto de evitarles perjuicios derivados de las actuaciones de investigación e inspección.
