Human Rights Watch (HRW) alertó este jueves en su informe anual sobre los retrocesos en la democracia experimentados en 2023 por varios países de América Latina gobernados por líderes que, según la ONG, socavaron la separación de poderes.
«Desafortunadamente, no ha sido un buen año para los derechos humanos en la región», afirmó la directora para América, Juanita Goebertus, durante la presentación del informe en la ciudad brasileña de São Paulo.
Goebertus destacó tres tendencias en América Latina: las amenazas al derecho al voto y a la participación política, el deterioro de la seguridad y el debilitamiento de las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder y de la democracia.
En Centroamérica, Guatemala y El Salvador se unieron a la ya conocida preocupación por la deriva autoritaria en Nicaragua, país que HRW considera una dictadura junto con Cuba y Venezuela.
El gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, dice HRW en su informe, “continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad” y su aislamiento internacional se ha profundizado.
Mientras, en El Salvador, la ONG acusa al presidente Nayib Bukele de “socavar sistemáticamente el sistema de frenos y contrapesos democráticos” en su intento por salir reelegido en los comicios de este año.
Por otro lado, HRW apunta a la disminución del crimen en el país centroamericano, pero a costa de “violaciones generalizadas de derechos humanos” por parte del gobierno en su respuesta policial a las pandillas.
HRW también ve retrocesos en Guatemala, donde la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, trató de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo mediante la apertura de causas penales por motivos políticos.
Un uso político de la Justicia que también percibe en Bolivia, debido a una definición excesivamente amplia de terrorismo que permite abrir causas contra opositores políticos.
Además, HRW apuntó a las esperanzas frustradas en países como Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas.
En la misma línea, la ONG señala que en Colombia la estrategia de la paz total anunciada por el presidente Gustavo Petro para pacificar el país no ha logrado reducir los abusos de grupos armados contra la población civil, con 52 masacres registradas en la primera mitad del año.
En cuanto a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta su último año de mandato, la ONG afirma en su informe que hubo pocos avances frente a los altos niveles de violencia contra migrantes, mujeres y periodistas, entre otros grupos sociales.
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