Bullrich intimó a gremios y a la izquierda a pagar hasta $100 millones por sus manifestaciones antiDNU

El gobierno de Javier Milei reclamó la millonaria suma a cada una de las partes convocantes a las protestas que tuvieron lugar en diciembre pasado. Los montos son en concepto de "gastos ocasionados". La respuesta legal y política que preparan

El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, intimó a gremios y agrupaciones políticas que se movilizaron el pasado diciembre en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al DNU 70/2023 para que abonen, en algunos casos, cerca de $100 millones en concepto de "gastos ocasionados" al Estado por "la interrupción total o parcial del tránsito vehicular" durante sus protestas

Se trata de dos cartas documentos que recibieron las organizaciones convocantes a las manifestaciones del 22 y el 27 de diciembre del año pasado contra el megaDNU de Javier Milei. Por la primera jornada, desde el Ministerio de Seguridad demandan 56 millones de pesos y por la segunda, la suma de 40 millones de pesos. Ambos documentos legales están fechados el 10 de enero por lo que se enviaron el mismo día que la CGT ratificó su llamado a un paro nacional en un plenario con 70 regionales de todo el país.

En el caso de la jornada de ollas populares del 22 de diciembre pasado como parte de una movida en todo el país en rechazo al mega decreto, la carta documento intima a ATE, a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Frente Barrial CTA, la Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetraes) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), a abonar la suma de $56.760.282,58 en el saldo de diez días hábiles de la recepción de la notificación.

Asimismo, la segunda carta documento va dirigida a la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Agrupación Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST).

También se anoticia a través de la comunicación legal a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Único de Trabajadores de neumáticos Argentino (Sutna), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato de Camioneros, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la CTA Autónoma y Conadu Histórica. 

Todos ellos, activos convocantes de la movilización del 27 de diciembre a la plaza de Tribunales, para reclamar la actuación de la Justicia en respuesta a la cautelar que la CGT había presentado con el pedido de suspensión del capítulo de reforma laboral, cuando restaban 48 horas para que el DNU entrara en vigencia. En este caso, Seguridad reclama $ 40.419.227,56 en concepto de gastos.

Desde los gremios y la CGT, preparan una respuesta a través de los canales legales en el transcurso de las próximas horas a la par de diversos comunicados de rechazo. Fuentes consultadas por El Cronista ratificaron la movilización del 24 de enero y repudiaron la "estrategia de amedrentamiento con rasgos autoritarios" por parte de la ministra Patricia Bullrich.

La intimación lleva la firma del economista Martín Siracusa, quien ya había acompañado a Bullrich en su primera gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Ahora volvió a la misma dependencia para coordinar los temas económicos, tecnológicos y administrativos desde la Secretaría de Coordinación Administrativa

Siracusa cita las Resoluciones 943/23 y 949/23 y los informes generados desde el Ministerio de Seguridad para justificar la demanda de pago, en el plazo de diez días hábiles, de la suma de $56.760.282,58 y $ 40.419.227,56 a través de la generación de un volante de pago electrónico en el sitio web del Ministerio de Economía.

"La irracionalidad de este Gobierno no tiene límites. Cesantea empleados públicos, y cuando los sindicatos ejercemos nuestro derecho constitucional de protesta y manifestación, pretende cobrarnos los gastos del operativo que ellos mismos decidieron montar", tuiteó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional.

Y añadió: "Las y los trabajadores no somos delincuentes, nos movilizamos de manera pacífica, son ellos los que delinquen, los que violan la Constitución en cada medida que toman. Tienen que entender que estamos en democracia, que sigue vigente la libertad de expresión, de manifestación y el derecho de huelga. Piensan que así nos van a atemorizar, pero es al revés, con más decisión defenderemos los derechos sociales"

Desde la CGT también preparaban una respuesta formal a la ofensiva legal del Gobierno. Mientras tanto, los diversos sindicatos comenzaron a difundir sus propias respuestas con tono diverso, como en el caso de la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), conducida por Juan Carlos Schmid.

"No nos sorprende Patricia Bullrich ni su vocación violenta y anti sindical, Pero le advertimos, que la "unidad es superior al conflicto" y que el Movimiento Obrero Organizado no retrocederá frente a las amenazas", reza un comunicado de la representación de los portuarios. 

"La criminalización de la protesta, que equipara a las y los trabajadores con la delincuencia, representa una ideología arcaica que sume al país bajo las sombras del autoritarismo político", completa. En el caso de la Federación, ya convocaron el llamado a una reunión el lunes 15 de enero para ratificar la adhesión al paro nacional del 24.