"La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), ante las informaciones que se han difundido sobre la petición de amparo solicitada por el PSOE, queremos reseñar que ninguna de las organizaciones ha recibido ninguna solicitud al respecto", según un comunicado conjunto de dichas asociaciones.
"No obstante, dado el alcance que tiene este asunto, consideramos importante comunicar a la ciudadanía que desde las citadas asociaciones siempre hemos defendido el libre ejercicio del periodismo y que las instituciones faciliten al máximo esa misión, uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución. Los límites a esa función los marca la ley. Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos que se registre en una información puede llevarse a los tribunales".
"También rechazamos rotundamente los comportamientos periodísticos que vulneran nuestro Código Deontológico, cuya premisa fundamental es la difusión de informaciones veraces, verificadas y contrastadas diligentemente con fuentes fiables. En ese sentido, existe la posibilidad de que quien considere que se ha incumplido el Código Deontológico, recurra a la Comisión de Arbitraje y Quejas de la FAPE, encargada de evaluar el comportamiento informativo. Las asociaciones destacamos el peligro que tiene para la sociedad la divulgación de discursos de odio desde los medios o impulsados por periodistas o activistas que difunden información desde cualquier soporte basados siempre en noticias falsas. Son una lacra que está demoliendo los cimientos éticos del periodismo, además de un riesgo serio para las democracias. En ese sentido, queremos subrayar que la profesión periodística está sujeta a normas éticas y deontológicas, totalmente opuestas a las mentiras y a los discursos de odio".
"El ejercicio del periodismo debe responder a criterios profesionales. Las asociaciones siempre hemos pedido a las instituciones que las acreditaciones para ejercerlo respondan a criterios profesionales y no sea una vía por la que puedan introducirse activistas ajenos a ese objetivo de difundir información veraz al que tiene derecho el ciudadano. Al respecto, entendemos que el PSOE se habrá dirigido a las instituciones que deciden sobre las autorizaciones para ejercer labores informativas".
