La medida estrella de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno el pasado mes de mayo ya tiene fecha para su aplicación: febrero. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha trasladado a la consejera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, que el Índice de Precios de Referencia de Alquiler, necesario para topar los precios a grandes tenedores en las denominadas zonas tensionadas, está previsto que se publique a lo largo del mes de febrero. Rodríguez y Capellas han acordado a este respecto que a partir del mes que viene entre en vigor la ley de contención de rentas en los 140 municipios de Cataluña calificados como áreas tensionadas.
PSOE y Sumar se habían comprometido en su acuerdo de gobierno a definir con carácter inmediato este índice necesario para poner en marcha la regulación de los precios de los alquileres.
La Ley de Vivienda recoge que serán regulados y topados todos los alquileres en las denominadas áreas tensionadas en todos los casos. Esto será efectivo tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos. Los topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios -que podrán beneficiarse de bonificaciones fiscales si rebajan la renta- y mediante la aplicación del índice de precios de referencia para los grandes tenedores para evitar la especulación y el acaparamiento de los fondos. Estos últimos han sido definidos como aquellos que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada. Estas zonas, a su vez, podrán ser declaradas por las administraciones competentes -de forma voluntaria- cuando se produzca alguna de estas circunstancias: que el pago de la vivienda suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años.
La aplicación de este índice en las zonas tensionadas ha sido fuertemente contestada por el sector inmobiliario al entender que contraerá la oferta de viviendas en alquiler y, con ello, contribuirá a incrementar los precios en lugar de a arreglar el problema.
La Ley de Vivienda introduce también, entre otras medidas, limitaciones para las subidas de los alquileres de forma general. Así, tras el tope del 2 % en la subida de las rentas durante 2023, para este año el porcentaje aumenta al 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler y para 2025 irá referenciado a un nuevo índice, inferior a la evolución del IPC, que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
