Los límites al alquiler de la ley de Vivienda están a punto de ver la luz ocho meses después de la aprobación de la norma. El Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez publicará en febrero el índice de precios de referencia con el que las comunidades podrán pedir para un barrio o municipio la declaración de zona tensionada y, a partir de ese momento, los nuevos contratos que se firmen serán susceptibles de quedar congelados en el tiempo. Así lo ha avanzado este jueves el Ministerio de Vivienda, tras una reunión entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez y la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella. Esta última ha asegurado tras la reunión que han llegado a un acuerdo para que, una vez aprobados los índices, Vivienda publique la memoria y la declaración de zonas tensionadas de 140 municipios de la región catalana, a la vez que dará luz verde a los índices que se habrán de aplicar en estas zonas. «Para el Govern de Catalunya es una muy buena noticia, como es también para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que la contención de rentas sea una realidad en el mes de febrero», celebraba Capella tras la reunión. Cataluña, que ya aplicó en el pasado su propia norma autonómica de límites al alquiler -acabó tumbada por el Tribunal Constitucional- volverá así a obligar a no subir las rentas a los inquilinos más allá de lo que permite la nueva ley de Vivienda, que establece requisitos distintos atendiendo al patrimonio inmobiliario de cada propietario. Si el casero es un gran tenedor (propietario de diez o más viviendas, aunque las comunidades lo pueden rebajar a cinco) tendrá que atender al precio máximo que marque el índice de precios de referencia. Para el resto de propietarios el límite lo marcará el precio del anterior contrato. Por el momento, tan solo Cataluña ha mostrado su voluntad para aplicar la contención de los límites al alquiler y la petición de zonas tensionadas. Eran algunas más las regiones postulantes hasta hace pocos meses, pero el pinchazo de PSOE y Podemos en las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado 28 de mayo diluyó todas las expectativas que tenía el Ejecutivo de Sánchez respecto a la aplicación de estas medidas.
