Tras una nueva agónica negociación, el PSOE logró sacar adelante este miércoles el plan anticrisis y el denominado decreto ómnibus, que incluyen medidas económicas, laborales y de compromisos legislativos con Bruselas. Ambos textos fueron aprobados tras un acuerdo de última hora con Junts que incluye contrapartidas económicas y competenciales a Catalunya.
A continuación te resumimos todo lo que se sabe de las medidas acordadas:
En lo relativo a este pacto sigue reinando la incógnita sobre qué cuestiones puede delegar el Estado en Catalunya. A pesar de que Junts anunció que la cesión sería "integral", la inmigración es uno de los asuntos que son competencia exclusiva del Gobierno central. Los de Puigdemont han explicado que ese escollo se solventará mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar competencias mediante una ley orgánica. Todavía está por definir qué se cederá exactamente, pero Junts ya ha anunciado que su prioridad es que Catalunya sea soberana a la hora de regular flujos migratorios, permisos de trabajo, gestión de fronteras, de los CIE o decidir sobre la expulsión de migrantes multireincidentes.
Este es otro de los acuerdos a los que ha llegado Junts con el Gobierno, que permitiría a Catalunya contar con una organización territorial propia. Se pretende así recuperar las veguerías, establecidas en el Estatut d'Autonomia de 2006. Se trata de divisiones territoriales con personalidad jurídica propia. Inicialmente se planteaba la creación de ocho veguerías, que sustituirían a las cuatro provincias actuales. Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 no anuló el artículo sobre las veguerías, sí limitó su interpretación a los términos establecidos en la Constitución, lo que ha impedido el desarrollo de esta organización territorial.
Otro de los puntos relevantes que se incluye en el acuerdo del Gobierno con Junts es la publicación de las balanzas fiscales, lo que supone cumplir con una histórica reivindicación del independentismo catalán. Según los últimos cálculos de la Generalitat, los catalanes pagan cada año más de 20.000 millones en impuestos que no revierten en Catalunya. Es un dato que difiere según el método de cálculo y que no se realiza de forma centralizada, pero que ha servido de argumento a los independentistas para el denominado “déficit fiscal” y la reclamación histórica de la infrafinanciación de Catalunya. Ahora, el Gobierno accede a la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades. Este asunto llega en pleno proceso que el Ejecutivo tiene que abrir para la reforma de la financiación autonómica.
El acuerdo recoge también la reforma de la ley de sociedades de capital para incentivar que las empresas que salieron de Catalunya en 2017 regresen ahora, según el comunicado difundido por Junts. El objetivo es encontrar una vía para que las empresas que han cambiado la sede social en los últimos años, pero que mantienen la operativa en Catalunya, regresen a la comunidad autónoma para evitar las sanciones, informa Efe.
En 2017, el temor a que el entonces president Puigdemont declarase la independencia de Catalunya provocó la fuga de más de 3.000 empresas en apenas dos meses. Compañías como Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy, Cellnex o Colonial modificaron su sede social. Fue una decisión favorecida por el Gobierno central, entonces en manos del PP, que aprobó un decreto para que las compañías pudieran cambiar su sede social sin tener que consultarlo con sus juntas de accionistas.
Otro de los puntos hace referencia al transporte público. Desde Junts explicaron en su comunicado que el Estado se hará cargo de la totalidad del coste de las bonificaciones al transporte público. Si bien, desde el Ministerio de Transportes se ha matizado la medida. Hasta ahora, el Estado aportaba una rebaja del 30% del abono transporte siempre y cuando la comunidad asumiera el 20% restante hasta alcanzar el 50%. Ahora, el Gobierno retira esa condicionalidad y asumirá sí o sí ese 30%, para todos los territorios.
Uno de los principales cambios acordados con el partido de Puigdemont es la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%. Este producto ha sido el símbolo de la subida de precios durante el aumento de la inflación. Su valor se ha más que duplicado desde que comenzó a subir el IPC. El año pasado entró en vigor una reforma temporal del IVA por la que productos de primera necesidad pasaban a tener un tipo del 0%, en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces. La medida se ha prorrogado ahora hasta junio. La propuesta incluía también una rebaja del 10% al 5% para los aceites y la pasta. Ahora, esta tasa baja al 0% con el acuerdo de Junts para el aceite de oliva.
El acuerdo entre ambas formaciones recoge la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que se había incluido en el decreto de medidas urgentes en materia de justicia que el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre. Ese artículo establece, en su primer apartado, que el planteamiento por parte de un juez de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) supone la “suspensión” de las actuaciones hasta que la Corte comunitaria decida si la norma en cuestión es compatible con el derecho de la UE. Y, en su punto dos, añade que si otro juzgado está analizando hechos relacionados con esa misma cuestión prejudicial también “podrá suspender motivadamente el procedimiento” sin tener que presentar una propia.
Según Junts, ese artículo “amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía”, pues se da por hecho que los jueces que deberán aplicar la amnistía presentarán cuestiones prejudiciales ante el TJUE. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas sostienen que la supresión de este artículo no tendrá demasiados efectos. Afirman que es jurisprudencia consolidada que los tribunales paralicen procedimientos en los que se ha planteado una cuestión prejudicial.
Así se hizo, por ejemplo, en 2016, cuando la Sala de lo Civil del Supremo acordó la suspensión de un recurso sobre cláusulas suelo hasta que el TJUE sentenciara sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad. El Alto Tribunal hizo entonces una “interpretación conjunta” del artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determina la suspensión del proceso en el que la cuestión prejudicial ha sido planteada, y el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice procede la suspensión del recurso hasta la resolución que la cuestión prejudicial.
Según Junts, el acuerdo con el PSOE supone multiplicar por cinco los fondos destinados a la “digitalización” en la Administración de Justicia. Pasan de 1,2 millones de euros a 6,2 millones de euros. El llamado decreto ómnibus recogía incluía una batería de medidas en materia de transformación digital y procesal de la Administración de Justicia.
El ministro Félix Bolaños explicó el pasado diciembre en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso que esa norma permitirá que la documentación de todos los pasos, las vistas y los distintos trámites que se producen en los procesos judiciales se pueda hacer llegar de manera telemática y no sobre papel. También se incluyen otras medidas como la “generalización” de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.
