El juez Pedraz les atribuye un papel destacado de adoctrinamiento, incluso de menores, en la Brigada Al-Andalus antes de partir a la zona de conflicto
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado por un delito de integración en la organización terrorista Daesh a las dos mujeres españolas casadas con yihadistas que fueron repatriadas desde Siria hace un año junto a sus hijos. El magistrado considera que Yolanda Martínez y Luna Fernández participaron en España en actividades en favor de la organización yihadista antes de desplazarse de forma voluntaria a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, "aceptando el mismo destino que ellos" una vez proclamado el pseuodcalifato en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi y "con plena voluntad de mantener su integración" en Daesh.
En la resolución en la que acuerda la medida, el instructor atribuye a ambas un destacado papel, durante su estancia en España, en el seño de grupo de mujeres de los integrantes de la Brigada Al-Andalus, pues afirma que mantenían contactos con otras mujeres que servían para introducir a las conversas dentro de una visión rigorista del Islam.
Según el relato de hechos, ambas se desplazaron a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, "compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos, con la plena voluntad de formar parte de la organización y la finalidad de poner a su disposición toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignara".
Las procesadas -a quienes Pedraz envió a prisión provisional en enero del pasado año-, dice el juez, siempre mostraron su voluntad de ser miembros de Daesh y solo solicitaron ser repatriadas a España tras el sitio y caída de la ciudad siria de Baguz. Pedraz les atribuye además labores de adoctrinamiento con sus hijos y con otros menores a su cargo en favor de la organización terrorista.
La resolución incide en que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la integración en una organización terrorista no requiere necesariamente de la participación en actos violentos, pues basta con desempeñar otras funciones e incluso es posible constatar la pertenencia a la organización terrorista mediante "una disponibilidad acreditada y efectiva para la ejecución de distintos actos, en un principio indeterminados, de favorecimiento de las actividades de otro tipo realizadas por la organización terrorista".
En busca y captura internacional por terrorismo desde 2019, las madrileñas Yolanda Martínez Cobos, de 37 años y con cuatro hijos, y Luna Fernández Grande, de 36 años y que tenía a su cargo a ocho menores, negaron en su comparecencia judicial de hace un año su pertenencia a Daesh y explicaron que viajaron a Siria voluntariamente porque sus maridos habían encontrado allí trabajo, negando que llevaran a cabo cometido alguno para la organización terrorista porque se limitaban a “a cuidar de sus hijos”.
Pero Pedraz sostiene que fueron localizadas en el campo de acogida de Al Hawl, en el este de Siria, controlado por el Ejército sirio, por su supuesta condición de combatientes terroristas extranjeros (foreign terrorist fighters).
Martínez Cobos es la esposa del supuesto terrorista de Daesh Omar el Harchi el Fertakh, mientras que Luna Fernández se encontraba en ese campo de acogida junto a los cuatro hijos que tuvo con el yihadista, ya fallecido, Mohamed el Amin Aabou, y a otros cuatro menores de dos matrimonios que habrían muerto en combate y de los que asumió su custodia.
La Fiscalía, que también imputa a las dos mujeres un delito contra los derechos y deberes familiares, solicitó al juez sin éxito que les suspendiera el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Pedraz se negó al considerar innecesaria la medida, instada para evitar el posible adoctrinamiento de los menores, puesto que una vez en prisión desaparece ese riesgo.
