El Gobierno presidido por Javier Milei debate ya en el plenario de comisiones del Congreso de la Nación los 664 artículos y los respectivos anexos que hacen al extenso proyecto de ley de "Bases y puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos", mejor conocido como "ley ómnibus".
La megainiciativa fue presentada por el oficialismo semanas tras en mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Se trata de uno de los proyectos sobre los cuales Milei se siente más representado y pretende ser la piedra basal del programa de desregulación de la economía.
"Nosotros tenemos muchos proyectos más, pero no fueron incluidos en este paquete porque Javier ve en esto algo muy suyo, que no se tiene que manchar con cosas con las que ideológicamente no esté tan de acuerdo, como lo puede ser la suba del impuesto a las Ganancias", explica una fuente gobierno a El Cronista.
En tanto, el trámite parlamentario inicial para Milei no será sencillo. El bloque de la cámara baja de La Libertad Avanza tiene formalmente 38 diputados y precisa de la suma de otros bloques para poder conseguir el quórum y la aprobación del proyecto.
A excepción de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, la gran mayoría de las alianzas opositoras marcaron que estudiarán en detalle la iniciativa, para aprobar un amplio margen del articulado en particular y no en general.
El Congreso de la Nación es el ámbito en donde está transitando el paquete de reformas de Milei. (Télam)
"Nunca creímos posible que la ley ómnibus podía llegar a ser aprobada en su totalidad", dicen en privado desde Casa Rosada. En público, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en una de sus conferencias que "no se negocia el contenido de la ley y no va a haber modificaciones de ninguna índole, excepto de que esa sugerencia venga acompañada de una mejora".
Sin embargo, el Ejecutivo ya cedió en algunos aspectos de la normativa, ya sea para la modificación o aclaración de puntos específicos.
El más resonante ha sido la modificación al respecto de la desregulación de la actividad pesquera que acordaron los gobernadores patagónicos -con Ignacio 'Nacho' Torres (Chubut) cómo su representante- con el ministro del Interior, Guillermo Francos.
El titular de esta cartera también le ratificó a mandatarios provinciales puntuales que no se les moverá el piso del corte del biocombustible y las retenciones de ciertos productos regionales del centro y norte del país.
En tanto, desde el Gobierno buscan mostrar dureza con tal de que haya la menor cantidad de modificaciones posibles.
En la jornada del martes, el vocero presidencial atribuyó a la oposición en el Parlamento y a los amparos judiciales contra el DNU desregulador por la suba de los dólares financieros. "Las medidas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos con la suba del dólar es solo una muestra gratis de lo que puede suceder si la política no acompaña", dijo en modo terminante.
En tono a lo expuesto anteriormente, en su exposición frente a los diputados nacionales, Francos dijo ayer que el oficialismo está "dispuesto a contestar y entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores".
Guillermo Francos, quien defendió hoy la ley ómnibus en el Congreso. (Télam/Alejandro Santa Cruz)
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció ayer en la Cámara de Diputados que el Gobierno decidió retirar del proyecto de ley la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
"Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros", explicó la funcionaria sobre el polémico artículo 331. "Al haberse generado una confusión pensamos que es mejorar retirarlo. Denlo por retirado", sostuvo Bullrich, que aclaró que se trataba de un asunto ya regulado por la Ley de Tránsito.
Hay otros artículos que el Gobierno deberá debatir por demás en las comisiones parlamentarias y que se presagian como puntos claves dentro del megapaquete.
Los bloques de corte republicano adelantan que no le darán el visto bueno a una delegación de las facultades delegadas por los próximos dos años y con una posible prórroga de otros dos, tal y como quiere Javier Milei.
Ante eso, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo debió adelantar en las reuniones informativas de Diputados que están considerando realizarlo por un año efectivo y otro más disponible si es que lo aprueba nuevamente el Congreso.
El Procurador del Tesoro Rodolfo Barra y el secretario de Energía, Eduardo Chirillo ayer. (NA/Juan Vargas)
Entre las medidas que el Gobierno considera claves, la suspensión de la movilidad jubilatoria y el blanqueo están previstas como algunas que pueden tener un trámite favorable.
En tanto, en LLA estiman dificultades sobre la normativa que elimina las autorizaciones para que la toma de deuda en moneda extranjera requiera una ley especial del Congreso; algo que se presagia clave para la gestión económica a cargo de Luis Caputo.
Desde el Ejecutivo también asumen que deberán debatir largo y tendido sobre cada empresa pública que se dispuso para regularizar y privatizar, las cuales dependerán de los sectores más dialoguistas de la oposición. Uno de los referentes de esa ala, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ya advirtió su negativa a la venta de YPF o el Banco Nación, ya que "tienen un impacto en muchas ciudades y economías del interior del país".
