Quizás por vez primera en la historia de Venezuela la convocatoria de las elecciones presidenciales se mantiene en un absoluto secreto. Estilo de esos documentos top secret que se guardaban en una bóveda de la caja fuerte que solo se abrían años después.
Y se ha convertido en un secreto a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 230 establece: “ El periodo presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo periodo”. Ordena bajo mandato expreso que el país debe convocar a elecciones.
Mantenerlo en secreto se convierte en una estrategia del gobierno y no en un derecho de los venezolanos, de ahí que es necesario de una u otra forma alertar, presionar, denunciar en fin utilizar todas las vías posibles para que de una vez se convoque a las elecciones presidenciales en Venezuela como lo manda la Constitución.
Cuando se le exige al gobierno de Nicolás Maduro que convoque a las elecciones o cuando se habla de este tema sencillamente lo evade a pesar de que se nombró unos nuevos magistrados en el poder electoral quienes tienen la responsabilidad de convocar a los comicios presidenciales pero están sujetos, por supuesto, a los dictámenes de Miraflores.
Mantener las elecciones presidenciales en secreto es una violación a la Constitución, es una violación al derecho al voto de los venezolanos y al sagrado derecho de elegir al nuevo presidente del país como debe ser.
Nunca había ocurrido, cuando se convocaban a elecciones porque hasta el mismo Chávez fue un político inclinado a realizar innumerables elecciones en Venezuela, demasiadas diría yo.
La comunidad internacional, la oposición venezolana y todos los factores democráticos deben denunciar está situación más allá de que María Corina Machado haya sido elegida por la Plataforma Unitaria como la candidata a las elecciones presidenciales.
Ni Nicolás Maduro, ni el poder electoral, ni Diosdado Cabello, ni Jorge Rodríguez ningún dirigente en el país tiene derecho a privar a los venezolanos de votar y por supuesto de participar como Dios manda y la Constitución en los comicios presidenciales.
Además, existe un acuerdo firmado en la reunión de Barbados entre la oposición y el gobierno donde existe el compromiso de convocar a las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año 2024.
En ese acuerdo se establece también la participación de los más de 7 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior, la depuración del registro electoral y la observación bajo estándares internacionales.
Es necesario desde ya romper con ese secreto y fijar de una vez la fecha definitiva de las elecciones presidenciales.
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