VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha procesado al exgerente de la extinta Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', y al exgerente de la Fundació Jaume II El Just Vicente Burgos por un presunto amaño en un contrato en una de las piezas del caso Imelsa.
En concreto, se trata de una de las piezas del procedimiento en las que se ha investigado el presunto pago de mordidas en adjudicaciones de contratos de Cultura.
En su resolución, consultada por Europa Press y contra la que cabe interponer recurso, el juez acuerda ampliar el auto de incoación de procedimiento abreviado contra Burgos y Benavent tras ordenárselo la Audiencia de Valencia.
Inicialmente el juez sobreseyó el procedimiento respecto a Burgos en octubre de 2021, decisión que fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción. Su recuso fue desestimado en marzo de 2023 por el juzgado pero sí admitido en apelación ante la Audiencia.
Así, el tribunal revocó el auto judicial y, con ello, el sobreseimiento acordado respecto de Burgos. Ordenó que se incluyera y se prosiguiera el procedimiento sobre el hecho investigado concerniente a la contratación de Benavent por la Fundació Jaume II El Just por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Así, el juez ha dictado ahora un auto por el que acuerda procesar en esta pieza a Benavent y a Burgos. Y, sobre los hechos, en su resolución recoge: "El 14 de octubre siendo gerente de la Fundación Jaume II el Just el investigado Vicente Burgos y, como tal, ostentando la jefatura de los servicios profesionales y técnicos del personal al servicio de la misma, el también investigado Marcos Benavent fue contratado como director de actos institucionales de dicha institución".
Por este contrato, Benavent percibió durante el periodo de vigencia contractual y hasta el 30 de julio de 2007, en que solicitó la excedencia laboral forzosa al ser contratado como gerente de Imelsa, un salario bruto de 164.676,08 euros.
De las actuaciones --prosigue el juez-- no se desprende que la contratación obedeciera a la prestación de servicios laborales de ningún tipo para la fundación, ni desarrollara actividad específica alguna relacionada con el objeto fundacional, ni ostentara un puesto de trabajo físico en la misma, "desempeñando en realidad durante ese tiempo funciones propias de asesor en la Consellería de Cultura", se indica.
