La derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 seguirá adelante en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía. La consejera Elena Hernáez ha dictado un auto en el que rechaza la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Oriol Junqueras, Raúl Romeva y otros siete codemandados más.
Según ha informado el órgano fiscalizador, dicha solicitud se basaba en salvaguardar los principios de economía procesal y antiformalista para "evitar posteriores trámites procedimentales innecesarios, una vez analizado el texto de la proposición de la ley de amnistía". Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos. No obstante, la consejera afirma que a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales, por lo que ha denegado la petición.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha posicionado en contra de esa petición al considerar que el mero registro de una proposición de ley no figura entre las causas previstas para suspender una vista que ya está señalada. “La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro de una certeza cuya existencia no se puede afirmar”, aseveró el fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, durante el juicio celebrado el pasado 17 de noviembre.
Se mantiene abierto así el procedimiento contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del secesionismo.
