El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo de España lo había pedido por activa y por pasiva, incluso "de forma urgente" en julio de 2020 tras los presuntos suicidios de un joven marroquí y otro de etnia gitana dentro de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Algeciras (Cádiz). También se había solicitado hasta en tres ocasiones antes de ambos sucesos, como ha venido informando este periódico. Recientemente, tras una visita incidental el pasado 17 de octubre por parte de dos técnicas y del propio director del MNP, "se comprobó la instalación de cámaras en el interior de casi todas las celdas", si bien se ha solicitado "ampliación de información" a la Secretaría de Estado de Seguridad.
La petición expresa de un sistema de videovigilancia que abarcara desde la entrada de la persona detenida en las instalaciones hasta la celda, incluyendo su interior, se produjo con mayor énfasis tras la muerte de Daniel Jiménez, de etnia gitana y cuya familia sigue sin compartir la hipótesis del suicidio (cuyo caso estudia el Tribunal Constitucional), y la del joven marroquí Imad Eraffali, de 23 años, que en enero de ese año 2020 murió en circunstancias muy similares.
Tras una visita sin previo aviso en junio de 2021, precisamente para comprobar esa y otras cuestiones detectadas en la anterior visita, el MNP denunció que la cobertura de videovigilancia no había experimentado variación en la comisaría aunque la Administración competente aseguraba que se había solicitado su instalación. La falta de cobertura del sistema de videovigilancia ya se advirtió en aquella visita de 2020 cuando el Defensor sugirió textualmente “realizar las actuaciones oportunas para que se proceda a la instalación, de forma urgente, de un sistema de videovigilancia CCTV en las dependencias de la Comisaría Local de Algeciras” desde la entrada hasta la celda. Todo ello "dado el riesgo autolítico que presentan estas dependencias, así como los dos suicidios consumados durante el año 2020”, insistió el MNP, que continuó sus indagaciones a raíz de una queja de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) acerca del funcionamiento de la comisaría.
En febrero del pasado año, según el último informe del MNP, la Secretaría de Estado de Seguridad había realizado ya trabajos de recableado en las dependencias y estaba prevista la instalación del sistema cerrado de videovigilancia para el primer trimestre del pasado año. En junio pasado se había llevado ya a cabo el recableado de la sede principal de la comisaría. Era un trabajo "que en principio estaba previsto finalizara en el mes de septiembre del 2021" pero se había prolongado hasta 2023 "debido a que la empresa encargada prescindió del personal que en principio asignó a estos trabajos, y se retrasó en la contratación de nuevos operarios".
El MNP del Defensor del Pueblo indicaba en junio que se había comenzado a instalar el nuevo sistema cerrado de cámaras de videovigilancia (CCTV) en el área de custodia de detenidos y que "mientras este nuevo sistema no se encuentre en funcionamiento, seguirán habilitadas las cámaras de videovigilancia que hasta ahora estaban funcionando en el área de custodia y detención". Las imágenes grabadas por estas cámaras tienen una permanencia de 28 días, mientras que las del nuevo sistema, tendrán una permanencia de 30 días, indicó el MNP, que tras la visita de octubre informa de que había comprobado "la instalación de cámaras en el interior de casi todas las celdas".
Cabe recordar que la familia de Daniel Jiménez sigue sin creerse la versión oficial de su muerte en la madrugada del 1 de junio de 2020. A sus 38 años, según los jueces y la Policía, falleció en esa comisaría por ahorcamiento. En su escrito remitido al Tribunal Constitucional, Juristas Gitanos recordó que la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad ya exigía la presencia de cámaras de videovigilancia en todas las celdas de las comisarías. Este periódico ya informó de las cinco “anomalías” que la familia había advertido en torno a su muerte y en las que, en cierto modo, ha insistido ante el alto tribunal, comentando que su muerte tuvo lugar unas horas después de hablar con su padre por teléfono para informarle que sería puesto en libertad a la mañana siguiente.
