En Países Bajos solíamos contemplar con cierto desdén la "guerra contra las drogas" del resto del mundo. Las soluciones eran prohibir, criminalizar y endurecer penas y sentencias; mientras que nuestra política nacional sobre las drogas, relativamente exitosa, se centró durante décadas en reducir los riesgos para la salud de los consumidores.
Toleramos drogas blandas como el cannabis, cuyo consumo personal está permitido en determinadas condiciones. Aunque las drogas duras son técnicamente ilegales, no se suele perseguir la posesión de pequeñas cantidades, como medio gramo de drogas duras o como una pastilla de éxtasis. La Policía sí tomaba medidas contundentes contra los grandes narcotraficantes, que por lo general solo operaban dentro del país. Había delitos relacionados con las drogas y hasta asesinatos, pero seguían siendo rastreables y en gran medida controlables. El narcotráfico prácticamente apenas afectaba a nuestra economía ni a nuestro día a día.
Ya no es así. Espoleado por la globalización y por la criminalización de las drogas en el mundo, el tráfico ilegal de estupefacientes se ha vuelto más lucrativo, profesional y despiadadamente violento, con efectos desastrosos.
El puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, se ha transformado durante la última década en un centro mundial de tránsito para la cocaína. Las autoridades neerlandesas no han logrado revertir esta tendencia pese a haber redoblado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Las últimas cifras hablan de un aumento récord en la cantidad de cocaína incautada: desde poco más de 22.000 kilos durante el primer semestre de 2022 a 29.702 kilos para el mismo período de 2023. Pueden parecer buenas noticias, pero lo que verdaderamente muestran es la escala gigantesca de lo que está ocurriendo. Nuestra lucha actual contra las drogas es como fregar con el grifo abierto.
Las últimas tendencias en el tráfico de drogas han despertado nuevas y serias preocupaciones. Hay niños de 14 años arrastrados a este tráfico ilegal como "recolectores de cocaína", y la violencia aumenta al mismo ritmo que las cantidades incautadas. En los últimos cinco años han muerto asesinados en Ámsterdam a plena luz del día tres figuras clave de un gran caso penal contra un grupo organizado internacional: el hermano de un testigo clave, el abogado, y un conocido periodista que actuaba como asesor.
Como centro financiero internacional, Ámsterdam se ha convertido en un mercado clave para determinar la demanda de drogas, con negociaciones y pagos desde todo el mundo. Un destino para los capos de la droga que buscan blanquear su dinero o canalizarlo hacia paraísos fiscales, contaminando cada vez más con sus ganancias a la economía legal, especialmente a los sectores inmobiliario, hostelero y de servicios empresariales.
Si seguimos por este camino, nuestra economía va a llenarse de dinero criminal, con la violencia alcanzando máximos históricos. Eso significa ruptura social, deterioro de los barrios, generaciones de jóvenes vulnerables atraídos por la delincuencia, y el debilitamiento del Estado de Derecho. Si no hay un cambio de rumbo radical, Países Bajos corre el riesgo de convertirse en un narcoestado.
Los desafíos a los que ahora nos enfrentamos en Países Bajos no representan un argumento contra nuestra política liberal en materia de drogas sino todo lo contrario. Tomemos como ejemplo la política que el Gobierno neerlandés adoptó con la MDMA, influido por una guerra global contra las drogas que desde finales de los 80 y principios de los 90 se ha vuelto cada vez más represiva.
En 1988 y bajo presión internacional, Países Bajos incluyó a la MDMA en la Ley del Opio, clasificando como droga dura a un estupefaciente que se usaba para ir de fiesta y era percibido como relativamente inofensivo. El cambio contribuyó de manera involuntaria a la rentabilidad de la producción ilegal de MDMA, sentando las bases de un lucrativo modelo de negocio para las organizaciones criminales, como así demuestran los 18.900 millones de euros en que se calcula la producción anual de éxtasis en Países Bajos (por su precio de venta en la calle). La experiencia deja en evidencia que alinearse con la tendencia mundial de prohibir las drogas puede tener resultados contraproducentes.
Lo que revelan los problemas actuales de Países Bajos es la necesidad de un cambio global en la política de drogas. No se trata de retractarnos de nuestra política centrada en el usuario, sino de abogar por el reconocimiento internacional de los efectos contraproducentes que genera la actual guerra contra las drogas. Necesitamos debatirlo urgentemente en los gobiernos locales, en los parlamentos nacionales, y especialmente, en las asambleas internacionales.
La prohibición de las drogas está consagrada en tratados internacionales que limitan la capacidad de los países para diseñar su propia política nacional. Por eso hay que crear nuevas alianzas internacionales donde la salud y la seguridad primen sobre las medidas punitivas. Esto implicará un esfuerzo de colaboración para reconsiderar y revisar estos tratados, fomentando un entorno global donde no haya barreras legales para desarrollar políticas innovadoras en materia de drogas que se centren en la salud.
Muchos ejemplos históricos pueden ayudarnos a encontrar alternativas a la actual guerra contra las drogas. Los mecanismos de reducción de daños que a principios de los 80 se introdujeron en Países Bajos, con repartos de metadona a adictos a la heroína y creación de zonas de consumo, mejoraron su salud y calidad de vida a la vez que reducían las molestias generadas por las drogas y la delincuencia. Berna anunció este verano ensayos de venta legal de cocaína con el objetivo de mejorar el control y las medidas de prevención –la capital suiza ya había ensayado antes la venta legal de cannabis–. Otro gran ejemplo es el de Uruguay, donde el Gobierno permitió el cannabis para uso recreativo, industrial y medicinal regulando el mercado con estrictas normas de producción, venta y distribución.
La regulación del mercado, el monopolio gubernamental, o el suministro con fines médicos son alternativas posibles, no necesariamente excluyentes. Ninguna es una solución rápida. Algunas drogas siguen generando riesgos enormes para la salud y los delincuentes ya han demostrado que recurrirán a la violencia para proteger sus ingresos. Eso significa que el cambio de rumbo debe ser deliberado y meditado, y que al principio habrá que esperar una reacción. Pero nada de esto puede servir de excusa para no actuar. El futuro de nuestros jóvenes, nuestra calidad de vida, la estabilidad de nuestra economía y el Estado de Derecho están en juego.
Traducción de Francisco de Zárate.
*Femke Halsema (Izquierda Verde) es la alcaldesa de Ámsterdam. El 26 de enero de 2024 se celebrará en Ámsterdam una conferencia internacional sobre la regulación en torno a las drogas.
