El posible secuestro con finalidad terrorista, desaparición forzada y tortura a cuatro destacados opositores al régimen de Guinea Ecuatorial residentes en España –uno de ellos fallecido en una cárcel del país africano en circunstancias no aclaradas– no se investigará en la Audiencia Nacional. Tras más de dos años de pesquisas, el juez Santiago Pedraz acordó el pasado lunes la cesión de la causa a Guinea Ecuatorial, que la había reclamado con el argumento de que su Corte de Suprema Justicia mantiene abierto un procedimiento “contra las mismas personas y por los mismos hechos”.
Esas personas son uno de los hijos y dos altos cargos del Gobierno de Teodoro Obiang, que lleva más de cuatro décadas dirigiendo el país con mano de hierro. Y los hechos son el secuestro en Sudán del Sur y el traslado en el avión presidencial a Malabo de cuatro opositores a su régimen, que después fueron encarcelados y sometidos a torturas “hasta el punto” de que uno de ellos falleció.
Ambas circunstancias hacen desconfiar a las acusaciones de que el procedimiento pueda desarrollarse con las debidas garantías en el país africano. A esos temores se suma también Amnistía Internacional, que ha documentado décadas de abusos y violaciones de derechos humanos como el encarcelamiento por cargos falsos de activistas y opositores y ha cuestionado la “falta de independencia e imparcialidad” de la justicia en Guinea Ecuatorial.
En su auto, el juez Pedraz alude al artículo 23.5 b) del Código Penal, que establece la jurisdicción subsidiaria de España respecto al tribunal del Estado en el que se cometieron los hechos o de la nacionalidad del imputado. Y afirma que “no hay base alguna (...) para considerar que Guinea Ecuatorial no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo”. Según la resolución, el instructor no tiene “acreditada” la “absoluta falta de imparcialidad e independencia del poder judicial” en Guinea a la que alude la acusación e indica que “a los efectos del citado artículo Guinea Ecuatorial es un Estado y dicho artículo no distingue 'tipo' de Estado alguno”.
“Es una decisión equivocada”, rebate Marta Colomer, experta en África Occidente de Amnistía Internacional, que recuerda que esa organización ha expresado en numerosos pronunciamientos la falta de independencia e imparcialidad de la justicia en Guinea Ecuatorial y lamenta la decisión del magistrado. “Es una decepción porque había esperanzas en que se fuera a poner luz sobre lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. No es un caso aislado, son muchos los presos que están siendo torturados, que llegan a morir y que no se sabe lo que ha pasado. Son prácticas habituales, recurrentes”, afirma en conversación con elDiario.es desde Dakar (Senegal).
En su informe para el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas de 2023, Amnistía Internacional ya instó a España, en relación a este asunto, a ejercer su competencia de forma efectiva para “perseguir los crímenes de derecho internacional”. Además, Colomer afirma que la decisión del juez de la Audiencia Nacional es “contraria” a la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2023, que reclamó una “investigación internacional independiente sobre estos hechos”. La Eurocámara afirmó su “extrema” preocupación por las acciones extraterritoriales del gobierno de Guinea Ecuatorial y urgió a Europol, Eurojust y a la Comisión Europea a trabajar conjuntamente con los Estados miembros para “proteger a los nacionales y a los residentes en la Unión Europea”.
La causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se dirigía contra el círculo de seguridad del presidente Obiang: Carmelo Ovono Obiang, uno de sus hijos y secretario de Estado de seguridad exterior; Nicolás Obama Nchama, ministro de Estado y responsable de la seguridad interior; e Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial. Tras salir a la luz la investigación, el vicepresidente e hijo del dictador acusó a España de “injerencia” y de querer “humillar” a su país.
Los tres están supuestamente implicados en el secuestro y las torturas infligidas a cuatro opositores residentes en España que pertenecen al Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República. Se trata de Martín Obiang Ondo Mbasogo, Bienvenido Ndong Ondo, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman. Los dos últimos tienen nacionalidad española. Obama Mefuman falleció el enero pasado en la prisión de Mongomo sin que las autoridades ecuatoguineanas hayan aceptado repatriar su cadáver.
Amnistía Internacional no es la única ONG que ha documentado las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos, la práctica sistemática de torturas y los juicios políticos sin fundamento legal ni garantías que se llevan a cabo en Guinea Ecuatorial. La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció las “violaciones a las garantías del debido proceso” del juicio en el que los cuatro opositores fueron condenados a penas de entre 70 y 90 años de prisión por la organización de un presunto golpe de Estado frustrado en diciembre de 2017 que habría tenido como objetivo matar a Obiang.
La Policía española, sin embargo, afirma en uno de los informes aportados a la causa que su actividad “no supone, bajo ningún concepto, una amenaza para la seguridad y el orden público español o de terceros países”. Durante esa vista, retransmitida en la televisión pública, los opositores hicieron declaraciones de autoinculpación, mostraron arrepentimiento y solicitaron clemencia a Obiang. HRW denunció las prácticas arbitrarias del procedimiento, que incluyó la obtención de confesiones mediante tortura y la conformación de un tribunal que no fue independiente ni imparcial.
Además, en la causa consta una nota informativa que Carlos Ondo Angue, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, dirigió a Obiang el 20 de octubre de 2017 en la que informaba de que había abierto en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia una “causa penal ficticia” para eludir el juicio al que estaba siendo sometido en Francia su hijo Teodorín. Con ello, Ondo Angue –ahora exiliado en París– pretendía mostrar que el régimen trata de urdir ahora una maniobra similar.
Por otro lado, según desveló Público, el encargado de instruir el caso contra el círculo de seguridad de Obiang es Eliseo Mengue Nvo Oyana, un juez al que descubrieron aceptando un soborno para mediar en un proceso judicial abierto contra la constructora General Work en el país africano. El periódico Diario Rombe, dirigido por un opositor, publicó en 2016 un vídeo que lo probaba. No es, ni mucho menos, el único caso de sobornos en el ámbito judicial que ha trascendido. El pasado noviembre dimitió el presidente del Tribunal Supremo, David Nguema Obiang Eyang, tras admitir que había cobrado más de 150.000 euros en sobornos de una empresa.
