A las puertas de que termine el plazo que el Ministerio de Sanidad ha dado a las comunidades autónomas para encontrar una propuesta de consenso sobre las mascarillas en centros de salud y hospitales, el acuerdo a estas alturas parece una quimera. Las consejerías presentarán a Mónica García diferentes alternativas para recuperar la medida: desde tener en cuenta la incidencia de infecciones respiratorias hasta establecer simplemente recomendaciones. Otras se mantienen en la obligatoriedad pero, si no hay unanimidad en las posturas, la ministra ya ha advertido que impondrá su uso universal en centros sanitarios, en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que ya se invocó durante la pandemia por covid.
Tras el tenso Consejo Interterritorial de este lunes, que terminó sin acuerdo y entre críticas de varias comunidades de diferente signo político por no haber convocado previamente la Ponencia de Alertas o la Comisión de Salud Pública, donde se preparan estas reuniones con los técnicos, media docena de comunidades pedirán a Sanidad que la obligación de utilizar la mascarilla en los centros sanitarios atienda a ciertos criterios técnicos. A falta de conocer cuáles y en qué baremos se aplicarían esos criterios, desde varias consejerías se menciona la incidencia, que según el último dato disponible se sitúa en los 952,9 casos por cada 100.000 habitantes.
Las consejerías que han expresado que se establezcan esos indicadores son las de Madrid, La Rioja, Andalucía, Valencia y Balears, del PP, y Euskadi, en manos del PNV. Aunque lo han hecho en diferente tono. Fátima Matute, titular de sanidad madrileña, ha reclamado "una comisión de expertos que respalde técnicamente todas estas decisiones", pero ha defendido que ya están "haciendo los deberes" y que algunas de las recomendaciones que Sanidad trasladó el lunes ya se están tomando, por lo que "no hace falta" que se presenten alegaciones.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a través de su cuenta de X que "Madrid tiene menor incidencia porque lleva mucho tiempo trabajando contra la gripe". Según los mismos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, la región está en la media nacional. La última semana del año aumentó 33 puntos respecto a la anterior.
Desde Andalucía sí presentarán alegaciones, que irán enfocadas a establecer criterios técnicos. La clave estará en el umbral y a partir de cuánta incidencia considera cada consejería que habría que imponer la mascarilla en centros de salud y hospitales porque en esta comunidad la tasa es de 504 casos, casi la mitad que en Madrid. En Valencia, el conseller Marciano Gómez también defenderá esta postura, pero en esta comunidad, con 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, es obligatoria desde el sábado.
Euskadi es también una de las comunidades con las tasas más bajas, en torno a 550 casos a finales de diciembre. La consejera Gotzone Sagardui, muy crítica con las "formas" y el "fondo" del Ministerio, pedirá que cada región pueda aplicar los planes de contingencia en función de su situación epidemiológica, más allá de que sea bueno compartir experiencias. Sagardui recordará en sus alegaciones que tiene competencias propias y se opondrá a la obligatoriedad de las mascarillas.
Balears y La Rioja también quieren que se tenga en cuenta la incidencia propia. El Govern balear ha asegurado que acatará la medida y su consellera, Manuela García, ha adelantado que las alegaciones presentadas al Gobierno central incluyen la elaboración de un protocolo que permita decidir o no el uso de la mascarilla en función de ese criterio, mientras ha acusado a Sanidad de invadir competencias. Su homóloga riojana, María Martín, ha defendido la posibilidad de un entendimiento en el Consejo Interterritorial. "Es muy fácil ponerse de acuerdo" cuando hay "unos indicadores, basándonos en incidencia, número de vacunados y eficacia de la vacuna".
En Navarra, abogarán "más por una recomendación que por una obligación". Según fuentes del departamento de salud, es en esos términos en los que intervino el lunes su consejero, Fernando Domínguez, de Geroa Bai, y en los que han trabajado las alegaciones. Además, han advertido que, en caso de que Sanidad imponga el uso de la mascarilla en todo el territorio, se "analizarán jurídicamente las condiciones" pero "si no hay alternativa", se acatará la decisión. En Extremadura también han optado por la recomendación. Como en Cantabria, donde han sido muy críticos con el Ministerio, pero no aclaran si presentarán alegaciones.
En Asturias, con 1.319 casos por cada 100.000 habitantes registrados en el sistema centinela, anunciaron esta misma semana la obligatoriedad, ante el aumento de casos y el temor a que este alterase la atención normal en los quirófanos, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, que han tenido que aplazar intervenciones. Fuentes consultadas por elDiario.es indican que este miércoles "escucharán" al resto de administraciones y comunicarán su decisión. En una situación similar se encuentra Catalunya, donde la obligatoriedad entró en vigor este martes y donde no les afecta esa hipotética imposición de Sanidad en caso de que no haya consenso, porque ya la aplican.
Castilla-La Mancha se opone a la obligatoriedad de mascarillas en espacios sanitarios que anunció este lunes la ministra Mónica García y que refrendó el martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, al considerar que el objetivo es "devolver la normalidad a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, a nuestros centros de Atención Primaria, evitar las tensiones y los colapsos". La región, presidida por el socialista Emiliano García-Page, era la que presentaba peores datos a final de año, con una tasa de 1.709 casos, y ha mantenido un discurso errático en los últimos días: primero recomendó su uso, luego dijo que apoyaría la obligatoriedad y, finalmente, que sea una recomendación. Con todo, desde la consejería de salud indican que les gustaría "conocer la visión de los técnicos" y del resto de comunidades.
Entre las consejerías que continúan preparando sus propuestas están Galicia, que traslada que "presentará sus alegaciones, como el resto". En una entrevista a la Radio Galega, su conselleiro, Julio García Comesaña, ha indicado que "nunca se impuso nada en el Consejo Interterritorial, ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia". Murcia tampoco ha aclarado si apoyará la postura del Ministerio, que es la que aplica desde el lunes, pero que no ha evitado que su presidente, Fernando López Miras, acuse a García, que planteó ese mismo día su uso obligatorio, de llegar "tarde y mal".
En la misma medida se ha pronunciado el consejero castellanoleonés, Alejandro Vázquez. Su departamento está estudiando las alegaciones, aunque la postura ha sido hasta el momento recomendar su uso, pese a que Vázquez ha llegado a defender que usar la mascarilla en los centros sanitarios no tiene "ningún impacto a nivel poblacional".
Canarias ha impuesto la medida en centros sanitarios desde este martes, con carácter transitorio, como consecuencia del crecimiento de las infecciones respiratorias y para tratar de frenar la cadena de contagios y proteger a los profesionales sanitarios. Aragón, que inicialmente había adoptado la medida para los trabajadores de centros sanitarios, la amplió este lunes a los pacientes en salas de espera.
Gráficos de Raúl Sánchez.
Esta información se ha elaborado gracias al trabajo de todas las ediciones locales de elDiario.es.
