Aún no hay respuesta desde Bruselas sobre si finalmente aceptará o no la petición para que el comisario de Justicia, Didier Reynders, ejerza como mediador de confianza para impulsar las negociaciones que deberían poner fin a los más de cinco años que lleva en funciones el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las escasas señales que llegan desde la capital europea mantienen la incertidumbre, sobre todo después de que se conocieran las declaraciones de dos portavoces. Y es que los mensajes de los últimos días se han centrado en recordar que, aunque se reconoce la urgencia del problema y los efectos colaterales que tiene en el correcto funcionamiento del Poder Judicial, este no deja de ser un problema nacional. La responsabilidad, recordaba el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, «es de las autoridades españolas, no de la Comisión». En este sentido se pronunció al ser preguntado sobre si ya había una decisión.
Además, pidió paciencia y «tiempo» para que las autoridades europeas reflexionen sobre las implicaciones que tendría acceder a desempeñar este rol inédito, que se le solicitó justo antes de Navidad. «Dadnos un poco de tiempo. Queremos asegurar que la manera en que respondamos ayudará a avanzar en el proceso», concluyó Mamer, que considera poco razonable que ahora se presione por una respuesta sobre un conflicto que lleva tanto tiempo sin ser resuelto.
Tal como confirman fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, nunca antes se había dado esta situación: que el comisario de Justicia o cualquier otra autoridad tuviera que interceder para que los partidos acuerden la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Tampoco ha sido necesaria su intervención para que ningún otro país reforme el sistema de elección de los vocales que lo componen para que se ajuste a los parámetros fijados desde Europa: que la mayoría de sus integrantes sean elegidos por los propios jueces. Para algunos juristas, esta petición resulta «rocambolesca», pero otros lo consideran indispensable por los precedentes que hay de negociaciones anteriores y la desconfianza reinante entre el PP y el PSOE, los partidos que tienen la llave para la renovación con el sistema actual de elección.
Pero Mamer no ha sido el único que ha bajado las expectativas sobre el rol que podría desempeñar Bruselas para poner fin al bloqueo imperante en la renovación del consejo. El portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, confirmó que siguen reflexionando sobre esta solicitud para «facilitar» los contactos e impulsar las negociaciones sobre la reforma del órgano de gobierno de los jueces. «Puedo repetir la clara posición sobre este tema en nuestro informe sobre el Estado de derecho: para la Comisión es importante que la nominación de los miembros del CGPJ se aborde como prioridad e inmediatamente después se inicie el proceso para la reforma del proceso de designación, según los estándares europeos», añadió Wigand.
El escepticismo crece entre quienes vieron en el acuerdo del 22 de diciembre entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para que la Comisión Europea supervisara este nuevo intento de acuerdo. El propio Feijóo aseguró ayer que eurodiputados del PP «tantearon» esta posibilidad con la Comisión y que la respuesta había sido positiva. Habrá que esperar.
