La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) confirmó que tiene en estudio de admisibilidad una denuncia sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa)
Si bien la PEP evitó referirse al detalle del caso, el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció el 7 de diciembre la presentación de una denuncia sobre los negocios que varias instituciones han hecho mediante contrataciones directas otorgadas a Racsa.
Nicolás cuestionó que Radiográfica negocie con entidades públicas para que le asignen, de forma directa, más de 40 contrataciones para desarrollo de software y tecnología informática, pero luego subcontrata los servicios a empresas seleccionadas previamente por Racsa.
En segundo lugar, el liberacionista se refirió a “más de 20 o 30 contrataciones” hechas por Radiográfica con Oracle, para adjudicarle directamente servicios de software y mantenimiento de equipos informáticos.
Además, afirmó que el Ministerio de Justicia hizo una licitación de emergencia y adjudicó a Racsa un contrato por un año (que vence el 29 de junio 2024), en modalidad según demanda, para proveer tobilleras electrónicas por un monto de $9,61 por día por persona.
Para este negocio, Racsa subcontrató a la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S.A., para suplir la tecnología del fabricante brasileño Synergie.
No obstante, el diputado expuso que, mediante licitación internacional, Justicia tiene otro contrato firmado desde abril con el Consorcio para Monitoreo de Personas en CR, integrado por SGSV, Racsa y Synergie, por un monto de $5,99 por tobillera diaria por persona, por lo que no encuentra lógica en la diferencia de precios.
Finalmente, Francisco Nicolás dijo que Racsa contrató de manera directa a la empresa Datasys servicios de tecnología 5G, pero alega que esa empresa afronta cuestionamientos en Guatemala.
El pasado 20 de diciembre, la Contraloría General de la República (CGR) frenó la intención del gobierno de contratar a Racsa, mediante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), para que se encargara de la instalación y operación de escáneres antidroga en puertos marítimos y terrestres.
Racsa no provee escáneres, sino que se había aliado con un consorcio mediante un concurso confidencial. La CGR concluyó que la contratación directa entre entidades públicas exige que el oferente (en este caso Racsa) acredite su capacidad de ejecutar directamente la parte sustancial de lo acordado, con la posibilidad de contratar con terceros únicamente cuestiones especializadas y accesorias.
Por ello, consideró inaceptable la posibilidad de utilizar la alianza estratégica para completar requisitos.
Contraloría ordena a gobierno frenar polémica contratación de escáneres de Racsa
El día en que el diputado Francisco Nicolás anunció su denuncia, Racsa negó los cuestionamientos del congresista y alegó que es falso que haga una selección a dedo de un grupo selecto de empresas privadas.
Alegó que que, para convertirse en su proveedor, Oracle tuvo que pasar por un “riguroso proceso de certificación y de transparencia”, con el fin de garantizar calidad y precio a las instituciones estatales.
En cuanto a las críticas sobre las tobilleras electrónicas, Radiográfica adujo que el consorcio en el que participó fue contratado por el Ministerio de Justicia en un concurso abierto.
En tanto, Datasys negó tener algún proceso judicial abierto en territorio guatemalteco
En la Procuraduría de la Ética, la investigación se estudia bajo el expediente número DEP-393-2023.
La oficina de Prensa y Comunicación de la Procuraduría General de la República (PGR) evitó emitir criterio alguno respecto a la persona o personas denunciantes de ese caso, pues la Ley de Control Interno y la ley anticorrupción establecen prohibición para hacer manifestaciones sobre ello.
