Foto de archivo cortesía de Jorge Mejía peralta / redes sociales
El complicado panorama de los delitos sexuales en Uruguay se revela con cifras alarmantes: el 97% de los condenados son hombres, mayormente en el rango de 36 a 45 años, mientras que las víctimas, en su mayoría mujeres y niños, enfrentan un sistema saturado y una espera angustiante.
El año 2023 culminó con un abrumador total de 2,647 denuncias por delitos sexuales, evidenciando una realidad que parece pasar desapercibida en la sociedad. Más de siete denuncias al día sumergen a la población en una espiral de violencia que deja cicatrices imborrables en las víctimas. El sociólogo David Finkelhor señala en su extensa bibliografía que las secuelas psicológicas y emocionales persisten de por vida, sin que la sociedad logre internalizar la gravedad del problema.
La carga de denuncias ha llevado al colapso a las cuatro fiscalías especializadas, y la última Rendición de Cuentas aprobó la creación de dos sedes adicionales para paliar la situación. Sin embargo, se estima que más de tres mil quinientos expedientes aguardan su resolución en el sistema judicial.
Cada fiscalía cuenta con un fiscal, un adscripto y entre cinco y siete funcionarios administrativos. Pero el desafío se intensifica con megacausas como la del exsenador Gustavo Penadés, acusado de múltiples delitos sexuales. Estos casos, con sus múltiples derivaciones y repercusión mediática, sobrepasan la capacidad del sistema.
En casos de esta magnitud, el Fiscal de Corte se ve obligado a designar adscriptos adicionales para evitar paralizar otras denuncias, relegando a un segundo plano aquellos que no se consideran prioritarios.
El juzgado de sexto turno de Delitos Sexuales, encargado del caso Penadés, acumula más de mil carpetas sin tocar en un año. Mayormente catalogados como “casos fríos”, estos quedan en espera hasta que surja nueva evidencia o testigos. Las víctimas, en su desesperación, llaman periódicamente buscando respuestas, pero las noticias raramente son alentadoras.
La propuesta de detener la rutina judicial para revisar cada expediente y depurar casos, aunque lógica, amenaza con crear un embudo mayor y perjudicar a nuevos casos urgentes que requieren pericias rápidas.
A diferencia de otros delitos, los acusados por delitos sexuales rara vez llegan a un acuerdo. En el 90% de los casos, se llevan a juicio, complicando aún más los procesos. La fiscalía de Delitos Sexuales se ve obligada a preparar más juicios que el promedio, y tiene solo un año para hacerlo después de la formalización del imputado.
A pesar de las casi 500 condenas anuales desde 2019, representando el 20% de las denuncias, la realidad persiste. El 97% de los condenados son hombres, principalmente en el rango de 36 a 45 años, seguidos por aquellos de 26 a 35 años y mayores de 55 años.
Los estudios realizados en las últimas dos décadas subrayan que más del 80% de las víctimas son mujeres, y casi el 60% son menores de edad. En su gran mayoría, los abusos ocurren en el ámbito intrafamiliar, perpetrados por padres, padrastros, tíos o abuelos. La escasa posibilidad de acuerdos y el 90% de los casos yendo a juicio prolongan los procesos, aumentando el sufrimiento de las víctimas.
Los abusadores, en su mayoría, niegan los hechos incluso cuando existen pruebas abrumadoras. Operadores de la justicia destacan la dificultad de encontrar patologías comunes entre ellos. “Saben perfectamente lo que hicieron, pero lo niegan”, afirman, contribuyendo a la perpetuación del sufrimiento de las víctimas, especialmente cuando se trata de niños.
