El derecho a cotizar a la Seguridad Social de cientos de miles de becarios se ha iniciado el día 1 de enero. Con el comienzo de año ha entrado en vigor la medida que se aprobó en la pasada reforma de pensiones. Así, el tiempo desempeñado en sus prácticas, sean remuneradas o no, se tendrá en cuenta de cara a su futura jubilación. No obstante, en las universidades y las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han mostrado su disconformidad y tratado de posponer la medida hasta el último momento. Algo que en esta ocasión el Gobierno rechazó, tras retrasar ya su entrada en vigor del pasado octubre al inicio de 2024.
Hasta ahora, los becarios ya cotizaban en el caso de las prácticas remuneradas, entre 60.000 y 100.000 personas de media mensual, pero estaba pendiente extender este derecho entre quienes realizan prácticas no pagadas. Una situación que alcanza a multitud de estudiantes.
Aunque no hay una cifra cerrada de posibles beneficiarios, en CCOO recuerdan que “en nuestro país se encuentran matriculados 1,5 millones de universitarios y cerca de un millón de estudiantes de formación profesional”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social. Por ello, en el sindicato consideran que se pueden incorporar a la cotización unas “400.000 o 500.0000 personas” mensualmente.
La cotización de los becarios, regulada en la segunda fase de la reforma de pensiones, supondrá el reconocimiento de este tiempo como trabajado a efectos de la futura pensión. No incluye aportaciones para la protección por desempleo, es decir, que no genera derecho a paro. Tampoco se cotiza al FOGASA ni por formación profesional.
La medida lleva prometiéndose desde hace años, pero no llegaba a aprobarse, con una gran resistencia por parte de las universidades. El año pasado, el Gobierno legisló la entrada en vigor para el 1 de octubre, pero finalmente la Seguridad Social dio tres meses más a la adaptación, hasta el próximo 1 de enero, tras la presión de los rectores y varias Comunidades Autónomas.
La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, agrupa a los 76 principales campus de España, públicos y privados) ha afirmado en multitud de ocasiones que no comparte la medida y, además, ha denunciado “dificultades técnicas” para llevarla a cabo y un sobrecoste “administrativo” ante unas cuentas que ya afrontan muchas limitaciones.
El macrodecreto aprobado por el Gobierno la semana pasada recogió el despliegue de la cotización, para la que se prevé cierto margen en la tramitación, con “un plazo excepcional, que finalizará el día 31 de marzo de 2024”, para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y las bajas en la Seguridad Social correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2024.
El derecho a cotizar de todos los becarios se inicia este 2024 con una amplia bonificación del Estado, que asume prácticamente todo el coste. Este año, el Estado asume el 95% del coste, que en el caso de los estudiantes de Formación Profesional alcanza al 100%, indican desde el Ministerio de Educación. El departamento que dirige la ministra Pilar Alegría asumirá el coste del 5% restante en 2024, informa Daniel Sánchez Caballero.
Según el decreto aprobado a finales de año, con las ayudas del Estado, resulta “una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 0,13 euros por contingencias comunes excluida la prestación por incapacidad temporal, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual de 2,89 por contingencias comunes”. Los sindicatos han reiterado el escaso coste económico de la medida frente a las quejas de universidades y ciertos ámbitos educativos.
En el caso de las universidades, en principio las empresas son las que deberían asumir ese 5% de la cotización. Sin embargo, en la CRUE denuncian que la regulación abrió la puerta a que en ocasiones fueran los centros educativos los que asumieran el coste, gracias a un acuerdo con las empresas, algo “excepcional” pero que están pidiendo la mayoría de compañías y también de Administraciones Públicas, lamenta la organización de rectores.
Otro de los focos de resistencia, además de los rectores, se ha centrado en las Comunidades Autónomas del PP, que en la pasada Conferencia Sectorial de Educación intentaron de nuevo presionar para aplazar la medida. Sin embargo, en esta ocasión ni Educación ni la Seguridad Social aceptaron una nueva demora y destacaron la necesidad de implementar ya este nuevo derecho a los estudiantes.
“No se debe perder de vista que es una extensión de derechos, particularmente necesaria para el futuro de jóvenes”, subrayó en diciembre Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social. Además de una mayor protección en el desempeño de las prácticas, por ejemplo en caso de accidente, también supone el “inicio de una carrera de cotización” y una “toma de conciencia” de cómo funciona el sistema de la Seguridad Social, que hoy paga la protección social y las prestaciones de los pensionistas del presente y que también genera derechos a futuro para los estudiantes.
Suárez advirtió también de que la Seguridad Social lleva meses colaborando con el conjunto de administraciones educativas y regionales para solventar “las dificultades técnicas” que estas han ido señalando.
El Gobierno reguló además la opción de suscribir un convenio especial, “por una única vez”, que posibilite “el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes” de la entrada en vigor de la cotización. En un inicio el Ejecutivo ofreció esta opción por dos años, pero después amplió el periodo “hasta un máximo de cinco años”.
El macrodecreto de final de 2023 recoge esta posibilidad también para “los periodos prestados por aquellos que, siendo graduados universitarios y a través de los correspondientes estudios oficiales de doctorado, antes de 4 de febrero de 2006” hayan participado en programas de formación de naturaleza investigadora, “tanto en España como en el extranjero”, una medida pensaba para facilitar la futura jubilación de estas personas investigadoras.
De cara a esta nueva legislatura aún queda pendiente la aprobación del llamado Estatuto del Becario, con más derechos para los estudiantes en prácticas, como a vacaciones o a la compensación de gastos, como el transporte. El pasado mandato quedó finalmente en un cajón ante el adelanto electoral después de que Trabajo lograra un acuerdo solo con los sindicatos y que la parte socialista del Gobierno no respaldara su aprobación.
