456.000 niños y adolescentes viven actualmente en hogares pobres o en pobreza extrema y enfrentan el riesgo de perpetuar esa condición, debido a los recortes sistemáticos que los Gobiernos han venido haciendo en educación y programas de asistencia social.
Así se desprende del último Informe del Programa Estado de la Nación, dado a conocer el 23 de noviembre. El análisis revela que los menores de 18 años son la población que sufre una de las tasas más altas de pobreza.
Según el estudio, entre el 2012 y 2022, en promedio, un 35,6% de los menores de edad vivía en hogares pobres. La cifra del 2022 aumenta en 2,7 puntos porcentuales ese promedio y es equivalente a 456.000 niños y adolescentes.
El porcentaje de menores en pobreza casi dobla al de la población adulta, pues en el grupo de 18 a 64 años, esa condición alcanza al 20,6% de la población.
El Estado de la Nación estima que sería necesario ajustar en un 16,5% el ingreso per cápita de los hogares pobres donde viven niños y adolescentes, para que estas personas superen la línea de pobreza. En el 2017, el ajuste necesario era de 13,6%.
Eso significa que el ingreso familiar debería incrementarse casi en ¢20.000 por persona; al considerar que estos hogares son más numerosos (en promedio viven 5 miembros), el informe concluye que para sacar de la condición de pobreza a los menores, un hogar debería aumentar sus ingresos en ¢103.000 por mes.
Al analizar las condiciones de este grupo, el documento señala que uno de cada tres niños y jóvenes son pobres en la región Central, mientras que en la región Huetar Caribe esa situación la enfrentan la mitad de los menores de 18 años, y en las regiones Brunca, Pacífico central y Huetar norte, el porcentaje ronda entre el 44 y 48%.
Al desagregar las edades, destaca que los menores de siete años son los más afectados (40%), seguidos por el grupo de 8 a 12 años (38%).
Además, se desprende que la cantidad de menores de edad guarda una estrecha relación con el nivel de pobreza del hogar: si en la familia hay un menor de edad, la condición de pobreza está presente en un 20% de las familias, pero se eleva al 53% cuando viven tres menores y después del quinto niño, las probabilidades de vivir en pobreza casi son generalizadas.
La alta tasa de pobreza entre esta población se debe, según esa investigación, a una combinación de factores, que incluyen empleos e ingresos insuficientes y el tamaño del hogar, entre otros.
El Estado de la Nación, no solo llama la atención sobre la situación que enfrenta uno de los grupos poblacionales más vulnerables, sino también advierte que esta podría perpetuarse debido a que la inversión pública en la niñez y adolescencia enfrenta un escenario de riesgo de recortes en los próximos años.
Para ilustrar esa conclusión, el documento analizó cuatro programas sociales dirigidos específicamente a esa población: becas estudiantiles, Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y los programas de equidad en educación, en los que se incluye el de alimentación y nutrición escolar y del adolescente (Panea, conocido como comedores estudiantiles) y el de transporte para estudiantes.
El presupuesto total de estos programas ascendió a ¢316.268 millones en el 2022, y se tenía una proyección al 2023 de ¢280.679 millones.
Se estima que si el presupuesto del 2023 hubiera mantenido la participación del producto interno bruto (PIB) del 2022, el monto asignado habría crecido en ¢53.588,5 millones, no obstante más bien decreció; pero además, si se considerara el aumento con base del PIB del 2019, entonces se hubiera tenido que asignar ¢74.378 millones más.
“Mientras la regla fiscal se aplique bajo el escenario actual, el gasto en estos programas sociales se desacelerará por debajo del crecimiento de la economía (...) Individualmente, el programa más perjudicado sería comedores estudiantiles, seguido por las becas Avancemos y la Red de Cuido”, explica el estudio.
Basado en estudios internacionales, el Estado de la Nación subrayó, además, el impacto en materia de transferencias monetarias y reducción de pobreza, que no se refleja solamente en la disminución de las necesidades económicas.
Recuerda que crecer en condiciones de pobreza tiene implicaciones importantes sobre el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional, lo cual se traduce en un menor desarrollo humano para el país.
Asimismo, el análisis alerta de que aun cuando la cantidad de menores de edad tienda a la baja, las necesidades para este grupo etario presionan al alza, porque en la actualidad no todos los servicios llegan a los grupos meta, de forma que todavía se ocupan recursos para avanzar en la cobertura porque “la calidad del servicio cuenta y cuesta”.
“Aun si la educación primaria se encuentra cerca de la cobertura universal, un servicio de calidad demanda fondos (por ejemplo, computadoras, infraestructura deportiva, etc.)”, agrega.
De acuerdo con la investigadora Natalia Morales Aguilar, la transición demográfica que enfrenta el país, debe ser considerada como un indicador para dar la importancia que requiere al tema de la educación de calidad a las personas más jóvenes.
“En uno de los peores momentos de la historia del país estamos desfinanciando educación (...) En el pasado, esa educación, sobre todo pública, hizo que se dieran oportunidades de ascenso y movilidad y social, no es solo un tema de acceso, sino de calidad, si hubiera que invertir recursos escasos, dirigir la inversión a la educación es invertir en el futuro”, aseveró.
Para el 2022, la inversión en educación por persona fue menor a la que se tenía en el 2010. En términos absolutos, el monto destinado a este sector representó apenas el 5,9% del PIB, alejado del 8% que señala la Constitución Política de Costa Rica.
El Estado de la Nación determinó que la reducción de recursos ocurre en todos los niveles educativos, junto con los programas de incentivos para estudiar. El único rubro que experimentó un aumento es la inversión en educación destinada a la formación profesional.
El deterioro en los programas de asistencia, no impacta únicamente a los más jóvenes, en general el informe destaca la disminución de la inversión social pública dentro de las prioridades del gasto.
Según el análisis, si bien la inversión social sufrió una contracción en 2020, tuvo una recuperación parcial en 2021, pero en el 2022 nuevamente volvió a caer, pese a la mejora de la economía posterior a la pandemia.
El año pasado la inversión real por habitante fue ¢293.000, un monto menor a los ¢297.000 que se invirtieron en el 2019 y apenas 20% más que lo que se invertía hace 42 años, cuando ese rubro fue de ¢244.000 por persona.
Morales apuntó que las prioridades del Gobierno evidencian una mayor importancia al pago de servicios de deuda que creció “aceleradamente”, mientras la inversión social cayó 6 puntos entre el 2019 y 2022.
Esa contención del gasto, erosionó tres componentes claves: la educación, la protección social y la salud.
Entre 2021 y 2022, la inversión social cayó un 4,6% por persona en educación, un 3,6% en protección social (pensiones y programas selectivos) y un 2% en salud.
“Esta tendencia amenaza con afectar directamente las oportunidades y servicios a los que accede la población, impactando con más fuerza a los grupos más vulnerables y pobres, que utilizan con más frecuencia los servicios públicos”, añadió Morales.
Sin embargo, a criterio de los expertos el Estado más bien debería fortalecer la inversión en los grupos más vulnerables, debido a que no todos los servicios tienen cobertura universal, además los servicios de calidad no son asequibles y en la actualidad existen necesidades que hace una década no existían.
Adicionalmente, el informe apunta que ese deterioro en las condiciones de vida que están enfrentando las poblaciones con mayor necesidad, exacerba la violencia en todos sus ámbitos.
La investigadora agregó que la falta de generación de bienestar a través del mercado laboral, las desigualdades en el sistema productivo, donde solo se genera crecimiento en un sector muy particular, sumado a la política de contención del gasto mediante el recorte de asistencias sociales, podría generar un mayor empobrecimiento, cuyo impacto será visible y difícil de revertir en el mediano plazo.
“Los efectos de los recortes de hoy lo vamos a ver de aquí a 10 años, cuando tengamos una generación que no se gradúa o cuando haya una población adulta mayor sin opciones de pensiones de régimen no contributivo o una red de cuido que sigue sin atender a esa generación más joven, recortar la inversión no es algo que tenga efectos inmediatos y revertir eso no se logra de un día para otro”.
El año pasado, casi la mitad (45%) de las personas mayores de 60 años carecía de una pensión y después de casi una década de trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) los ingresos anuales completos, el año pasado el Poder Ejecutivo volvió a incumplir lo establecido en la ley y se transfirieron montos muy por debajo del porcentaje que por recaudación le corresponden.
“Partiendo del hecho de que las poblaciones más pobres y vulnerables son las que más acceden y utilizan los programas y servicios sociales, como la salud y la educación pública, así como los beneficios selectivos a lo largo de su vida, es de esperar que los efectos de la contención del gasto público caigan más fuertemente sobre las condiciones de vida de estas poblaciones”, concluye el informe.
Consultado sobre las advertencias realizadas por el Estado de la Nación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que la inversión en educación, salud y protección social es “crucial para equiparar la cancha” y calificó las inversiones sociales como una “obligación moral” y a la vez una estrategia de desarrollo económico.
El jerarca sostuvo que el contexto social y económico del país “hace prever” que el gasto social mostrará una tendencia al alza, aunque reconoció los retos que implicarán esos ajustes en medio de la política fiscal.
“La regla fiscal ha sido un instrumento clave en la ruta de sostenibilidad fiscal costarricense, que vino a poner orden al gasto público (...) Hemos hecho un esfuerzo importante para que la distribución de recursos dentro del presupuesto se incline a favor programas de alto impacto para la sociedad (...)
La apuesta del Gobierno para paliar la reducción en la atención social se enfoca en la reducción de la deuda en el menor tiempo posible, para beneficiar a mediano plazo los programas sociales.
“Al tener menor deuda, se deberá pagar menos en intereses, lo cual liberará recursos que podrán ser dirigidos a gasto público de alto impacto social y al reducir la deuda, podremos abandonar el escenario de regla fiscal más restrictivo, lo que nos dará un poco más de espacio los rubros de gasto social a los cuales se hace mención”, agregó.
