Los automóviles intervenidos por la Guardia Civil de Toledo que están abandonados y sin piezas en un aparcamiento público de la capital de Castilla-La Mancha, como denunció ABC este viernes , no son casos excepcionales. En los alrededores de cuarteles de poblaciones grandes de la provincia también hay varios ejemplos, si bien parece que están más vigilados. O en comisarías de la Policía Nacional, como en Talavera de la Reina, donde «algunos vehículos se caen a cachos, pero están controlados por cámaras, aunque están en la calle». «Normalmente, cuando hay sitio, existe una especie de aparcamiento cerrado y están vigilados», puntualizan fuentes sindicales. Subrayan igualmente que esos automóviles confiscados, que son piezas de convicción en los procedimientos judiciales, pueden ser reclamados por sus legítimos propietarios cuando el caso llega a término. También se dan situaciones graciosas en las que los compradores de chatarra se interesan por los vehículos cuando los ven abandonados en las inmediaciones de los cuarteles y comisarías. «Perdone, ¿se venden estos coches?», preguntan educadamente a los agentes. «El problema de todo esto es debido a que son vehículos intervenidos judicialmente. No hay ningún depósito donde el juzgado ordene dejarlos, porque no hay convenio con ayuntamientos o depósito judicial», explican desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) cuando se le pregunta por los vehículos decomisados que están abandonados en un aparcamiento público de Toledo sin ningún control. «Los juzgados tienen conocimiento de la intervención de cada coche y siempre queda a disposición judicial», insiste un capitán de la Guardia Civil, quien añade: «En otros países europeos se hace una gestión adecuada de lo que se interviene. Es una queja continua en toda España y nadie le pone el cascabel al gato», con vehículos requisados que llevan más de una década en la calle. «O un Audi decomisado hace al menos 15 años», cita otro agente cuando se le pregunta por el turismo más antiguo en su cuartel. En determinados casos, el Ministerio de Justicia, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), puede vender coches judicializados por delitos relacionados con organizaciones criminales. «Pero es el juez quien debe determinar qué coche puede salir a subasta. Entonces el dinero que se obtenga se ingresa en la cuenta de consignaciones del juzgado y se quita el problema. El coche se venderá a un precio bueno si no ha pasado el tiempo; de lo contrario, se depreciarán y quedarán abandonados, como el caso de los coches que hay en el aparcamiento de Toledo», señalan fuentes consultadas por ABC. Cuentan desde la AUGC que antes se dejaban dentro de los patios de los acuartelamientos, que se convertían en cementerios de estos vehículos porque se podían tirar años y años allí dentro«. Afirman que hace años se ordenó sacar esos automóviles y dejarlos en la vía pública, donde no estorbaran, »pero pasa lo de siempre«. Las fuentes de la UGC consultadas hablan de «descoordinación» entre juzgados, ayuntamientos y los cuerpos y fuerzas de seguridad, «pero al final parece que los malos somos nosotros o los que no sabemos trabajar, pero es todo lo contrario». Por eso recomienda que el vehículo esté en la calle, donde no moleste, «y diligencia a su señoría judicial dando cuenta; la pelota ya estará en el juzgado, que hará nada. Es la historia de siempre». «Es un problema que ocurre donde hay un cuartel o un retén policial», dice un guardia civil, que explica que la responsabilidad es del juzgado y que debe ser el ayuntamiento el que retire los vehículos y que pase el gasto al juzgado correspondiente. «En las calles aledañas a todos los cuarteles pasa lo mismo», enfatiza resignado. Pero no siempre sucede así. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene depositados, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Santa Olalla, alrededor de una veintena de vehículos intervenidos. Recordando el refrán, siempre ha habido excepciones que han confirmado la regla.
