Sin duda que hay que dar tiempo a la ministra de Igualdad. Ana Redondo ha de contar con cierto margen para ubicarse en su nueva responsabilidad. Claro que sí. Sin embargo, esa paciencia, que ella misma pidió en su toma de posesión hace poco más de una semana, no es una carta en blanco, menos cuando se trata de hacer frente a las violencias machistas que, en la última semana, han asesinado al menos a tres mujeres y una niña de 5 años. Y digo “al menos” porque esos son los casos confirmados y hay al menos dos más investigándose. Desde esa comprensión que pide la ministra, seguro que entenderá que dentro de ese margen de paciencia que pide no tengan cabida las declaraciones que ha hecho ante los micrófonos de la Ser al afirmar que “las víctimas no denuncian todo lo que deberían denunciar”. No, una afirmación así no tiene cabida ni con paciencia ni sin ella, porque de sobra es sabido que si las mujeres víctimas no denuncian es por multitud de razones y factores que escapan a su responsabilidad.
Es una lástima que nadie haya informado a la ministra, o que ella desconozca, que hace tiempo que se desterró la idea de que las mujeres deban denunciar para que las instituciones actúen contra la violencia de género con la diligencia debida. Hace ya mucho tiempo que se abandonó el relato institucional que las responsabiliza de activar los mecanismos para proteger sus vidas y las de sus hijas e hijos. Casi hace de esto el mismo tiempo que el Comité CEDAW, Naciones Unidas, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) o el Tribunal europeo de Derechos Humanos vienen señalando que son los Estados, las autoridades, las responsables, las que están obligadas a tomar medidas de protección de las mujeres a través de acciones positivas desde la prevención, la formación, la atención individualizada, el apoyo psicológico, las respuestas sociales, las medidas de seguridad, la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento sin sesgos de género, la reparación… La denuncia no es el interruptor de la protección a las mujeres, esta tiene que estar presente y activada haya denuncia o no.
De hecho, en España hemos llegado un poco tarde. No hace tanto tiempo –primero se recogió como parte de las medidas del Pacto de Estado (2017) y luego se desarrolló mediante un Decreto en 2019– que nuestra legislación reconoce que no se necesita denuncia policial (ni sentencia judicial) para que las mujeres sean reconocidas como víctimas de violencia de género y puedan contar con el apoyo y la protección de las administraciones desde un enfoque integral. Cierto que ese reconocimiento no tiene validez judicial y, por tanto, no tiene una traducción directa en medidas y actuaciones contra la persona del maltratador, pero sí viene a dar respuesta a una parte importante de las necesidades de las mujeres de sentirse protegidas a través de apoyo psicológico, acompañamiento social, ayudas, acceso a la vivienda, medidas de empleo… Es más, la ministra y su equipo deberían recordar que no fue hace tanto, en 2021, cuando el Ministerio de Igualdad logró un acuerdo histórico con las Comunidades Autónomas para actualizar los criterios y procedimientos de esa acreditación, consenso no exento de polémica por la campaña que emprendieron contra esta mejora los negacionistas de las violencias machistas.
Un estudio realizado en 2019, cuando Carmen Calvo tenía la responsabilidad de la cartera de Igualdad en el Ministerio de la Presidencia, señaló que el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación es de ocho años y ocho meses de media. Aproximadamente la mitad de las víctimas afirmaba, según el informe de la Fundación Igual a Igual, que el motivo de no denunciar era el miedo a la reacción del agresor, el miedo por su seguridad y la de sus hijas e hijos, e incluso otros seres queridos. Señalaba el informe, y lo hacen muchas expertas a fecha de hoy, que otro factor clave es la dependencia emocional y también la económica, la culpa, la no identificación de lo que les está pasando como violencia machista pero también les influye a la hora de no denunciar la falta de pruebas, las dificultades sostener la judicialización del caso, la no comprensión de su entorno… y, en el caso de las mujeres migrantes, la situación administrativa y de vulnerabilidad en la que se encuentran.
El hecho de que de las 53 mujeres asesinadas este año solo trece hubieran denunciado debería llevar a hacernos muchas preguntas que interpelen al funcionamiento del sistema y no a que las mujeres víctimas denuncien más. Que algo está fallando está claro y que algo está influyendo en este incremento de la violencia hacia las mujeres y sus hijas e hijos también. Cuesta creer que sea pura coincidencia, porque dicen que las causalidades no existen, pero sería interesante que la nueva ministra analizase hasta qué punto el negacionismo de las violencias machistas puede estar afectando no solo a los agresores sino al funcionamiento de esas instituciones y la implementación de las leyes cuando estas dependen de gobiernos del Pp (y Vox). Porque más allá de lo policial y lo judicial, las administraciones públicas (también autonómicas y municipales) tienen una obligación de protección que dudosamente se puede cumplir si se trasladan las concejalías y políticas de Igualdad a las de Familia como si el problema de la violencia machista dentro de la pareja fuera un asunto privado en el que solo se puede intervenir cuando la mujer da la voz de alarma. Eso sí que es un retroceso.
Es cierto que debemos que tener paciencia con la ministra, pero no con la violencia machista. Por eso es tan importante partir de lo avanzado y de lo logrado, que es mucho, aunque no suficiente. Eso es evidente viendo las cifras no solo de asesinadas sino de supervivientes. Nos queremos vivas, Sra. Ministra. Seguro que lo entenderá, tenga paciencia con nosotras cuando le hagamos estas críticas legítimas, es que las están machando en vida y matando, a ellas y a sus hijos.
