En los últimos días hemos asistido a una serie de decisiones del poder judicial que muchos han relacionado con la ofensiva de desestabilización que la derecha mantiene contra el Gobierno progresista desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 y que se ha recrudecido a raíz de la investidura de este para un nuevo mandato. Son casos diferentes entre sí–dos de ellos atañen al Tribunal Supremo, uno al Consejo General del Poder Judicial y otro a la Audiencia Nacional–, pero tienen la consecuencia común de tumbar o poner en entredicho nombramientos e iniciativas políticas del Ejecutivo en un momento de fuertes tensiones políticas.
Es un hecho que el PP ha llamado a rebato a sus fieles para la cruzada contra el Gobierno, sobre todo tras ese inquietante “el que pueda hacer, que haga” de José María Aznar. Hemos visto cómo parte de la magistratura se ha sumado escandalosamente a la ofensiva, como se evidenció en toda su desfachatez con la insólita protesta de togados de Andalucía y Salamanca contra la ley de amnistía. No sorprende que cualquier actuación judicial se preste a suspicacias.
Empecemos por el Tribunal Supremo y su decisión de anular el nombramiento de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. La sala de lo Contencioso-Administrativo reconoce que la designada tiene una "trayectoria notoria y sobresaliente" y una "profunda experiencia en asuntos de Estado", pero alega que incumple con el segundo requisito exigido por la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el de ser una “jurista de reconocido prestigio”. Ignoro cómo se mide el “reconocido prestigio”. En su escrito, el tribunal lo describe como “la pública estima en la comunidad jurídica” y añade que tal reconocimiento “se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido”, lo cual me deja en las mismas. Eso del “reconocido prestigio” siempre me ha parecido una figura rancia y elitista, evocadora de épocas de tribunos y patricios, que encierra con frecuencia la defensa de intereses ideológicas bajo el ropaje de la respetabilidad. Creo en cualquier caso excesivo que, en la designación de un cargo, puntúe igual que una notable hoja de servicios como la que el propio tribunal reconoce a Valerio. Sin embargo, los magistrados han hecho valer ese margen de discrecionalidad que les otorga la ley.
Por otra parte, la misma sala de lo Contencioso-Administrativo anuló el 21 de noviembre pasado el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala en el Tribunal Supremo, en una sentencia en que arremete duramente contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por haberla nombrado mediante una “desviación de poder” que no tuvo en cuenta “el criterio del mérito”.
¿Pueden estas decisiones del Supremo considerarse parte de la movilización conservadora contra el Gobierno? No lo tengo claro: el Supremo ha tomado con anterioridad decisiones similares con respecto a cargos propuestos por la derecha política y judicial, y las sentencias sobre Valerio y Delgado se adoptaron por unanimidad en una sala compuesta por magistrados de distintas sensibilidades ideológicas. Cabe, por supuesto, la posibilidad de que los progresistas se hayan sumado por cualquier motivo a una maniobra de sus colegas conservadores contra Sánchez –los designios del mundo judicial son a veces inescrutables–; pero, a falta de pruebas, dejo esta hipótesis en el terreno pantanoso de la especulación.
Pasemos al rechazo del CGPJ, conocido este jueves, al nombramiento de García Ortiz para un nuevo periodo como fiscal general del Estado. Pese a tratarse de una decisión no vinculante, de modo que el Gobierno no está obligado a atenderla, tiene la particularidad de ser la primera vez en la etapa democrática que el órgano rector de los jueces se pronuncia contra la designación de un fiscal general. La decisión no fue unánime: salió adelante con los votos de los vocales conservadores frente a la oposición de los progresistas. El argumento central es que García Ortiz “no es idóneo” para el cargo debido a que fue severamente cuestionado por el Supremo en el caso de Dolores Delgado. No le busquen razones éticas a una decisión de clara intencionalidad política: siete de los ochos vocales conservadores que la aprobaron ya habían intentado tumbar el primer nombramiento del fiscal por haber participado en 2019 en una mesa redonda sobre sostenibilidad organizada por una fundación del PSOE cuando se desempeñaba como fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, como bien recordaba Iñigo Sáenz de Ugarte en este diario. Es decir, por hacer una vez algo en lo que jueces y fiscales conservadores tienen larga experiencia: participar en seminarios, cursos y eventos varios.
Pero, más allá de la legítima controversia por el nombramiento de Garcia Ortiz, ¿con qué cara el CGPJ puede tomar decisiones, sobre todo de la envergadura de la que hablamos, cuando lleva casi cinco años incumpliendo el mandato constitucional de renovarse? Desde esta perspectiva, ha hecho bien Sánchez en ignorar su dictamen, y el siguiente paso que deben dar los partidos que conforman la mayoría en el Congreso es buscar la forma der poner fin a este vergonzante secuestro del poder judicial orquestado por el PP, así Núñez Feijóo y los suyos organicen un nuevo viaje a Bruselas para denunciar la “dictadura” en España. Hay que recordar que la propia Constitución obliga a las Cortes a garantizar que se cumplan los plazos del mandato del CGPJ.
Y llegamos al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y su cruzada para empapelar a Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras personas por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Su última –y delirante– carta es que se investigue si la muerte por infarto de un turista francés en El Prat en 2019 fue consecuencia del bloqueo del aeropuerto por el movimiento independentista. El juez ha llegado incluso a ofrecer a la viuda testificar en el caso…. ¡cuatro años después del suceso! Se da la circunstancia de que el empeño de García Castellón por imputar a Puigdemont se aceleró en el momento en el PSOE y Junts estaban próximos a alcanzar el acuerdo para la investidura de Sánchez, lo que fue interpretado por algunos maledicentes como un intento del juez por torpedear el inminente acuerdo. ¿Prevaricación? Jamás haríamos en nuestro sano juico semejante acusación a un venerable juez de la Audiencia Nacional.
Cuatro casos distintos y un mismo efecto. Y lo que queda aún por ver.
