La Comisión Europea eligió una fecha emblemática, el 8 de marzo de 2022, para presentar una ley contra la violencia machista que, entre otras cuestiones, proponía penalizar la violación basada en la falta de consentimiento –solo sí es sí–. Con la movilización de las mujeres en pleno auge en toda Europa, el Parlamento Europeo avaló la propuesta. Pero la negociación con los gobiernos de los 27 se ha puesto cuesta arriba en la recta final de este proceso por la negativa de la mayoría de ellos a incluir en la legislación europea esa medida, que es una línea roja para la Eurocámara.
El Consejo de la UE, que es la tercera pata de la negociación, dejó fuera de su posición todo lo que tiene que ver con el consentimiento sexual. El principal argumento que utilizan los gobiernos para oponerse a esa parte de la directiva es que es una competencia nacional. De hecho, algunos de los países que se han posicionado en contra tienen en sus ordenamientos jurídicos normativas que sitúan el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales.
Para que las conversaciones sean fructíferas y la UE logre un acuerdo que fuerce a los Estados miembros a tener unos mínimos legislativos contra la violencia machista, se necesita una mayoría cualificada en el Consejo (al menos 15 Estados miembros que representen el 55% de la población). Esas cifras están lejos de alcanzarse por ahora. Sólo once países se han pronunciado claramente en favor del ‘solo sí es sí’: Bélgica, Grecia, Italia, Finlandia, Eslovenia, Chipre, Austria, España, Luxemburgo y Suecia. Este último viró al ‘sí’ tras la presión de las organizaciones feministas.
En contra, por distintas razones, se han pronunciado Lituania, Estonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Malta, Dinamarca, República Checa, Polonia, Holanda, Francia y Alemania. En la indecisión se mueven Irlanda, Rumanía, Portugal y Letonia. Fuentes de las negociaciones confían en que Polonia pueda virar al ‘sí’ cuando Donald Tusk se haga con las riendas del país y, por el contrario, temen que un Gobierno del ultra Geert Wilders se reafirme en el ‘no’ de Holanda.
Pero la presión está puesta sobre Francia y Alemania. Este último país regula el consentimiento pero sobre la base del ‘no es no’, es decir, que se presupone que la víctima de la agresión sexual tiene que manifestar el rechazo y revolverse contra el agresor, también de cara a probar el delito ante un juez. El argumento de países como Francia u Holanda es que se trata de una competencia nacional y que incluirlo en la directiva sentaría un precedente en otras legislaciones.
“Somos tres instituciones –el Parlamento, el Consejo y la Comisión– y las tres tienen sus servicios legales. Los servicios legales del Parlamento y de la Comisión dicen que esta directiva está basada en combatir la explotación sexual. Dentro de la explotación sexual está el abuso sexual”, explica la eurodiputada socialdemócrata Evin Incir, que está al frente de las negociaciones por parte de la Eurocámara. “Se trata de voluntad política”, argumenta.
“La decisión está en la mesa del presidente Emmanuel Macron, en Francia, y del ministro de Justicia, Marco Buschmann [también de los liberales], en Alemania. Espero que estos dos hombres que están decidiendo el futuro de las mujeres entiendan que en vez de estar en el lado incorrecto de la historia deben cambiar sus posiciones para estar en el lado bueno de la historia y asegurar que las mujeres dejan de estar violentadas”, agrega Incir.
La eurodiputada sueca explica que su país aprobó una legislación en 2018 que basaba en el consentimiento la definición de agresiones sexuales y que, desde entonces, las sentencias se han incrementado en un 75%. “La legislación importa en la acusación”, señala: “En algunos de los Estados miembros, a pesar de que hay legislaciones, muchas mujeres y niñas no denuncian porque las echan atrás, no las toman en serio, les preguntan qué vestían y les preguntan: ¿Estás segura de que dijiste que no?”.
“El ‘no es no’ no es sobre consentimiento, es sobre resistencia. Es dar a la mujer la responsabilidad de prevenir una violación”, advierte Kristine Holst, cuyo caso sirvió para cambiar la legislación en Dinamarca. “Teníamos una legislación similar a la de Francia, en la que había que probar el uso de la fuerza y la violencia, y la resistencia. De hecho, se introdujo en el año 1962 en Dinamarca, y en ese momento, era para proteger al hombre, porque en esa época, las mujeres eran propiedad de los hombres y el valor de una mujer se medía por su pureza e inocencia”, explica.
“La legislación sobre violación basada en el consentimiento se basa en parte en la ciencia. Porque ¿cómo reaccionan los seres humanos ante la violencia? Muy raramente se enzarzan en una pelea física con su agresor, porque esa no es una reacción humana normal. Es una de ellas; pero no es la única”, expresa Holst, cuyo agresor, un amigo, fue absuelto precisamente porque ella no pudo probar que había habido violencia física ni que se había resistido. Los jueces argumentaron que no se había podido probar la violación “más allá de toda duda razonable”.
En 2021, Dinamarca cambió la ley. “Hay unas 14.000 denuncias de violaciones e intentos de violación al año desde que tenemos esta legislación basada en el consentimiento. La cantidad de denuncias ha aumentado más de un 100% porque muchas más mujeres admiten lo que han experimentado. En la antigua legislación ellas no se reconocían porque la mayoría no se resistieron”, argumenta.
Esa es la batalla que ahora está dando el Parlamento Europeo, que no pretende dar marcha atrás respecto a la posición que fijó en junio. La intención es que la UE llegue a un acuerdo en una reunión a tres (Eurocámara, Consejo y Comisión) el próximo 13 de diciembre y la presidencia española aspira a cerrar el texto bajo su mandato, pero la eurodiputada socialista reconoce que podría dilatarse hasta el próximo semestre con tal de que el ‘sólo sí es sí’ sea una realidad a nivel europeo.
