Nada más ponerse en marcha el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha empezado a demostrar toda su fuerza en el Senado. Los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta y ya han dado señales de que se lo van a poner muy difícil al Gobierno porque tienen mucho margen para hacer oposición. Las dos leyes más inmediatas e importantes del Gobierno son la amnistía y los presupuestos y, en ambos casos, el PP va a tener capacidad para frenar o poner trabas a las cesiones que pretenda hacer el Ejecutivo de coalición a los independentistas.
Con la amnistía, el PP no tiene capacidad de veto, pero sí puede alargar los plazos para «retratar» al Gobierno. Tras la reforma del Reglamento del Senado, los populares van a poder tener la ley dos meses en tramitación en la Cámara Alta (hasta ahora, si llegaba por vía de urgencia del Congreso, solo podía estar 20 días en el Senado), lo que va a permitir que puedan convocar a juristas expertos para que valoren la amnistía (fiscales, exmagistrados, abogados...).
De esta manera, el desfile de expertos va a permitir crear una «opinión jurídica» sobre una ley muy polémica. De hecho, puede contribuir a dar argumentos a la Unión Europea para ponerla en cuestión, ya que estudiarán el texto de la amnistía. Pero los populares no solo se conforman con comparecencias, sino también quieren un informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.
Esos informes, aunque no son vinculantes, sí tendrán mucha fuerza: sobre todo a ojos de Europa, ya que los populares creen que en la UE prestan, sobre todo, mucha atención a lo que dicen los jueces para valorar el funcionamiento del Estado de Derecho. Es decir, a la hora de tomar medidas (como ha ocurrido con Polonia o Hungría), la mayor influencia viene por el Poder Judicial (más que de las opiniones que den los partidos de la oposición).
El PP puede hacer mucha oposición a la amnistía, pero no puede tumbarla: en cambio, los presupuestos, sí. En este sentido, echando un vistazo al artículo 15 de la ley de estabilidad presupuestaria, el Senado tiene la capacidad de veto de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas que establezca el Gobierno. Este paso es el previo a la elaboración de los presupuestos y en 2024 recobra máxima importancia porque las reglas fiscales vuelven a estar en vigor tras varios años en suspenso.
Pedro Sánchez tiene la intención de que los presupuestos estén aprobados en el primer trimestre, pero si topa con el PP en el Senado, tendrá que reformar la ley de estabilidad presupuestaria para poder iniciar la elaboración de las cuentas y eso retrasará previsiblemente todo. En este sentido, el artículo 15 de la ley señala que el acuerdo del Gobierno sobre «los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales»: «En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento».
Este paso es imprescindible para que se puedan aprobar los presupuestos. El PSOE ya ha amagado en el pasado con reformar este precepto para retirar al Senado su capacidad de veto, aunque, está por ver qué hace ahora. Cabe tener en cuenta que es una ley muy delicada porque viene a dar cumplimiento a una de las exigencias para integrarse en la UE: la estabilidad presupuestaria.
La ley desarrolla el artículo 135 de la Constitución, un artículo que Podemos ha criticado en muchas ocasiones porque, a su juicio, simboliza la «austeridad»: en este sentido, los morados, con cinco diputados en el Congreso, son imprescindibles para que prospere una reforma legislativa y, previsiblemente, pretenderán abrir un debate que vaya más allá de retirar el veto al Senado. Por ahora, Podemos guarda silencio, aunque deja entrever que tampoco será un socio fácil para aprobar las cuentas.
Antes de cualquier cambio legislativo, cabe ver qué acaba haciendo el PP con los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado. En el PSOE tratan de generar «miedo» al asegurar que si los populares tumban los objetivos de déficit, tendrá repercusiones en los gobiernos autonómicos (muchos de ellos en manos del PP) porque congelará la capacidad de gasto. Sin embargo, en el PP se quejan de que el Ministerio de Hacienda no se ha puesto en contacto con los gobiernos autonómicos para conocer sus necesidades y negociar. Si el Gobierno ignora la voluntad del PP, tampoco cabe esperar que los de Alberto Núñez Feijóo se puedan prestar a salvar la tramitación de las cuentas.
