Para evitar el cambio climático catastrófico, se necesita una sociedad civil activa y empoderada. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubái es casi con certeza otra prueba de que confiar en grandes instituciones poderosas como los gobiernos y las corporaciones multinacionales es garantía de fracaso.
La industria de los combustibles fósiles conoce su aporte al cambio climático desde los años setenta, pero no ha dejado de abrir pozos y ampliar sus operaciones. Los gobiernos hicieron un reconocimiento simbólico del problema con la aprobación de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, pero el último Informe sobre la brecha de producción muestra lo poco que importan estos compromisos en la práctica.
De aquí al 2030, la producción de combustibles fósiles de los veinte países que encabezan la lista será más del doble de la cifra compatible con un calentamiento global que no supere los 1,5 °C.
No es suficiente que los gobiernos y las empresas del sector se regulen solos; sobre todo porque ambas partes suelen ser la misma, y llevan mucho tiempo tratando de aplacar la inquietud pública con campañas de ecopostureo y promesas de futuras soluciones tecnológicas como la captura y almacenamiento de carbono.
Y cuando alguna franja de la población no se deja engañar por esas estratagemas, muchos de esos mismos gobiernos y empresas se han mostrado muy dispuestos a aplastar la libertad de expresión, asociación y asamblea.
Solo la acción colectiva, el activismo y la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas obligarán a los gobiernos a hacer lo que hay que hacer para abandonar los combustibles fósiles, apoyar la transición a las fuentes de energía renovables y proteger los derechos humanos en un mundo de sequías y fenómenos climáticos cada vez más extremos.
Pero la sociedad civil no puede funcionar si no hay un espacio cívico: ámbitos públicos de discusión donde la ciudadanía pueda reunirse para criticar y presionar a los poderosos sin temor a la represión. Y en la COP28 casi no existirá dicho espacio fuera de los confines protegidos de la “zona azul” de la ONU.
Puesto que Dubái es una de las ciudades más caras del mundo, la mayoría de la gente no podría pagarse el alojamiento, la comida y otros gastos necesarios para asistir; sobre todo las personas desfavorecidas y marginadas que son las más afectadas por la crisis climática.
Además, en los Emiratos Árabes Unidos es ilegal incluso criticar al gobierno, o decir cualquier cosa que se considere “perjudicial para el interés público”; se ha detenido a extranjeros por comentarios que hicieron durante su estadía en el país.
En la Primavera Árabe del 2011, se reprimió en forma inmediata y contundente hasta la menor señal de disenso. A la fecha, numerosos activistas por los derechos humanos y disidentes siguen encarcelados arbitrariamente, entre ellos sesenta personas enjuiciadas en forma colectiva en el 2013, en lo que se conoce como el caso EAU‑94. Cuatro años después, los EAU encarcelaron a Ahmed Mansoor, el único emiratí que todavía defendía públicamente los derechos humanos en el país.
De cara a la COP28, el gobierno no ha cesado su campaña represiva. Cortó las comunicaciones entre muchos presos y sus familias, inició causas legales contra emiratíes que buscaron refugio en el extranjero y fueron deportados al país, y rechazó los pedidos de la ONU de liberar a presos de conciencia.
Los EAU también tienen un infame historial de vigilancia electrónica ilegal. Mansoor es uno entre muchos defensores de los derechos humanos que han sido blanco de spyware desarrollado por empresas de cibervigilancia, como NSO Group y Hacking Team.
Estos abusos son más que suficientes para crear un clima de miedo entre los activistas que esperan asistir a la COP28. Los EAU prometen ofrecer un “espacio para que activistas climáticos puedan congregarse en forma pacífica y hacerse oír”, pero no está claro cómo será esto en la práctica.
¿Qué riesgos enfrentarán los activistas que denuncien el pésimo historial de los EAU en materia de derechos o su negativa a abandonar los combustibles fósiles? No lo sabemos, porque la secretaría de la Convención Marco y los EAU ni siquiera han publicado el acuerdo de país anfitrión, el estándar mínimo de transparencia para cualquier COP.
Por supuesto que los EAU no están solos en su actitud hostil hacia la sociedad civil. Países de todo el mundo están reprimiendo a manifestantes, abusando de la legislación actual para acallar el disenso climático y aprobando nuevas leyes para criminalizar la protesta; muchas veces, a pedido de poderosas empresas del sector fósil.
Algunas de esas leyes apuntan directamente contra los activistas climáticos, lo que indica el nivel de preocupación que generan eventos como la conferencia anual sobre el cambio climático en los gobiernos represivos.
A pesar de que el 2023 está siendo otro año de registros pluviales y de temperatura récord, es poco probable que de la COP28 salga algún avance significativo. Es una injusticia y es una tragedia.
Las personas más afectadas por el cambio climático no son jefes de Estado ni ejecutivos del sector fósil. En los EAU y en todo el mundo, los que llevan la peor parte de la crisis suelen ser aquellos mismos que enfrentan discriminación, marginalización y falta de protección básica de sus gobiernos.
En la COP28 se discutirá el futuro de esas personas, de modo que su participación, su activismo y sus demandas de rendición de cuentas son esenciales. Es por medio de la sociedad civil que expondremos el ecopostureo y lograremos las tan prometidas soluciones.
Una conferencia internacional para analizar un grave riesgo existencial para el mundo solo generará resultados significativos si hay total libertad para criticar, reunirse y manifestarse pacíficamente. Leyes represivas, un clima de miedo y el encarcelamiento de disidentes locales no pueden servir a ningún otro propósito que no sea dar apoyo a los partidarios del statu quo.
Marta Schaaf es directora del Programa sobre Justicia Climática, Económica y Social y Responsabilidad Corporativa de Amnistía Internacional.
Kristine Beckerle es asesora en derechos económicos, sociales y culturales en la oficina regional de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el norte de África.
© Project Syndicate 1995–2023
