La organización que aúna la representación de medio centenar de cuerpos de altos funcionarios del Estado, los que tienen más rango y nutren las esferas más técnicas y jurídicas de la Administración, va a cuestionar en un documento conjunto el tono y el fondo de algunos de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con el independentismo porque perciben tras ellos un debilitamiento del Estado. Entre esos cuerpos –inspectores de Hacienda, de Trabajo, abogados del Estado, inspectores de la Seguridad Social...– se está extendiendo una lógica inquietud por unos acuerdos que erosionan competencias propias del Estado por meros intereses políticos y que, en definitiva, cuestionan aspectos fundamentales del Estado de derecho. Prácticas aceptadas por el Gobierno impuestas por sus socios, como el 'lawfare', la amnistía, la cesión de competencias exclusivas de la Seguridad Social al País Vasco, o la autonomía fiscal de Cataluña son el principal motivo de preocupación. La novedad, por primera vez en democracia, es que esta reprobación no proviene de partidos políticos de la oposición, sino del propio alto funcionariado.
