Regidores de la Municipalidad de Alajuela objetan las nuevas contrataciones que el alcalde Humberto Soto pretende suscribir con la empresa MECO para el mantenimiento de vías comunales. Plantean cuestionamientos por el tipo de licitaciones promovidas y la inquietud por el antecedente del Caso Diamante.
Las preocupaciones surgieron luego de que el alcalde indicara al Concejo Municipal que las contrataciones serían por demanda y que estaban preestablecidas las rutas a intervenir. La situación alarmó a un grupo de representantes, quienes optaron por enviar la propuesta a una comisión para investigarla.
En el acta del Concejo del pasado 14 de noviembre, consta que un grupo de regidores se negó a aprobar un trámite de vía rápida para la propuesta de la licitación 2023 LE-00015-000050001, presentada por Soto.
Así lo acordaron los representantes Alonso Castillo Blandino, del Partido Liberación Nacional (PLN); Guillermo Chanto Araya, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Selma Alarcón Fonseca, del Partido Acción Ciudanana (PAC); y Randall Barquero Piedra, del Partido Nueva República (NRP) y presidente del Concejo.
Según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la Municipalidad de Alajuela sacó a concurso seis licitaciones para el mantenimiento de la red vial cantonal para los próximos 12 meses, cada una por ¢712 millones. En cinco de ellas aparece MECO como ganadora, por lo que el monto total de las adjudicaciones otorgadas a esta firma ascendería a ¢3.500 millones.
Los carteles de las seis licitaciones especifican que se trata de contrataciones menores bajo la modalidad de demanda, pero detallan las vías y tramos a reparar. Además, algunas licitaciones carecen de estudios de mercado.
Soto explicó al Concejo que, por ejemplo, la licitación 2023LE-00015-000050001 plantea modificaciones a las siguientes calles: El Salto, Lotes Murillo, La Avioneta, Amistad del Coyol y Lagunilla, entre otras. Asimismo, dijo que las licitaciones para cada una de las seis segmentaciones se irían presentando de dos en dos a los regidores y síndicos.
Los cuestionamientos de los regidores van en dos sentidos. Por un lado, alegan que estas seis licitaciones están viciadas porque debieron hacerse como licitaciones ordinarias, no por demanda.
Por otro lado, les preocupa el antecedente del Caso Diamante, investigación judicial que salió a la luz pública en noviembre del 2021, por el supuesto otorgamiento de contratos de obras viales a cambio de dádivas. La pesquisa involucra a seis alcaldes, funcionarios municipales y a las compañías MECO y Explotec.
Humberto Soto, quien fue uno de los alcaldes detenidos en aquella ocasión, aseguró a La Nación que él es respetuoso de las posiciones de los regidores, así como de sus competencias y decisiones. “El alcalde no tiene voto en el Concejo, según lo establece el Código Municipal”, manifestó.
El regidor Randall Barquero manifestó desconocer la razón por la que se optó por una contratación por demanda. Presume que la decisión se tomó por un tema de premura ante la cercanía de las elecciones municipales, de febrero del 2024, pues dicho procedimiento es más breve que una licitación ordinaria.
“Por demanda, usted compra lo que sea, conforme va ocupando; entonces, no entendemos cuál es el propósito. La compra por demanda debería ser para el mantenimiento de la red vial cantonal, punto, de toda la red. Y aquí la compra por demanda lleva calles específicas, lo que excluiría las calles que no están.
“Todavía no entendemos por qué se segmentó la compra por demanda, por calles y por distritos, porque, al fin y al cabo, nunca lo hemos tenido así. La licitación que se le dio a MECO en el 2018 atendía toda la red vial cantonal”, cuestionó Barquero. Alegó que esta segmentación es “ilegal”, debido a que eso pertenece a otros niveles de contratación.
Luego de la sesión en la que se discutió el tema, el regidor Alonso Castillo expresó en una publicación en la red social Facebook su inconformidad con el proceso.
“Según se puede inferir en las licitaciones, existe un cuestionamiento importante, ya que se usa una modalidad con muchas líneas y requisitos limitando la participación de empresas en las licitaciones”, comentó Castillo.
El pasado 13 de junio, mediante un oficio remitido al alcalde y firmado por José Luis Chacón, coordinador del subproceso Gestión Vial, se indicó que el anterior contrato para mantenimiento de vías estaba a un día de vencer, por lo que se recomendaba recurrir a un proceso similar debido a que las licitaciones ordinarias “generaban un gran desgaste”.
En ese documento, colgado en Sicop, se planteó la metodología para sectorizar el cantón Central de Alajuela en seis grupos según distritos y se establecieron las calles a mejorar.
MECO confirmó a La Nación que participó en cinco de las seis licitaciones promovidas por la Municipalidad de Alajuela, luego de que en setiembre fueran sacadas a concurso público en el Sicop.
“En todas las licitaciones, otra empresa competidora también presentó oferta. La oferta de nuestra empresa fue el precio más bajo en todos los casos donde participamos. En ninguna de las licitaciones mencionadas fuimos oferta única”, aclaró la constructora.
El presidente municipal de Alajuela aseguró a La Nación que su mayor inquietud es que el alcalde Humberto Soto figura como imputado en el Caso Diamante.
“Lo más grave es que todas las licitaciones las está ganando MECO, estamos excluyendo a otros. MECO extinguió a la competencia y la sigue extinguiendo, y nosotros no podemos seguir en eso; uno sabe que no se ha demostrado la culpabilidad, pero la prudencia nunca es mala consejera”, indicó.
Según el expediente judicial de Caso Diamante, Soto tuvo una conversación con un gerente de la constructora en la que, al parecer, habrían pactado ¢4 millones, para financiar su proceso electoral interno del PLN en Alajuela, a cambio de inyectar ¢3.000 millones en un contrato por demanda que MECO tenía con ese municipio.
Soto llegó a la Alcaldía por el PLN. Para este nuevo proceso, se pasó al partido Nuestro Pueblo.
En la sesión N.º 46-2023, el regidor Alonso Castillo también expresó su preocupación por contratar a MECO, alertando de un posible beneficio a la empresa constructora, por lo que solicitó aclaraciones por parte de la Municipalidad ante los “cuestionamientos éticos por las adjudicaciones de MECO”.
“Me parece que los requisitos solicitados en el cartel dejaban automáticamente por fuera a otras empresas”, expresó Castillo.
El representante también agregó que le inquietaba que la Municipalidad estuviera generando carteles para que solo ciertas empresas participaran.
El pasado 27 de setiembre, representantes de la constructora acudieron al gobierno local para reunirse con los funcionarios y el departamento legal, hecho que fue confirmado por la empresa a este diario. Sin embargo, la firma aseguró que Humberto Soto no participó en el encuentro.
“Esta reunión tuvo como objetivo explicar la objeción presentada por nuestra empresa, sobre las cláusulas de requisitos de admisibilidad financiera (de las licitaciones para mantenimiento). La cita fue de carácter oficial y así consta en la minuta debidamente documentada por los personeros de la municipalidad que asistieron”, agregó la empresa MECO.
