En el Ministerio de Justicia se acumulan sobre la mesa los asuntos pendientes de negociar y de cerrar con los sindicatos y las organizaciones que representan a los distintos colectivos de funcionarios. Ahora los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) quieren que el ministro Félix Bolaños pise el acelerador para dar cumplimiento a sus demandas pendientes de concretar, después de esperar los resultados de las elecciones generales del 23 de julio y de tener un Gobierno en funciones hasta la semana pasada.
Entre los temas que deben priorizarse, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) señala que en el nuevo Estatuto o Reglamento orgánico hay que definir de forma clara el papel de las asociaciones, que ahora se engloban en el concepto "negociación colectiva propia". Pero también puso el acento en la convocatoria de las oposiciones correspondientes a 2022 y 2023, que se tienen que concretar con "la máxima urgencia".
Asimismo, recordaron que falta por regular el teletrabajo, que se eliminó de forma abrupta en octubre, para facilitar la conciliación de los funcionarios de los juzgados. También hay que poner en marcha los grupos de trabajo para fijar los criterios para la carrera profesional y ajustar el porcentaje que debe destinarse a productividad e integrar sus propuestas para las leyes de eficiencia. En este apartado, señalan la norma de eficiencia digital como la más relevante "porque es la base necesaria de las demás", señalan, y porque algunos juzgados ya cuentan con algunos avances tecnológicos que califican de "alegales".
Para la CNLAJ, las propuestas de agilización procesal no deben basarse de forma exclusiva en "externalizar" la Justicia y la ejecución. Y argumentan que este tipo de medidas podrían atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos "sin estar sometidos a criterios predominantemente mercantiles". También criticaron el "mal diseño" de la reforma estructural del tribunal de instancia que podía derivar en un caos. "El diseño de un nuevo tribunal debe estar armónicamente organizado para funcionar con la oficina judicial", señalaron.
La organización manifestó su temor por la posibilidad de que la cartera de Justicia pierda autonomía, tras lo que califican como "fusión" de este ministerio con Presidencia y Relaciones con las Cortes. Sin embargo, señalan a Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, y a Sofía Puente, secretaria de Innovación y Calidad de la Justicia, como los interlocutores que deben abordar los asuntos que están pendientes. "Esperamos la pronta convocatoria de los nuevos responsables para conocer de primera mano y en detalle sus proyectos y líneas de actuación", señalaron.
El Colegio ha manifestado su voluntad de negociar y se ha puesto a disposición de las nuevas autoridades. Y recordaron que en la pasada legislatura, "que ciertamente fue complicada", también ofrecieron "diálogo antes de utilizar cualquier medio de presión", aseguraron.
