Un jurado popular enjuicia desde este martes en la Audiencia de Alicante a una funcionaria municipal acusada de malversación de caudales públicos por haberse quedado supuestamente con 118,80 euros de la presunta reventa de entradas para subir en ascensor al Castillo de Santa Bárbara. El juicio está previsto que se prolongue durante tres días y supondrá para la Administración un gasto de al menos 2.680 euros para los miembros del tribunal popular elegido para la vista y los candidatos que han acudido este miércoles a la selección previa.
