El nuevo Gobierno comienza a poner en marcha la maquinaria legislativa con las miras puestas en el mercado laboral. El primero de los puntos que pretende desplegar el Ministerio de Trabajo es el de la reforma, comprometida con Bruselas, de los subsidios por desempleo que dan cobertura en nuestro país a cerca de 900.000 personas, y que podrían dar cabida a otros 152.000 parados tras las modificaciones que ultima el equipo de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el primer hito de su cartera en la recién iniciada legislatura. A pesar de que el Ministerio de Economía está poniendo salvedades sobre el plan inicial planteado por Trabajo, fuentes del gabinete de la vicepresidenta Díaz consultadas por ABC descartan «recortes» en la cobertura de la prestación, como sugirió el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés , al poner sobre la mesa el cambio hacia un modelo de prestación gradual -que se vaya reduciendo con el paso de los meses- y la aplicación de un control más exhaustivo sobre la reinserción en el mercado laboral de los beneficiarios. Esta postura que capitanea la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño , no ha caído con buen pie entre los sindicatos, que demandan al Gobierno que convoque a los representantes del diálogo social para negociar las eventuales modificaciones. Eso sí, los cambios llegará de cualquier manera toda vez que la medida está comprometida en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas para la llegada de los fondos europeos, y apremiado por el retraso en el cumplimiento de este hito que venció en diciembre de 2022. Ampliar el acceso con 45 años De forma general, para percibir el subsidio por desempleo, consistente en una prestación de carácter asistencial de 480 euros mensuales , se debe estar parado, inscrito como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación -sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación contributiva-, además de suscribir el acuerdo de actividad, haber agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo, tener responsabilidades familiares y carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. Bajo estas condiciones, son casi 900.000 parados los que cobran el subsidio en este momento, si bien el planteamiento de Trabajo es dar entrada a los parados menores de 45 años sin cargas familiares . Fuentes oficiales estiman que unas 152.000 parados más tendrían derecho al prestación. En total, más de un millón de desempleados estarían cubiertos con este tipo de prestación. Y se rebajaría por debajo del millón, quienes estando en desempleo no perciben ningún tipo de ingreso por parte de la Administración, condicionado a esta situación -situación que han denunciado los sindicatos-. Choque en el Gobierno Con este caldo de cultivo generado tras deslizar el Ministerio de Economía una reforma más coercitiva de esta prestación, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , dejó patente el choque con el gabinete de Nadia Calviño, al defender que la reforma del subsidio por desempleo es «una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social» y, por tanto, de la Vicepresidencia Segunda. Díaz muestra así su «absoluta disconformidad » con las declaraciones de García Andrés de que la reforma del subsidio buscará, además de incentivar la reinserción laboral de quienes lo perciben, «potenciar» el compromiso de actividad para la búsqueda y aceptación de un empleo por parte de los desempleados. «Le garantizo a los trabajadores de nuestro país que desde esta Vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Muy al revés, la reforma legislativa que hemos planteado tiene que ver con ganar derechos, tiene que ver con la ampliación de las subjetividades en el subsidio por desempleo», defendió Díaz. La vicepresidenta segunda explicaba este miércoles que los perceptores del subsidio por desempleo cobran 480 euros al mes y que la intención de Trabajo es «mejorar la calidad de la prestación» y «eliminar aspectos burocráticos que lo empeoran», como el llamado mes de espera. Y tal y como se avanzaba en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar, Díaz confirma que hará compatible el subsidio con un empleo. «Muchas veces, justamente por cortos trabajos, no se podían acompasar ambas realidades, pues ahora esto es lo que vamos a hacer», apunta la titular de Trabajo. « No compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía», ha remarcado la vicepresidenta segunda, que ha insistido en que «el Gobierno progresista de España no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar, lo va a modernizar y va a mejorar el ámbito subjetivo del mismo». «Las personas trabajadoras hoy pueden estar tranquilas», concluía para zanjar el primer cisma generado en el seno de la coalición de gobierno. Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía aseguran que este Departamento está «alineado» con el Ministerio de Trabajo en los elementos incluidos en dicha reforma, y afirman que el objetivo es que todo el sistema se oriente a apoyar el empleo. Economía señala además que, a nivel técnico, dentro del Gobierno se está intercambiando documentación «para tener la mejor reforma posible, alineada con la reforma laboral, y alcanzar el pleno empleo en esta legislatura».
