En tiempos de renovación de autoridades en cargos electivos, la competencia en la política, con razón, se orienta a ofrecer soluciones ante los problemas que acusa la sociedad. Uno de ellos es la seguridad pública y su contracara, el delito. Inmediatamente se llega al sistema judicial en su expresión de justicia penal, sobre el que cae toda clase de consideraciones. En nombre propio, van unas reflexiones reducidas al ámbito federal.
Un problema en la actualidad es que el proceso penal para la competencia federal es desigual en su aplicación efectiva: juzgados, cámaras de apelaciones y tribunales de Jujuy y Salta, siguen una ley (Código Procesal Penal Federal); todos los demás (con excepción de casación federal cuando revisa al aludido noroeste), a otra (Código Procesal Penal de la Nación). Esta situación, diferenciada, supone que hay personas que, frente a acusaciones por delitos federales, tienen procedimientos y enjuiciamientos distintos.
Más extraño es que a un ordenamiento codificado que supone un sistema, bueno o malo, se le quiten o agreguen partes del otro, también bueno o malo. El régimen de alternativas a la prisión preventiva y más mecanismos de evitación del proceso del Código Procesal Penal Federal se habilitaron para los operadores del Código Procesal Penal de la Nación, acompañándose así enmiendas del Código Penal.
Seguro que el Código Procesal Penal Federal tiene puntos débiles. Ahora, el Código Procesal Penal de la Nación tiene más, con un problema capital: no se hace cargo de la imparcialidad del juzgador, porque objetivamente está interesado en el feliz resultado de la investigación judicial a su cargo (Gross, Hans; 1893:23). La clara separación de poderes -judicatura y ministerio público-, entre la misión de juzgar confiada a los jueces e investigar y acusar, que toca al fiscal, no está controvertida en ninguna esfera.
Habrá mucho por hacer en lo cultural. Se cree, por historia, que el juez puede cualquier cosa y el fiscal casi nada. La judicatura tiene un compromiso razonable hacia una decisión comprensiblemente justa, no con una feliz; compete a la fiscalía comprobar lo que sostenga, siendo que, aunque es una parte del proceso, representa el poder para ir por la potestad punitiva federal. Habrá que visibilizar su práctica.
El Código Procesal Penal Federal tiene un sistema orientado en tal sentido y además lo visibiliza, hay más trasparencia. De uno se exige independencia e imparcialidad, del otro desapasionamiento y objetividad.
La reducción de la actividad procesal escrita es una necesidad de justicia, antes que su sola eficiencia. Es intuitivo que ello traerá aceleración a la toma de decisiones y cuanto antes se llegue a ello, mejor.
El Código Procesal Penal Federal pone acento todo el tiempo ahí, en cambio, en el Código Procesal Penal de la Nación es casi una excepción llamada juicio a mitad de continentes de presentaciones en papel (físico o digitalizado).
Los tiempos procesales determinados e insertos presentan una promesa de seguridad jurídica en el Código Procesal Penal Federal. No es que no haya en el Código Procesal Penal de la Nación, pero era el sistema escrito el que anticipaba falta de resultados. No es valoración, es descripción.
El Código Procesal Penal Federal fundamentalista de la imparcialidad judicial y asociado a la oralidad sistémica puede ser más dinámico y dar inmediata o muy pronta decisión a las controversias que se presenten. Quien dude o sostenga que no habrá ningún cambio, cuenta con la certeza de la realidad. Me pregunto ¿Estamos bien? La respuesta es no.
Ello a favor del futuro de la reforma procesal penal federal, asunto que no debe asimilarse al proceso penal ni al derecho penal federal del futuro. Por varias reservas.
Sin dudar de las buenas prácticas del circuito federal de Jujuy y Salta, no sería metodológicamente adecuado medir de allí, el futuro de la reforma procesal penal y menos tomar que ello es el proceso y el derecho del futuro. Los datos criminológicos difieren, o sea los delitos son distintos. Como por dar un ejemplo, en el tráfico de estupefacientes que supone un encadenamiento de conductas, sobresale allí por transportación; en cambio, aquí asoma como distribución y comercialización, propio de las áreas urbanas centrales con alta densidad poblacional. Se distinguen en la complejidad de prevención, investigación y enjuiciamiento y también la cantidad de delitos.
Apenas digo que, el marco de aquellos datos duros no puede diseñar ningún trasplante generalizado de resultados. Tales registros no guardan comparación con los de aquí, ni coexisten con los casos de corrupción litigados en esta capital, que imponen búsquedas probatorias y estudios plagados de obstáculos en tal obtención, como también enjuiciamientos frecuentemente de muchas horas por audiencia y muy duraderos en el tiempo.
Uno de los medios probatorios disponibles más discutibles del futuro de la reforma, es la colaboración premiada, que ha demostrado no estar suficientemente diseñada para el enjuiciamiento. La fiscalía federal que quiere traer a juicio a quien no enjuicia, por su estatuto jurídico (no es testigo, no es acusado), no reúne argumentos para su citación, sin perjuicio del deber de probar su caso por más prueba. El régimen regulatorio está centrado en un momento procesal inicial y el desinterés por su futuro es un costo. La reforma del futuro debería exigir un acuerdo a tiempo completo, o nada.
Los delitos demandan más herramientas tecnológicas, muchas necesarias al futuro de la reforma penal federal, insuficiente en cuanto a ellas. El fiscal que investigue y acuse y el juez que decida, se nutrirán apenas de principios jurídicos (obvios) del Código Procesal Penal Federal.
La reforma del proceso y el derecho penal federal del futuro -en donde el crimen y las técnicas de información y comunicación van muy a la par- precisan hoy mucho más, reglas con mayor certidumbre. La era digital demanda respuesta de la legislación, sin ella la judicatura llena el vacío con lo que puede.
En la actualidad e incluso en el futuro de la reforma, compete a las justicias locales el tráfico menor de drogas. Me pregunto: ¿hay menos o más delito que cuando esto comenzó muchos años atrás? Porque si hay más, la reforma del futuro debe devolver al ámbito penal federal lo que su naturaleza -circulación- supone. Esa venidera reasignación no supondría ningún colapso, porque la fiscalía federal cuenta con mecanismos de desestimación y podría administrar su capacidad con eficiencia.
En lugar de que haya un juez o jueza federal por juicio, hay innecesaria y costosamente dos más, que podrían estar a cargo de otros procesos. Que sea plural la revisión (algo evidente ante condenas) y que cada magistrado vea cómo y cuánto dedica a sus casos, lo que también puede observarse -hoy- en quien les preste atención.
Del pasado se trae un tribunal para el enjuiciamiento de casos de corrupción o por elección de acusados ante penas de hasta 15 años. Este embudo de tres jueces lentifica: 3 procesos que tras el control de la acusación por solo 3 jueces, cuentan con mérito para el juicio, podrían requerir 9; 6 más que podrían ocuparse cada uno, de otras 6 causas. ¿Cuál es el sentido de evaluarlos y aprobarlos individualmente en el proceso de selección?
El enjuiciamiento individual ha dado resultados de ágil agenda, que se acuerdan sin más con las partes. La fiscalía cuenta con idóneos auxiliares y sus titulares verán lo que delegan y lo que se cargan sobre sus espaldas. El futuro de la reforma es el embudo, el gran salto será algo que esperará la reacción de la reforma del futuro. Pronto.
Otro tema es ajustar la presunción de inocencia a la razón, que llega hasta el dictado de la condena, para que proceda a ejecutarse desde su dictado, lo que traería celeridad, ya que implica una hipótesis probada de culpabilidad (Pérez Barberá, 2021:47). Tienen que haber muy poderosas razones para que eso no sea así y ello debería definirlo el tribunal de revisión caso a caso, fundadamente. El futuro de la reforma no se mete con esto, por lo que nada va a cambiar. Es la reforma penal del futuro la que debe estimar si es lo que se precisa para la adhesión social a la ley.
El futuro de la reforma poco tiene que ver con la reforma del futuro. Pueden hacerse y auspiciarse acuerdos respecto de múltiples temas no controversiales, pero subsisten límites para consensuar declaraciones de culpabilidad, hasta 6 años. Con independencia del interés personal de un acusado en no ir a juicio. Ese juicio, al que va obligado porque puede y no quiere, son tiempos y recursos que retarda el derecho de quien sí, quiere, pero no puede. La magistratura estaba ocupada con aquél que no quería audiencia.
No tomo partido del jurado, pero no discuto un mandamiento constitucional, aunque tenga una interpretación sobre ello (Apología de un juicio sin jurado, 1999:III): el jurado popular era el concepto del proceso acusatorio en la formación constituyente.
Es un juicio opcional del acusado; no hay obligación a un enjuiciamiento por jurado. Hay sí, una para con una judicatura federal profesional. Ambos procesos son costosos. ¿Por qué se evitaría uno y no otro? La respuesta a tal sinsentido no puede esperarse en el futuro de la reforma, porque es un imperativo de la reforma del futuro.
Sin dudas la presunta víctima en la investigación y enjuiciamiento tiene interés en ser escuchada y reparada, de corresponder. El futuro de la reforma debe interesarle puesto que cuenta con bastantes opciones de participación, incluso si el fiscal no quisiera seguir con su caso, porque no es grave.
En materia penal federal es casi imposible imaginar eso, en general lo son, la reforma penal federal del futuro debería contemplar que el fiscal le preste seria atención a quien sufrió el delito, con responsabilidad personal llegado el extremo, a la par de una profundización de su poder de elección entre tomar o desestimar una causa, haciéndose cargo personalmente sobre las consecuencias en el cumplimiento de la ley penal federal.
Sería virtuoso porque reforzaría la imagen fiscal el escoger que discutirá y así se evitarían pleitos sin una fiscalía, que además obliga a justificar otra estructura muy costosa al hacer lo que ella no hace. La magistratura no estará ocupada en un caso con la sola presunta víctima para hacer una audiencia o un juicio; sí, en cambio, en un asunto donde la fiscalía (la sociedad cuya víctima es parte) está convencida en llevarlo adelante. Un razonamiento similar me viene a la mente con la intervención procesal autónoma y sola de organizaciones no gubernamentales.
Querer hacer todo y poder hacerlo, son cosas a distinguir, como el respeto a la ley penal federal y que parezca que se la cumpla. En lo cotidiano la magistratura federal, a pedido fiscal, dice mucho y poco y nada se la escucha.
Entre otros problemas, el futuro de la reforma procesal penal federal sigue ligado a un Código Penal de un siglo atrás, muy bueno en su origen, no en su evolución. La reforma penal integral del futuro debe decidir si cambia y para qué. La idea de un cuerpo ordenado en lo necesario y suficiente para la vida social no escapa de leyes específicas que presten particular atención a datos del crimen que así lo requieran; el caso del narcotráfico es un ejemplo, delitos fiscales y contrabando otro, la cibercriminalidad o un crimen internacional penal. La ventaja de una política criminal apartada, es que atiende a pormenores cuya dinámica sigue ajustes periódicos, sin afectar la gramática estructural a un sistema mayor. La sociedad carcelaria, que debe repensarse, también lo exige.
Para una mejor judicatura federal debería volverse a un orden mérito que no se vuelva difuso con ternas en donde no se extravíen el 1, 2 y 3. Podría ser otro presupuesto elemental a una reforma procesal penal del futuro.
