Aunque la noticia ha sido divulgada por todos los medios con alegría, por lo que supone el regreso de la actividad taurina a la primera plaza colombiana, pocos se han detenido en la letra pequeña
Dada la temprana publicación del pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión de la actividad taurina en el principal coso colombiano, ya parecía extraño que todo marchara sobre ruedas. Y hablamos de “temprana” porque, dada la tendencia radicalmente antitaurina de los últimos alcaldes de la capital colombiana, propietarios de la plaza de toros de Santamaría, cuya administración está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), esta licitación se estaba publicando, siempre a regañadientes por obligación judicial, ajustando al máximo los plazos para tratar de poner todos los palos posibles en la rueda de los empresarios y minimizar su capacidad de reacción. Es decir, si la temporada bogotana se celebra en el mes de febrero y los plazos administrativos para la publicación, adjudicación y legalización de los contratos son de, aproximadamente, dos meses, la Alcaldía solía licitar a finales del mes de diciembre. Por eso sorprendió que antes de terminar el mes de septiembre ya salieran las condiciones.Con esta acción, evidentemente, desde el consistorio bogotano pretenden dar cumplimiento al último fallo de la Corte Constitucional que instó al IDRD a sacar la plaza a concurso so pena de acusar a la Alcaldía de desacato, algo que ya supieron torear a comienzos de este año para evitar dar toros en la temporada 2023.
Sin embargo, lo que se vendió la semana pasada como una noticia absolutamente positiva, dando por sentado el regreso de los toros a Bogotá durante la próxima temporada colombiana, tiene letra pequeña y esconde trampa. En el pliego de condiciones publicado, el IDRD sienta las bases del concurso en el Acuerdo del Consejo de Bogotá que reglamentó las corridas de toros incruentas, mandato municipal que se produjo alevosamente y con nocturnidad en época de pandemia, que bloqueó la celebración de las últimas temporadas y que, precisamente, ha sido declarado nulo por el último fallo de la Corte Constitucional, que ya ha sentado una amplia jurisprudencia a favor de la causa taurina.
De esta manera, lo que se pretende desde la Alcaldía es llevar el caso nuevamente a los juzgados, dilatar todos los plazos para la adjudicación de la plaza y tratar de evitar, un año más, el regreso de los toros a Bogotá. Por esta razón, la Unión de Toreros de Colombia (UNDETOC) y Felipe Negret, adalid de la defesa de la tauromaquia en Colombia y, especialmente, en Bogotá, han solicitado al Juez 57 de lo Civil Municipal de Bogotá, que resuelva cuanto antes esta situación para que el concurso se ajuste a la Constitución colombiana y pueda realizarse con normalidad.
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