La Fiscalía alemana registró la sede de Volkswagen buscando pruebas de pagos ilegales al comité de empresa
Volkswagen vuelve a estar bajo la lupa de la Fiscalía alemana por presuntos pagos ilegales a miembros del comité de empresa, que implicaría «un trato de favor contrario a la ley», explicaron fuentes judiciales. Tres días llevan fiscales y policías recabando información sobre un caso de corrupción que abre un escándalo más en la ya larga lista de problemas que acumula el gigante automovilístico germano, entre los que destacan el «diéselgate» o el «Porschegate» sobre exceso de gases y alto consumo de la marca premium, que ya le costó 80 millones de dólares en Estados Unidos.Desde el pasado martes, se llevaron a cabo diferentes registros en las sedes de la compañía, entre ellas en las oficinas de la sede principal en Wolfsburgo, al norte de Alemania. «El trasfondo son los pagos de salarios desorbitados a los miembros del comité de empresa, en violación de la prohibición de trato preferencial contenida en la Ley de constitución de empresas», explicó un portavoz de la Fiscalía.
Fuentes de la compañía confirmaron a LA RAZÓN que esta nueva operación de la Fiscalía está relacionada con la imputación de dos sindicalistas en 2019, que fueron acusados de recibir sobornos en forma de salarios desorbitados para apoyar las decisiones de la dirección, pero «que ya ni siquiera están en la compañía, ya que fueron despedidos en el momento en el se conoció el caso». Un portavoz de Volkswagen confirmó que «se está cooperando plenamente con las autoridades investigadoras». Debido al procedimiento en curso, la empresa no quiso hacer más comentarios. Durante los registros se incautaron documentos y datos, y se inspeccionaron cuatro viviendas privadas «que no tienen nada que ver con Volkswagen», apostillaron desde el fabricante.
Desde hace años se llevan a cabo procedimientos por sospechas de salarios excesivos del comité de esta empresa. A principios de este año, la Sala Penal del Tribunal Federal de Justicia anuló las absoluciones de cuatro ex jefes de personal de Volkswagen, a quienes la Fiscalía acusó de abuso de confianza y de aprobar salarios demasiado elevados para los comités de empresa, de los que se beneficiaron. Ahora se quiere reabrir el proceso ante el tribunal regional de Braunschweig, que inicialmente absolvió a los cuatro implicados. Pero ante la presencia de nuevas pruebas se ha abierto de nuevo la causa. Ante estas sospechas y como medida de precaución, el fabricante alemán de automóviles recortó en 2017 los salarios de más de una decena de miembros del comité que ocupaban cargos directivos.
El pasado mes de julio, un tribunal de primera instancia de Bruselas condenó a Volkswagen a indemnizar a todos aquellos compradores de coches que se vieron afectados por el escándalo del «dieselgate». Los consumidores engañados por la compañía alemana tendrán que recibir una indemnización equivalente al 5% de la compra del vehículo. En el caso de que se hayan desecho de él, les corresponderá recibir el 5% de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Sin embargo, los clientes europeos aún no han logrado recibir en su mayoría las indemnizaciones. En España, los automovilistas afectados llevan ocho años de espera. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de retrasar al menos otros cinco años una posible sentencia al estimar el recurso presentado por Volkswagen, ya que se tendrán que repetir diligencias en otro juzgado.
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