Más de 7 millones de venezolanos han emigrado de su país en los últimos años. Y la cifra, de acuerdo con expertos consultados por InSight Crime, continuará creciendo. Esta situación -sin duda- beneficia a las organizaciones criminales que se han lucrado con la diáspora. Por otra parte, el país se mantiene en una crisis humanitaria […]
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Más de 7 millones de venezolanos han emigrado de su país en los últimos años. Y la cifra, de acuerdo con expertos consultados por InSight Crime, continuará creciendo. Esta situación -sin duda- beneficia a las organizaciones criminales que se han lucrado con la diáspora.
Por otra parte, el país se mantiene en una crisis humanitaria y económica desde hace 10 años. Tal información se conoció tras la presentación de un informe independiente de reconocimiento que presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el lunes.
En el país se vive incluso bajo una cultura de miedo, desconfianza y autocensura. Sin embargo, como apunta Marta Valiñas (directora de la misión de reconocimiento) esas conductas son resultado de las violaciones de derechos humanos, así como de tácticas represivas del gobierno.
«Tanto la hiperinflación como los racionamientos de combustible, alimentos, agua y medicamentos han llevado a casi 8 millones de venezolanos a huir del país desde 2014, según R4V, plataforma de la ONU para el monitoreo de la crisis. Hace una semana, R4V divulgó sus cifras más recientes, que muestran además que existe un número consistentemente alto de venezolanos que siguen desplazándose hacia Estados Unidos», indica InSight Crime.
Después de la pandemia de covid-19 muchos países de Suramérica se vieron golpeados económicamente. Por ello miles de venezolanos cambiaron de rumbo y decidieron ir hacia Estados Unidos, a pesar de que los datos indican que la mayor parte de la diáspora habita el sur del continente.
El gobierno de Joe Biden anunció un paquete de políticas que amplían el TPS (estatus de protección temporal) para los venezolanos en Estados Unidos, medida que tomó debido a las condiciones de Venezuela.
De acuerdo con InSight Crime, el TPS protege a los migrantes de la deportación si llegan antes de una fecha determinada. Además, da acceso a permisos de trabajo y la oportunidad de que los hijos asistan al colegio (aunque ingresaran de manera ilegal).
La primera asignación del TPS tuvo lugar en 2021 y la redesignación fue anunciada el pasado 20 de septiembre. Esta última protege a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio. Sin embargo, no ampara a los venezolanos que se encuentran en la frontera con México o que van en camino.
En primer lugar, el medio se refiere a la crisis venezolana, a cómo los países vecinos son incapaces de hacer frente al aumento de migrantes. Además de la confusión que gira en torno a la política migratoria de Estados Unidos. Con esa fórmula, las organizaciones de crimen organizado prosperan en la ruta que separa Venezuela de Estados Unidos.
«Las políticas migratorias estadounidenses, que durante décadas hacían énfasis en la disuasión, han creado un lucrativo mercado negro para el tráfico de personas a lo largo de la ruta y especialmente para el ingreso a Estados Unidos. Estas políticas también han creado un cuello de botella en la frontera con México, donde los grupos criminales se benefician del secuestro, la extorsión y la trata de migrantes que esperan poder ingresar al país del norte, o bien que fueron devueltos», señala InSight Crime.
Actualmente -y tras un aumento del número de migrantes- los venezolanos conforman el segundo grupo más numeroso que busca llegar a Estados Unidos desde la frontera con México. De este último proviene el mayor número de personas que cruza hacia suelo estadounidense.
«En consecuencia, las operaciones de tráfico de personas, o coyotaje, así como la explotación de migrantes por parte de grupos criminales se han sofisticado y cobrado aún mayor poder, y la participación de funcionarios corruptos en estas actividades también se ha multiplicado», se lee en el artículo de InSight Crime.
Con respecto a la extensión del TPS -además de beneficiar- también fomenta que las redes de tráfico amplíen sus oportunidades para explotar migrantes. Cometido que logran al confundir a las personas con respecto a las políticas migratorias de Estados Unidos.
“Sabemos que los traficantes en ocasiones le dicen a la gente: ‘Si se apresura a llegar a Estados Unidos, puede beneficiarse de esta [política]’ u otras cosas que no son ciertas”, señaló Julia Gelatt, experta del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute), para InSight Crime.
El medio alertó acerca de las consecuencias de no seguir la información oficial. Además de quedar excluidos del TPS, podrían «verse afectados por las medidas disuasorias del paquete de políticas migratorias. Como separación acelerada de familias y deportaciones a México. A partir de ahí se enfrentan al dilema de contratar a coyotes que los vuelvan a ayudar a cruzar la frontera, quedando en riesgo de ser secuestrados o extorsionados, o emprender el arduo camino de regreso a casa», concluye InSight Crime.
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