La trama urbanística vinculada al 'cártel del fuego' ha desvelado una operativa de presuntas operaciones de blanqueo de capitales por parte de sus principales protagonistas: el exalcalde del PP de la localidad valenciana de Quartell entre 1987 y 2015 y exdiputado provincial Francisco Huguet; su número dos y edil en la misma localidad, Emilio Máñez, y el exasesor de la Generalitat Valenciana Jesús Garrido Martínez, vinculado históricamente al exconseller popular Rafael Blasco, condenado por corrupción.
La trama, por la que han sido procesados por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt, procedió a blanquear las presuntas comisiones ilícitas que obtuvo por mediar a favor de empresas vinculadas al 'cártel del fuego' en proyectos urbanísticos a través de una estructura de empresas familiares y cuentas bancarias. El exconseller del PP Serafín castellano figura como procesado en la causa principal del 'cártel del fuego' instruida en la Audiencia Nacional, por haber recibido 163.736 euros de las empresas encargadas de los medios aéreos para la extinción de incendios.
La instrucción del juzgado de Sagunt ha detectado que Jesús Garrido habría percibido del Grupo Avialsa, epicentro del 'cártel del fuego', un total de 400.000 euros mediante su empresa Consult&Develop Tamar SL, a pesar de que el asesor no había solicitado la compatibilidad.
El juez considera que existen indicios racionales de que los emolumentos estaban relacionados con la "mediación" del asesor para obtener la aprobación de la Comisión Territorial de Urbanismo para un proyecto urbanístico, que finalmente no fue aprobado. La cuenta en la que se ingresaron los fondos tenía una "mera finalidad de ocultación" y, además, no existe "trazabilidad alguna" del origen lícito de los fondos, según el auto del juez.
El procesado también adquirió una vivienda unifamiliar a la empresa Prodaemi, que optaba a hacerse con el proyecto urbanístico, por un valor inferior al de mercado. La adquisición del dúplex situado en Valencia, de 240 metros cuadrados y con dos plazas de garaje, "no tuvo más finalidad" que la de facilitar la aprobación del proyecto urbanístico para Prodaemi dada la condición de personal de confianza de la Generalitat Valenciana de Jesús Garrido, quien fue asesor de Rafael Blasco sucesivamente en las conselleries de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad e Inmigración y Ciudadanía.
Emilio Máñez, concejal de Quartell entre 2003 y 2011, habría obtenido 812.384 euros en comisiones. Su esposa, María Julve, y los dos hijos del matrimonio adquirieron a la mercantil Prodaemi cuatro plazas de garaje, además de trasteros, con dinero en metálico de origen desconocido. La hija de Máñez adquirió un ático por 97.150 euros mientras que su hermano se hizo con un dúplex por 120.518 euros. En relación a las entregas de dinero en metálico para esas operaciones, "no consta ninguna posición financiera que pueda constatar la licitud del dinero", señala el juez.
Sin embargo, en la contabilidad de Prodaemi "se efectuó un diseño" para "enmascarar" las ventas, dado que en las cuentas familiares no constan los reintegros de dinero en metálico que preveían las escrituras de compraventa. Así, el instructor vincula las operaciones a "dádivas" a favor de la familia. El exedil del PP también adquirió una finca en los terrenos donde la promotora pretendía desarrollar un proyecto urbanístico y "pese a ello no se abstuvo en la gran mayoría de los acuerdos de los plenos del ayuntamiento".
Por su parte, el exalcalde de Quartell, que habría recibido 287.694 euros en mordidas, adquirió junto con su esposa, María del Carmen Peiró, una vivienda con plaza de aparcamiento y trastero por 71.000 euros.
También adquirieron a Jedoman, una empresa vinculada a otro proyecto urbanístico, una vivienda unifamiliar en Sagunt, una operación en la que el instructor ve indicios de que no se llegaron a satisfacer todas las cantidades del precio de compraventa. Emilio Máñez y su mujer compraron a la misma firma y en la misma localidad una vivienda por un precio de 276.279 euros. El juez considera que existen indicios de que no se llegaron a pagar las cantidades que figuran en las escrituras. El instructor alude a los "innumerables bienes inmuebles" de Máñez y su mujer.
Ambos matrimonios crearon una comunidad de bienes (Gestión y Desarrollos CB) "de manera ficticia" y "con la sola finalidad" de percibir las presuntas mordidas para "posteriormente blanquear el dinero recibido" a cambio de que la empresa Prodaemi obtuviera resoluciones favorables en proyectos urbanísticos. El único proveedor de la comunidad de bienes era Prodaemi.
En la cuenta asociada a la comunidad de bienes, hubo salidas de dinero por un importe total de 291.356 euros. Cada matrimonio obtuvo 145.768 euros. Las pesquisas policiales detectaron en los apuntes contables que periódicamente se efectuaban abonos por medio de pagarés, para después hacer un reparto entre los titulares, cuyo emisor era precisamente Prodaemi por un valor de 421.108 euros.
Sin embargo, la instrucción sólo ha podido obtener los pagarés del 2006 ya que el Banco Santander no tenía los del año anterior alegando que sólo los debe conservar durante una década. El juez reprocha a la entidad bancaria que la Fiscalía Anticorrupción y el propio juzgado los solicitaron en 2015, pese a lo cual el banco hizo "caso omiso" a los requerimientos.
La comunidad de bienes, sin actividad alguna, ingresaba importantes sumas de dinero para "a la postre repartirse de manera ecuánime" los fondos entre ambos matrimonios o adquirir bienes inmobiliarios. El juez considera que se trataba de "introducir en el mercado económico financiero con apariencia de legalidad" el dinero de Prodaemi pese a no haber prestado servicio alguno.
El análisis de otras cuentas del exalcalde y su esposa desvela que suscribieron "de manera frenética" fondos de inversión, abonaron con una Visa Oro gastos personales y efectuaron reintegros “en su mayor parte en cajeros automáticos”. Huguet y su esposa también gastaron un total de 97.429 euros en compras en grandes almacenes, asociaciones y peñas lúdicas, energía eléctrica y planes de pensiones, entre otros conceptos.
Emilio Máñez también ingresó 180.000 euros en concepto de "Lotería Nacional" a pesar de no haber obtenido ningún premio. La cuenta no estaba vinculada “a ninguna actividad empresarial o laboral”, a pesar de que constan 62 movimientos de compensación de cheques a su favor desde 2005 por un total de 73.500 euros. También figuran 53 ingresos en efectivo por un valor de 51.683 euros. Las pesquisas policiales han detectado un “trasiego de fondos” entre el matrimonio y sus dos hijos vinculados a la misma cuenta: en total 41 movimientos por un importe de 52.945 euros.
Sólo en 2012, Máñez efectuó 28 ingresos en metálico por valor de 100.000 euros, “todos ellos redondos”, según el análisis de sus cuentas. La trama también abonó un vehículo Chrisler Wrangler cuyo usuario era Emilio Máñez, según datos de la Dirección General de Tráfico.
El auto concluye que no se tiene constancia del origen lícito del dinero que permitió adquirir tal parque inmobiliario. También sostiene que se usaron la cuentas bancarias "de manera reiterada" para ocultar el origen ilícito de dinero, "con un trasiego llamativo" de movimientos y operaciones contables. Así, existen indicios racionales de que los fondos provenían de "actos de corrupción".
