En la última década, el interés social por la pobreza de tiempo ha aumentado, pero sigue siendo un tema olvidado en el análisis y las políticas de salud pública. Aunque no existe un marco común para conceptualizar la pobreza de tiempo, en la población ocupada se puede entender como la falta de tiempo propio debido a la cantidad desproporcionada de tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado.
La pobreza de tiempo está estrechamente ligada a las desigualdades sociales en la salud. La utilización del tiempo implica decisiones basadas en restricciones económicas y normas sociales, preferencias personales y otros recursos disponibles como las relaciones sociales. Por ello, la pobreza del tiempo es menos frecuente entre las personas de los grupos sociales más favorecidos ya que disponen de más recursos para contratar servicios para realizar determinadas actividades.
Existen marcadas desigualdades de género en la pobreza de tiempo, con más mujeres que hombres considerados pobres en tiempo. Aunque hay menos estudios que se han dedicado a investigar el papel del tiempo de trabajo no remunerado en la configuración de las desigualdades de género en la salud, la gran cantidad de tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado, así como la sobrecarga de trabajo resultante de la combinación de trabajo remunerado y doméstico y de cuidado, pueden generar desigualdades de género en la salud y limitaciones para la capacidad de las mujeres para participar en otras esferas.
La falta de tiempo es uno de los motivos más comunes para no hacer actividad física en el tiempo libre o llevar una dieta saludable, esenciales para prevenir muchos trastornos crónicos. También se asocia con un número insuficiente de horas de sueño, un grave problema de salud pública que no ha recibido suficiente atención en nuestro entorno, aunque España es uno de los países con menos y peor calidad del sueño. La pobreza de tiempo se ha relacionado en mujeres con mala calidad del sueño ya que el sueño de las mujeres suele ser perturbado con mayor frecuencia por las parejas o hijos que el de los hombres. Hay evidencia sólida de que la mala calidad del sueño o dormir menos de siete horas se asocia con un mayor riesgo de accidentes, reducción del rendimiento, sobrepeso y diabetes tipo 2, entre otros problemas de salud. Construir relaciones fuertes y de apoyo, que son determinantes de la salud, también requiere tiempo, así como obtener ingresos o visitar un centro sanitario.
En lo que respeta al trabajo remunerado, preocupa especialmente el aumento del trabajo precario, que puede implicar empleo a tiempo parcial involuntario, salarios bajos, contratos de cero horas, a demanda o temporales para cubrir necesidades estructurales, incertidumbre respecto a la duración del empleo, el horario, el salario, las tareas, etc., todos ellos aspectos que contribuyen a empeorar la pobreza de tiempo de los colectivos más vulnerables.
Justamente, el cómo afecta el trabajo precario a la salud mental es un tema que se tratará durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Por este motivo el Gobierno pidió al Comité Económico y Social Europeo el dictamen exploratorio SOC/745 donde se refleja la opinión y sugerencias de la sociedad civil organizada. El debate y la aprobación del dictamen tuvieron lugar el 27 de abril en Bruselas con la presencia del Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social.
Entre las conclusiones que presentó el ponente José Antonio Moreno, miembro del CESE en representación de Comisiones Obreras, se destaca que hay bastantes estudios que demuestran que la precariedad laboral puede aumentar la posibilidad del deterioro de la salud mental de la personas, en especial a la gente en trabajos de ejecución, las mujeres, los jóvenes y las personas inmigrantes.
Las principales propuestas preventivas pasan por reducir los trabajos precarios mediante la plena aplicación y ejecución de la legislación europea y nacional que establece unas condiciones laborales saludables y de calidad. Esta propuesta debe ser acompañada de los recursos necesarios para que se pueda garantizar su aplicación, así como medidas sancionadoras ya contempladas en la actual Directiva, como por ejemplo que las empresas que no garantizan el cumplimiento de la normativa no tengan acceso a ayudas públicas ni a participar en licitaciones.
Esperemos que la aplicación efectiva de estas propuestas, junto con la implementación de políticas del tiempo más amplias, como la anunciada Ley de Usos del Tiempo por parte del Ministerio de Trabajo del Gobierno español, pueda contribuir a reducir la pobreza de tiempo en nuestra sociedad y avanzar hacia el derecho al tiempo para todas y todos.
