La semana anterior, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, había anunciado que desde el martes 25 de abril se aplicarían multas a la empresa H Solís, debido a los atrasos en la ejecución del proyecto de Circunvalación norte. Sin embargo, la fecha llegó y no hubo sanciones.
Mauricio Batalla, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), alegó que las sanciones dependen ahora de la valoración de los abogados, pues la constructora presentó un recurso de revocatoria, luego de que la unidad ejecutora rechazara la aprobación de días compensables, con los que se ampliaba el plazo en el cronograma de la obra, específicamente en la unidad funcional I.
En conferencia de prensa, Batalla sostuvo que el pasado 20 de abril se le comunicó a H Solís que no se aceptaron los eventos compensables que había solicitado y que le quedaban dos días para reiniciar los trabajos en esa sección.
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“El día de ayer (miércoles) se le terminaba el plazo para reiniciar la obra, si no reiniciaba la obra. Iniciaba, según lo determina el contrato, el cobro de las multas.
“El contratista puso un recurso de revocatoria sobre esto y serán los abogados los que determinen cuánto es la multa -a nuestro criterio la multa va- y a partir de qué momento se tiene que empezar a cobrar”, indicó el director ejecutivo ante consultas de La Nación.
La semana pasada, Amador había asegurado que se sancionaría a la empresa debido a demoras y que se les exigiría corregir “a la velocidad del rayo” todos los defectos señalados, aunque no precisó las razones o los rubros del contrato que permitirían aplicar dichas multas.
No obstante, el director de esa empresa, Roberto Acosta, manifestó a este diario que los atrasos que ha enfrentado el proyecto no son los imputables al contratista por lo que, según aseveró, contractualmente no procedían las multas mencionadas por el ministro.
Actualmente, el proyecto de Circunvalación norte tiene pendiente la finalización de los trabajos en la parte inferior de una intersección de tres niveles en la Uruca, para completar las cuatro unidades funcionales que fueron encargadas en el contrato original y que conectan la Uruca con la ruta 32.
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Adicionalmente, la empresa trabaja en una quinta sección que une la ruta 32 (donde se construyó otro intercambio de tres niveles), con el cruce de Calle Blancos, cerca de la rotonda del Bicentenario en Guadalupe.
Dicha etapa fue contratada mediante una adenda, por lo que su ejecución inició a mediados del 2021 y debería ser finalizada al terminar este año.
A criterio de la empresa, dicha adenda extiende todo el plazo contractual del proyecto, por lo que insiste en que no se encuentra fuera de cronograma en ninguna de las secciones.
En el último año, la apertura de las primeras cuatro secciones ha sido pospuesta en varias ocasiones en las que el Gobierno ha alegado problemas que van desde la falta de iluminación, hasta vandalismo, atrasos y defectos en materiales e inquietudes en torno a la devolución de la garantía de cumplimiento.
En total, el proyecto arrastra más de 1.500 días de atraso, desde que recibió la orden de inicio, en setiembre del 2017. Las demoras fueron inicialmente justificadas por errores en diseños, expropiaciones y traslados de servicios públicos.
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De toda la obra, solo están habilitados 1,4 km de calles marginales que pasan debajo del viaducto. Las cinco etapas de esta carretera tienen un costo de $223 millones, que son financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
