El Consejo de Transporte Público (CTP) ordenó sacar de circulación 182 autobuses del servicio de pasajeros porque su vida útil para operar rebasó el límite de 15 años permitido por la legislación, confirmó la entidad este jueves.
Se trata de vehículos modelo 2007 que este mes permanecían inscritos ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero que ya no deben circular.
El Consejo había otorgado a las empresas autobuseras un plazo de tres meses improrrogable para que renovaran las unidades sin antigüedad autorizada, en atención al artículo 46 bis de la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad) que impide la circulación de buses con más de 15 años.
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La entidad publicó el 18 de enero en el diario oficial La Gaceta una prevención para que los concesionarios y permisionarios renovaran su flotilla en ese plazo. Ese periodo venció el pasado 19 de abril.
Estas unidades están entre las 350 que debían salir de las calles desde enero, por razón de sus años de uso, pero, según el CTP confirmó, para ese mes 200 seguían en servicio.
La decisión de retiro adoptada este mes afecta a 67 autobuseras que, en conjunto, aún dispondrán de 918 vehículos para atender sus rutas asignadas.
Por ejemplo, una compañía con 28 unidades autorizadas quedó con 24 para operar en su ruta de zona urbana, la cual es utilizada por 255.000 pasajeros al mes. Otra que tenía 39 bajó a 35 para otro trayecto cuya demanda mensual ronda los 422.000 personas, de acuerdo con datos del Consejo.
En 31 empresas con menos de 10 buses, se ordenó la salida de entre uno y 3 unidades.
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 9078 (ley de tránsito), si se verifica el incumplimiento de esta disposición luego del plazo de tres meses de gracia, será causal para quitarle la concesión u otro modelo de explotación de la ruta al infractor.
A partir de ahora, indicó el área de prensa del CTP, le corresponde el control en carretera a la Policía de Tránsito.
Diputados cocinan nueva propuesta para ampliar antigüedad de buses
El mes pasado, diputados de la Comisión de Asuntos Económicos idearon una nueva propuesta de ley para mantener a flote la idea de aumentar la antigüedad a los buses cuyo plazo de operación venció en diciembre del 2020.
El planteamiento consiste en que sigan en operación hasta diciembre del 2024, con lo cual se permitiría el uso de vehículos con 19 años en uso.
La moción la propuso la diputada del Partido Nueva República Olga Morera, respaldada por legisladores de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y el gobernante Progreso Social Democrático (PPSD). Solo el Frente Amplio no le ha dado el visto bueno.
De hecho, la iniciativa está entrabada en la Comisión por mociones de la diputada frenteamplista Sofía Guillén y sus compañeros de fracción.
El texto plantea que la ampliación beneficiaría a micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas. Quedarían por fuera las autobuseras grandes, las cuales sí estaban consideradas en la propuesta original que, en diciembre, el presidente Rodrigo Chaves, incluyó en la agenda legislativa.
Esa propuesta, ahora modificada, la redactaron empresarios del sector y había sido presentada en el 2021 por el entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Erwen Masís.
