El Gobierno está decidido a reducir el desequilibrio de las cuentas públicas por debajo del tope máximo del 3% del PIB que permite Bruselas antes de que entre en vigor el nuevo marco de control fiscal europeo , cuyas líneas maestras fueron adelantadas este pasado miércoles por el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. Y está decidido también a que los recortes presupuestarios extra que haya que asumir para alcanzar ese objetivo no se hagan en este año electoral sino que queden ya para el nuevo gobierno que salga de las urnas en diciembre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este jueves en los pasillos del Congreso que la actualización de la senda de ajuste fiscal para el periodo 2023-2026, que el Gobierno acaba de remitir a la Comisión Europea, incluye el compromiso de adelantar un año, a 2024, el objetivo de rebajar el desequilibrio de las cuentas públicas del Reino de España hasta el 3%, lo que en el escenario original no se alcanzaba hasta 2025 . En ese escenario, el déficit del 4,8% con que se cerró 2022, se reducía este año hasta el 3,9% y en 2024 al 3,3%, cayendo ya en 2025 por debajo del 3% del PIB. Noticia Relacionada estandar Si Las previsiones de Airef y analistas advierten de que España necesitará ajustes extra para poder llevar el déficit por debajo del 3% Bruno Pérez La Autoridad Fiscal ha señalado que el país necesitará una década de recortes presupuestario para poner su deuda pública bajo control Montero incidió en que con este paso el Gobierno «demuestra que la sostenibilidad de las cuentas públicas es compatible con desplegar un escudo social de 35.000 millones (una cuenta que agrega el coste de estas medidas desde que empezaron a implantarse a mediados de 2021) para mitigar el impacto del alza de los precios». Sin embargo nada nuevo se hará este año para garantizar esa sostenibilidad. Según la información avanzada ayer por la ministra de Hacienda, la nueva senda de ajuste fiscal enviada a Bruselas no altera el objetivo de déficit del 3,9% del PIB previsto para este año y endosa todo el ajuste extra necesario para llegar al 3% al año 2024 , es decir, al primer ejercicio presupuestario del futuro gobierno. Ese ejercicio se deberá afrontar un recorte fiscal de 12.500 millones de euros, 4.000 millones más de lo que se preveía inicialmente con el objetivo del déficit del 3,3%, y sin el margen de maniobra presupuestario que este año proporcionará la retirada de los gastos extraordinarios y las rebajas fiscales aprobadas para amortiguar el impacto de la inflación. Dudas entre los expertos A la espera de conocer el detalle de la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España, en la que el Gobierno deberá dar alguna pista de cómo pretende abordar ese ajuste extra, la ministra Montero deslizó que esa reducción del déficit se hará «sin aplicar recortes». «La reducción del déficit se produce por el sólido crecimiento económico de España, superior a la media de los países de la UE, y por el dinamismo de la creación de empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social», razonó. El argumentario gubernamental, ya conocido, no convence a los analistas. Bajo esa premisa de la ministra de Hacienda de no abordar ninguna medida de ajuste presupuestario, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que tiene encomendada la misión de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, estimó hace unas semanas que el déficit cerraría el año 2023 en el 4,2% y tocaría suelo en el 3,2%, pero ya en 2025 y para volver a subir después además. El Banco de España avanzó en su última actualización de previsiones -en la que mejoró su expectativa de crecimiento para este año- que el déficit cerraría en el 4,1% este año y en el 3,7% en 2024, lejos de ese 3% que el Gobierno entiende que se puede alcanzar de forma inercial por el empuja de los ingresos por impuestos que proporcionará el crecimiento y la creación de empleo. Y no son opiniones aisladas. El consenso de los analistas del panel de Funcas, que aglutina las opiniones de una veintena de institutos de análisis económico, apunta a un 4,2% este año y un 3,7% en 2024. El asunto, en cualquier caso, no es menor. De la magnitud del ajuste fiscal que las administraciones públicas emprendan en los próximos dos años dependerá que España entre o no en el nuevo marco de control fiscal europeo como un país cumplidor o como un país incumplidor. Llegar con un desequilibrio fiscal superior al 3% a 2025 obligaría a España a presentar a sus socios de la Unión Europea un plan de ajuste, exponerse a los comentarios de la Comisión al mismo y someterse a una regla de control del gasto que le impediría un gasto neto superior al PIB nominal.
