El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprovecha su sexto mandato para promover un aluvión de reformas constitucionales que consoliden su dominio y despojen al poder judicial de su capacidad para controlar al ejecutivo
Después de cinco elecciones consecutivas en tres años —de las cuales cuatro terminaron en un punto muerto político—, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se las ingenió para formar una coalición de partidos de derecha y ultraortodoxos a finales del año pasado. Pero en vez de devolver la estabilidad al sistema político israelí, cada vez más disfuncional, está usando su sexto mandato para bombardearlo con reformas constitucionales que, de ser aprobadas, convertirían al país en una autocracia.
Unos pocos ciclos electorales atrás, en el 2020, la Corte Suprema israelí dictaminó por unanimidad que a Netanyahu no le está prohibido desempeñarse como primer ministro siempre que no use el puesto para influir en el resultado del juicio en curso en su contra por aparente corrupción. Pero Netanyahu, quien siguió atacando a los fiscales del juicio por, supuestamente, conspirar para alejarlo del cargo, no dejó que esa restricción le impidiera proponer un golpe judicial.
Días después de formar su nuevo gobierno, el ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció un plan integral para reformar el sistema legal israelí. Levin sostuvo que la reforma propuesta fortalecerá la democracia israelí y restaurará el equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. De hecho, la propuesta está diseñada para quitar al poder judicial la capacidad de controlar al ejecutivo.
El plan del gobierno incluye varias disposiciones clave, entre ellas, una que le permitiría nombrar jueces —incluso de la Corte Suprema— unilateralmente. Otra disposición permitiría a la Knéset (parlamento de 120 escaños) anular las decisiones de la Corte Suprema por mayoría simple.
Para definir y proteger los derechos civiles, Israel se basa casi completamente en un conjunto de leyes básicas en vez de en una constitución formal. Aunque la Corte Suprema tiene poder para revisar y derogar la legislación que contradiga las leyes básicas, solo lo ha hecho 22 veces en las últimas tres décadas.
Como referencia, la Corte Suprema estadounidense derogó más de 100 leyes en el mismo período. De acuerdo con el plan propuesto por Levin, la Corte solo podría tomar una decisión de ese tipo si, como mínimo, 12 de sus 15 jueces están de acuerdo. La reforma prohibiría además a la Corte que revise las enmiendas a las leyes básicas, lo que permitiría a la Knéset aislar la legislación del escrutinio judicial.
Al quitar a los tribunales la autoridad para cancelar las decisiones del ejecutivo, la reforma socava la división de poderes. Además, debilita aún más la independencia del poder judicial debido a que permite a los ministros del gabinete nombrar y despedir a los asesores legales del gobierno. Actualmente, los asesores legales del gobierno son funcionarios nombrados mediante un proceso competitivo y apolítico. Sus consejos son vinculantes, lo que los convierte en guardianes eficaces —o no— contra la corrupción y los caprichos del ejecutivo.
La Knéset, donde la coalición de Netanyahu ocupa 64 escaños, no limita al gobierno, sino que simplemente autoriza su decisiones. Como la legislatura israelí no está dividida en dos cámaras, como el Congreso estadounidense o el Bundestag, falta otro mecanismo crucial para el equilibrio. Además, debido a que Israel es un país pequeño con una población de aproximadamente diez millones de personas, no cuenta con una estructura federal como las de Estados Unidos, Alemania o Canadá, donde las autoridades subnacionales equilibran el poder del gobierno central. Otra restricción ausente en Israel es el veto presidencial a la legislación.
Muchas de las propuestas incluidas en el plan de reforma judicial de Netanyahu fueron desarrolladas por quienes eran sus colegas en el foro de política Kohelet, un grupo de expertos ultraneoliberales financiado principalmente por milmillonarios judíos estadounidenses de derecha. Su influencia es tan profunda que algunos rivales políticos comienzan a llamar a la coalición de Netanyahu “el gobierno del Kohelet”.
Pero el verdadero modelo de la revolución judicial de Netanyahu es la Hungría de Viktor Orbán. Durante la última década, el primer ministro húngaro supervisó una serie de reformas constitucionales que consolidaron el control de su partido, el Fidesz, sobre los medios de difusión, el sistema electoral y los tribunales.
En términos generales, sin embargo, las perspectivas para Israel son mucho más deprimentes que para Hungría, ya que las autoridades húngaras están sujetas a restricciones externas: la Unión Europea puede sancionar a Hungría y la libertad de tránsito para la gente y las empresas dentro del bloque implica que Orbán debe gobernar en forma tal que los inversionistas y trabajadores no huyan. Esos límites no existen para Netanyahu.
Enfrenta, de todas formas, una resistencia significativa de otro origen: el pueblo israelí. Durante las últimas semanas, decenas de miles de israelíes protestaron en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades. Esas demostraciones semanales estuvieron acompañadas de protestas más pequeñas de abogados, académicos, profesionales de la salud, empresarios y artistas.
El 13 de febrero, día en que la Knéset comenzó formalmente a considerar la legislación, los manifestantes anunciaron una huelga general y 100.000 personas se congregaron en Jerusalén.
Pero las protestas influyeron poco sobre Netanyahu, quien mantiene un fuerte dominio sobre los medios de difusión israelíes, a los que amenaza continuamente con reestructurar el sector. Su ministro de comunicaciones anunció hace poco un plan para cerrar Kan, radiodifusora pública, cuyas noticias críticas enojaron a Netanyahu y sus partidarios (de momento, el plan quedó temporalmente en pausa para permitir que el gobierno se centre en lograr que la Knéset apruebe la reforma judicial).
Solo hay un área a la que Netanyahu no parece controlar completamente: la economía. En enero, 300 destacados economistas israelíes —entre ellos, algunos exasesores de Netanyahu— firmaron una carta abierta en la que advierten que las reformas afectarían gravemente las perspectivas económicas israelíes de largo plazo. Luego se les sumaron 56 economistas internacionales reconocidos, entre ellos, 11 premios nobel.
Pero aparentemente fue la posibilidad de que los fondos de capital de riesgo y las empresas emergentes retiren sus cuentas bancarias de Israel lo que parece haber captado la atención de Netanyahu y sus seguidores. Las principales fuentes de crecimiento de Israel, la industria de alta tecnología y el sector financiero, son extremadamente sensibles al caprichoso capital extranjero.
Parece que Netanyahu no tuvo en cuenta las repercusiones económicas de su bombardeo constitucional. La opción es sencilla: los intereses personales de Netanyahu, que incluyen desbaratar el juicio por corrupción en su contra, o los del público. De momento, parece que van ganando los de Netanyahu.
Ido Baum, profesor adjunto de Derecho en la Facultad de Derecho Haim Striks del College of Management de Israel, es director del Instituto Louis Brandeis para la Sociedad, la Economía y la Democracia, y comentarista legal del diario “TheMarker”.
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