Por primera vez después de 13 años, Costa Rica recaudó más de lo que gastó, sin incluir intereses.
Un Estado social de derecho sin finanzas públicas sólidas es un Estado que, por endeudado o quebrado, finalmente dejará a su ciudadanía sin derechos, en perjuicio de todos, pero especialmente de las personas más vulnerables.
Es muy positivo y oportuno que el Ministerio de Hacienda celebre los resultados del 2022 de las finanzas públicas, recientemente publicados.
Estos logros deben destacarse porque demuestran el esfuerzo del país en un campo de la vida pública que afecta a todos los demás. Evidencia que sí es posible, en democracia y con respeto a la institucionalidad, superar serios obstáculos a nuestro desarrollo.
Por primera vez después de 13 años, Costa Rica recaudó más de lo que gastó, sin incluir intereses, y logró un superávit primario de ¢927.000 millones, equivalente al 2,1 % del producto interno bruto (PIB). Además, el tamaño del endeudamiento en relación con la producción nacional (deuda/PIB) disminuyó en 4,2 puntos porcentuales, para situarse en un 63,8 %.
Debe celebrarse que se le abrió espacio y posibilidad al futuro. También, que se contuvo el déficit fiscal, lo cual permite al país vislumbrar la oportunidad de ampliar en el futuro y sanamente la inversión social y en infraestructura.
La robustez de las finanzas públicas de un país y su manejo a lo largo del tiempo constituye uno de los aspectos más complejos en el ejercicio responsable de la política en democracia, la administración pública y la búsqueda de bienestar y desarrollo con justicia entre generaciones.
Quien ejerce la función pública en Costa Rica, como en todo país en desarrollo, rápidamente se percata de que las necesidades y demandas de acción para el presente son mucho mayores que los recursos —humanos y económicos— disponibles para atenderlas.
Así como tantas jefas de hogar lo hacen, los esfuerzos de los gobiernos para hacer más eficientes los escasos recursos, para rendir al máximo lo disponible, para ampliar más el bienestar y para no desperdiciar, deben convertirse en un acto de responsabilidad política y de amor con el presente y el futuro.
Pero la política democrática y de ciclos de cuatro años suele conllevar incentivos perversos que compiten frente a esa necesidad de responsabilidad.
En América Latina, y Costa Rica no es la excepción, el incentivo de la política democrática con frecuencia es el de complacer a los grupos más organizados y ruidosos a corto plazo, lo que lleva a gastar lo más posible, no cobrar lo justo de impuestos, no cuidar la eficiencia de los resultados, ni medir los costos. A evadir los costos políticos repartiendo culpas y no asumiendo responsabilidades. Esto, con harta frecuencia, genera bolsones de ganadores privilegiados e injusticia social.
Esta noción pone como prioridad la conservación del poder político, y no en resolver los problemas medulares del país. Hacer más austero y eficiente al Estado —y esto no tiene que ver con su tamaño, sino con sus resultados— es un discurso que gusta, pero que a la larga tiene más enemigos reales que amigos sinceros.
Como advirtió Maquiavelo, “no hay nada más difícil de emprender, más penoso de conducir o más incierto en su éxito que introducir un nuevo orden de cosas, porque el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que han prosperado en la vieja situación y solo como tibios defensores a los que pueden beneficiarse de la nueva” (capítulo VI de El príncipe).
Concretar la factura electrónica y el registro de acciones, o limitar las convenciones colectivas abusivas durante la primera administración de Acción Ciudadana generó adversarios.
¿Y qué decir de la reforma fiscal del 2018 durante mi administración? El estudio de ese año del Instituto de Investigaciones Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica determinó que la reforma fiscal, en su conjunto, era una propuesta progresiva y, por tanto, más justa. Por ejemplo, ampliar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los servicios tuvo la feroz resistencia de sectores con muchos ingresos que estaban acostumbrados a no pagar. A pesar de ello, es más fácil repetir la muletilla propagandísticamente eficaz, pero sin sustento, de que la reforma no fue progresiva.
Algo similar se puede decir de la necesaria reforma del empleo público para eliminar desigualdades salariales y promover la eficiencia en el sector público, la cual tuvo —y tiene aún— encarnizados enemigos y, por tanto, costos políticos.
Sin la reforma fiscal del 2018 y la del empleo público, entre otros esfuerzos, no tendríamos estos logros que se hicieron públicos, y que son cada vez más evidentes. Prevaleció la responsabilidad de muchos actores políticos que no quisieron ver a Costa Rica enfrentar una crisis agudísima, y que además apostaron por el Estado social de derecho.
Lo anterior se consiguió a través de la negociación y la construcción de acuerdos en un escenario de pluralismo extremo, máxime cuando el pueblo decidió darnos durante mi administración solo 10 votos de 57 en el Congreso, la misma situación que afronta el gobierno actual.
Llegar a este punto positivo de las finanzas públicas le costó al país sudor y lágrimas, pero, muy dichosamente, sangre no. Significa que nos alejamos de la crisis, que somos más resilientes en un entorno incierto y, a la vez, que podemos prever un futuro con mayor y mejor inversión pública y social.
Las instituciones del Estado social de derecho siguen ahí, de pie. Sin privatizaciones ni despidos. Imperfectas, pero con la gran oportunidad de profundizar su eficiencia, de luchar por reducir la desigualdad y de servir a las personas que son su razón de ser.
No debemos olvidar de dónde venimos. Lo peor que nos puede pasar, cuando comencemos a recuperar el margen de inversión pública y social, es que lo desperdiciemos con un criterio politiquero, sin eficiencia, sin solidaridad y sin pensar en el futuro.
La ciudadanía debe estar atenta a que no seamos presa de los incentivos perversos de la política, cuando esta es usada solamente para preservar el poder, y no para hacer transformaciones positivas para el país. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, cuidémoslo.
El autor es expresidente de la República.
